Los Centros de Atención Temprana de Andalucía aseguran que se ven «abocados al cierre» por «la falta de compromiso» de la Junta

Eso, ha precisado el presidente del citado colectivo, el granadino Gonzalo Caba, «condena en la práctica a la desaparición» a muchos de esos centros, fundamentalmente a los que no realizan otro tipo de actividades o dependen sobre todo de las sesiones subvencionadas con dinero público.

El Consejo de Gobierno ha anunciado que destina casi 97 millones para la prestación de este servicio en las ocho provincias y ha especificado esto: «La prestación se concreta en unidades de sesión, que comprende la dotación de espacio y tiempo que se dedica al menor en su tratamiento, apoyo y seguimiento, así como gastos administrativos y otros derivados. El objeto del contrato vendrá determinado por el número de sesiones anuales necesarias para realizar una media de ocho al mes a los menores registrados en el lote que se oferte por cada uno de los adjudicatarios, al precio unitario de 28 euros por sesión«.

Ha añadido que «se espera que con el nuevo concierto social se incremente el número de sesiones en cerca de 77.000, con el correspondiente aumento en el número de personas profesionales dedicados directamente a esta actividad que, de forma global, pasaría de las 1.809 actuales, hasta las 1.892«.

Para Gonzalo Caba, esto último no soluciona el problema sino que incluso lo agrava. «La trampa es que aumentan el presupuesto y el número de sesiones que se pueden licitar, pero no el precio que pagan por las mismas, así que, cuantas más sesiones contraten los centros, más dinero perderán. Porque por cada sesión pierden dos euros«, ha insistido.

El presidente del colectivo también ha puesto el acento en que la nueva concesión es por dos años pero se puede prorrogar por otros tres, con lo cual llegaría hasta el año 2030. «Si desde 2021 nuestros costes han subido, es más que previsible que sigan incrementándose hasta entonces, así que perderemos más«.

Las consecuencias las ve muy claras: «Si no licitamos porque no nos pagan lo que nos cuesta, esos lotes de sesiones se pierden. Y cuantos más lotes queden desiertos, más niños quedarán sin atender. Dadas las circunstancias, sólo van a poder sobrevivir las entidades grandes, las que prestan muchos más servicios«, ha apostillado.

«Nos temíamos que esto iba a pasar», ha afirmado Caba, que ha pedido a los socios de la patronal que acudan «en masa» a la asamblea general convocada para este viernes 4 de octubre y que allí «mostremos todos nuestra unidad ante un problema que puede abocar a muchos a su desaparición».

La única manera de revertir la situación, ha concluido, es que el colectivo se muestre de acuerdo y no sólo proteste ante la Junta de Andalucía, algo que ya hicieron el pasado mes de julio, sino que el pliego administrativo que probablemente se desprenderá de lo que ahora ha acordado el Consejo de Gobierno «se impugne, ya sea por vía administrativa o judicial«.

En el mismo sentido se ha pronunciado el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), que también ha advertido del cierre de los centros de atención infantil temprana «debido a la baja cuantía fijada por la Junta de Andalucía, que hace inviable la prestación de estos servicios fundamentales para los menores y sus familias».

El movimiento asociativo ha insistido en la «urgente necesidad de adecuar el precio hora del servicio a los costes reales actuales» y ha alertado del cierre de estos centros «al ser inviable su sostenimiento, además de provocar una merma en su calidad«.

Los representantes andaluces de Cermi han exigido a la Junta que adecúe el precio hora del servicio a los costes reales, ya que para la determinación del precio de 28 euros sesión de la licitación del año 2020 se tuvieron en cuenta las tarifas con las tablas salariales de los años 2019 al 2021, y las actuales son mucho más altas. Por tanto, la subida de los años 2022 al 2024 y las previstas para el 2025 no pueden ser ajenas a una nueva licitación que referencia los costes salariales al convenio colectivo general de centros y servicios de atención a personas con discapacidad«.

Según Cermi Andalucía, con estas cantidades fijadas por la Administración es imposible asumir todos los gastos que comprenden la dotación de espacio, medios materiales y servicio de los profesionales especialistas que se dedican a la atención de los menores y a sus familias en su tratamiento, ofreciéndole apoyo y seguimiento, así como los gastos administrativos y de otro tipo derivados del servicio«.