Piden que se indemnice con dos millones a una mujer que sufrió graves quemaduras en un 'escape room' de Granada
La Fiscalía asegura que la rociaron con un líquido que llevaba gasolina y que sufrió graves heridas que obligaron su ingreso en la UCI de un hospital
El local, sostiene la acusación pública, no tenía «ningún tipo de autorización municipal ni licencia» y no informó a los jugadores de los riesgos que corrían
Investigados los responsables del 'escape room' de Granada donde se quemó una mujer
La Fiscalía ha solicitado una pena de dos años de prisión para los tres acusados en un suceso ocurrido en una 'escape room' de Cájar, un municipio de algo más de 5.000 habitantes y a 28 kilómetros de Granada. Allí, una mujer de 42 años sufrió quemaduras muy graves tras ser rociada con un líquido que llevaba gasolina y tuvo que ser ingresada en la UCI de un hospital de la capital.
Según ha trascendido este martes 29 de noviembre, se les acusa de un delito de lesiones por imprudencia grave y también solicita que indemnicen conjunta y solidariamente a la víctima en casi dos millones de euros por las lesiones y los daños sufridos, que le han dejado secuelas físicas y psicológicas.
Los hechos se remontan al 27 de junio de 2022, cuando la víctima se desplazó a esta vivienda de Cájar, llamada 'Villa Amparo', para participar en una escape room «hardcore» junto a otras personas. Se les advirtió de que debían llevar ropa vieja, porque se podían manchar, y una vez allí les explicaron someramente las reglas del juego. «No se les dijo nada sobre posibles riesgos», se indica en el escrito de acusación.
Los había. El juego empezó en la cocina, donde encerraron a los seis participantes hasta que descifraron los enigmas. Pasaron entonces a un cuarto de baño de donde también, tras resolver las pistas, salieron. La tercera estancia fue una habitación con una mesa de póker, un armario y un piano.
Zona de peligro
Allí aparecieron dos actores -dos de los tres investigados ahora- y se llevaron a uno de los participantes tras ponerle unos grilletes en la espalda. Le ordenaron que se metiera en una especie de ataúd y cerraron la caja con candado. Esa misma persona cogió a la víctima y le ordenó que se subiera una silla, donde fue atada de manos y le colocaron una soga al cuello. Ella se liberó pero se quedó en la misma postura para que los actores no lo notaran.
Seguidamente, uno de ellos presuntamente le echó un líquido de un bidón y aunque ella avisó más de una vez que «olía muchísimo a gasolina», nadie hizo nada. Uno de los investigados encendió un mechero y aunque la víctima sopló hasta en dos ocasiones para apagar la llama, a la tercera no lo logró «y prendió».
El ahora investigado se fue y ella «quedó a su suerte ardiendo, por lo que lo único que se le ocurrió fue quitarse la camiseta», mientras que su amigo desde el ataúd le gritaba: «Rueda, rueda». Ella no podía hacer nada porque no veía con el humo. Así hasta que llegó uno de los acusados, le roció con un extintor, la sacó para afuera y le echaron agua. Entonces llegaron sus amigos, varios de ellos rociados con el mismo líquido con gasolina en otra habitación. No les llegaron a prender fuego, pero esa era la idea, según la Fiscalía.
El fiscal del caso asegura que los investigados no se cercioraron de la composición de la mezcla de agua con gasolina y en que el tercer acusado, que es gerente y propietario de la vivienda, permitió la actividad «pese a ser consciente de la ausencia de medidas de seguridad y sin haber formado a los trabajadores en este ámbito».
Sin licencia
De hecho, todo se desarrolló «sin ningún tipo de autorización municipal ni de licencia», según se expone en el escrito de acusación, que adelanta el diario Ideal, y donde se alude también a la «carencia de indicaciones, de luces de salida de emergencia», a puertas y ventanas cerradas «sin apertura manual o automática» y a la presencia de extintores «para incendios eléctricos, no para combustibles».
La acusación particular que ejerce la víctima ha pedido tres años de prisión y fija la indemnización en 1,9 millones de euros, de los que se deben descontar 300.000 euros ya abonados por la aseguradora, una suma a la que se ha adherido el fiscal en su escrito.
El Juzgado de Instrucción número 5 de Granada ha acordado la apertura de juicio oral contra los tres acusados en un auto en el que se acuerda que sea un juzgado de lo Penal de Granada el que se encargue del caso. La escape room no tiene actividad desde que se produjo este suceso.
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