Caso Juana Rivas: casi una década en los juzgados de Granada... y en los de Italia

Aunque en realidad son más, si se tiene en cuenta que fue en 2009 cuando el marido de Juana Rivas, el italiano Francesco Arcuri, fue condenado a tres meses por un delito de lesiones contra ella. Fue una circunstancia que les separó, pero sólo temporalmente. Por algún motivo decidieron volver en 2013 pero los problemas no terminaron. En 2016, ella volvió a denunciarle por supuestos malos tratos.

La acción propiamente dicha comienza el 18 de mayo de 2016, cuando Juana abandona la ciudad italiana de Carloforte con sus dos hijos, de doce y cinco años, y se va con ellos a Granada «para protegerlos» de su padre. Éste no tarda en denunciarla por sustracción de menores.

En diciembre de ese mismo año, un juzgado de Granada ordena a Juana Rivas que entregue los hijos a su marido, algo que en abril de 2017 es ratificado por la Audiencia Provincial. Pero ella no acata las decisiones judiciales y en julio huye con sus hijos. Está un mes en paradero desconocido, un periodo en el que recibe bastantes muestras de apoyo popular. Es cuando surge la campaña 'Juana está en mi casa', que se difunde por las redes sociales. En agosto, no obstante, la granadina cede y los menores vuelven con Arcuri a Italia.

Pintan bastos para ella, no sólo porque se queda temporalmente sin los niños sino porque, el 18 de julio de 2018, un juzgado de lo Penal de Granada la condena a cinco años de prisión por dos delitos de sustracción de menores, una sentencia que ratifica la Audiencia Provincial el 7 de marzo de 2019. Ese mismo año, un juez de Cagliari (Italia) le concede al padre la custodia de los dos niños, sentencia que está recurrida.

En aplicación de una de las numerosas variantes de la llamada Ley de Murphy, si las cosas pueden ir mal, irán a peor. En junio de 2021, después de que el Tribunal Supremo así lo decidiera, Juana Rivas entró en prisión para cumplir por ese delito de sustracción de los niños. No permanece dentro mucho tiempo porque, el 16 de noviembre, el Consejo de Ministros le concede un indulto parcial.

En diciembre de 2021, la justicia italiana le permite que los hijos vayan a España a pasar con ella parte de las Navidades. Pero entonces surge la figura del juez Manuel Piñar, desde entonces archienemigo de Rivas, que desde el Juzgado de lo Penal número 1 de Granada se opone a esa decisión y decreta que no se debe suspender la pena de prisión de la mujer porque supone «un peligro para sus dos hijos».

Tanto la perjudicada por esa medida como la Fiscalía se oponen, recurren y finalmente se salen con la suya. Juana Rivas pasa algunos días de las Navidades con los niños en su casa de Granada, de la que no puede salir porque está controlada con un brazalete telemático.

El 23 de marzo de 2022, la Audiencia Provincial de Granada suspende la pena de prisión de Juana Rivas, revocando así la decisión de Piñar. Ambos se querellarán mutuamente con posterioridad, ella por prevaricación y él por denuncia falsa. Entre diciembre de 2023 y enero de 2024, esos casos quedaron archivados.

El 25 de abril de 2024, la Corte de Casación de Cagliari ordena que el juicio por la custodia de los hijos de Rivas y Arcuri debe repetirse porque entiende que no se han respetado derechos fundamentales como el interés superior de los niños. Eso de que uno se quedara con el padre y el otro con la madre no es lo correcto, sentencia el tribunal italiano.

En diciembre de 2024, nuevo capítulo. La defensa de la granadina asegura que la justicia italiana ha procesado a Francesco Arcuri por malos tratos hacia los dos hijos que tienen en común, extremo que él niega. Según los abogados de Rivas, la Fiscalía «ha concluido las investigaciones y ha presentado formalmente escrito de procesamiento contra Francesco Arcuri». Entiende el órgano judicial que éstos han sido objeto de violencia física, insultos, vejaciones y amenazas.

El escrito de la Fiscalía italiana describe con crudeza la situación por la que presuntamente atraviesan Gabriel y Daniel. Asegura que su padre les daba «golpes en la cabeza, bofetadas y golpes en distintas partes del cuerpo». También les «estrangulaba el cuello con las manos», les decía que no valían nada y les llamaba «hijos de puta, gilipollas, capullos y otros calificativos similares».

Las Navidades no han supuesto un periodo de calma. Gabriel tiene 18 años y ya vive legalmente con su madre. Ambos interpusieron el 23 de junio una nueva denuncia contra Arcuri por la presunta comisión de dos delitos de coacción a testigo y uno de amenazas, supuestasmente ocurridos en Italia unos días atrás. Ante ello, solicitaron una orden de protección para Rivas y sus hijos, así como la suspensión de guarda y custodia exclusiva del hijo menor en favor de la madre.

Daniel, el hijo pequeño, fue autorizado por la Corte de Apelación italiana a pasar las fiestas con su madre en España, pero dio una fecha de regreso a Italia: el 8 de enero. En vísperas de ese día, a las once de la noche, y tras una jornada en la que el abogado de Rivas, Francisco Aránguez, tocó varias puertas judiciales, el Juzgado de Instrucción número 4 de la capital, tras entrevistarse con el chico, consideró «serio y convincente» y dictó una medida cautelar que retrasa su retorno. Daniel sigue en Granada y ayer, 11 de enero, cumplió once años.

Estas medidas cautelares han tenido repercusión. El Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Granada fue instado a tomar el testigo por el de Instrucción número 4, que no entró en el fondo del asunto, los presuntos malos tratos. La titular del juzgado que lleva casos de violencia machista, a su vez, le devuelve el caso por entender que no se puede inhibir. Pero por un lado no observa la violencia vicaria (de padre a hijo) y por otro, no modifica las medidas cautelares.

Enrique Zambrano, abogado de Arcuri en España, considera que los dos autos de la jueza son medidas «absolutamente pulcras», que la decisión del juzgado de instrucción fue «insólita» y que Daniel debe volver a Italia, más que nada porque lo exigirá antes o después la justicia de allí. «Si quiere soplar las velas en España, que lo haga, pero después que se vaya», afirma.

De paso también critica a Carlos Aránguez, representante legal de Juana Rivas, por hablar abiertamente en contra de la jueza de Violencia sobre la Mujer en un comunicado de prensa. «Habría que actuar contra ese letrado», propone. Tomándole la palabra, 107 juezas y jueces de Violencia sobre la Mujer de toda España han firmado una carta en la que censuran las declaraciones de Aránguez.

Queda por dilucidar, entre otras cosas, quién tiene la competencia para decidir sobre el destino de Daniel Arcuri. El abogado de Juana Rivas entiende que debe ser, obviamente, un tribunal español porque el menor está en España. El letrado de Arcuri, en cambio, ve claro que la decisión está en manos de Cagliari. No puede haber un modo más adecuado de terminar el artículo: continuará.