Una excargo de IU rechaza que realizara «chanchullos» en la Diputación de Granada

Asunción Pérez Cotarelo, exdiputada de Cultura en la Diputación Provincial de Granada, ha comparecido hoy ante el juez para argumentar la demanda que ha presentado contra dos miembros del actual gobierno popular de la institución, de la que la militante de Izquierda Unida sigue siendo diputada en la oposición. Pérez Cotarelo, imputada por tres supuestos delitos en el llamado caso Mercamed, se defiende así de lo que entiende como declaraciones «hirientes» que los diputados actualmente en el gobierno de la Diputación han realizado respecto de su implicación en la citada causa judicial. En concreto, la diputada comunista ha demandado a la diputada de Empleo y el portavoz del gobierno provincial, Merinda Sádaba y José Torrente, respectivamente.

Éstos, al entender de la demandante, dieron por hecho que durante la gestión de Pérez Cotarelo al frente del área de Cultura de la institución provincial durante la pasada legislatura realizaba «chanchullos». Un extremo que la diputada de IU ha querido denunciar con una demanda de protección judicial de derechos fundamentales y de su imagen. «No me van a cuestionar mi trayectoria profesional y personal» ha expresado Pérez que ha defendido la inversión de dinero público gestionado por la Diputación en el proyecto Mercamed.

Cabe recordar que al acceder el Partido Popular al gobierno de la institución provincial en 2011 se destapó lo que la actual diputada de Empleo, Merinda Sádaba, calificó de «trama» de contrataciones presuntamente ilegales supuestamente realizadas por excargos de la Diputación con empresas intermediarias para la compra de objetos (como «un libro mágico» de más de 11.000 euros) o de alquiler de instalaciones en la ciudad marroquí de Chaouen. En total, los imputados por el caso Mercamed ascienden a veintiuno entre exdiputados del anterior gobierno (como el exvicepresidente de la Diputación, el comunista Julio Bernardo), responsables de empresas y técnicos de la administración provincial.

Triplemente imputada

Contra Pérez Cotalero, en concreto, existe la acusación por cometer presuntamente los delitos de malversación de fondos públicos, prevaricación y falsificación de documentos mercantiles. Desde el PP, se ha acusado en a la exdiputada de Cultura de «intentar beneficiar a personas cercanas» con el mencionado proyecto en el que la Diputación invirtió 210.000 euros con fines al programa de Cooperación Transfronteriza España-Fronteras Exteriores. También se aludió por parte del actual gobierno popular de la existencia de «presupuestos de dudosa legalidad» en la gestión del anterior ejecutivo provincial, que presidía el socialista Antonio Martínez Caler en coalición con Izquierda Unida.

Pérez Cotarelo también ha aludido a la noticia que ABC publicó recientemente en la que el actual diputado de Función Pública de la Diputación, Francisco Javier Maldonado, refería la existencia de diversos gastos en dietas con cargo a la institución que eran presentados por la diputada de IU en su etapa al frente del área de Cultura. Entre ellos un viaje en febrero de 2009 a la Feria del Libro de Cuba «con todos los gastos pagados por la Diputación» y que Pérez Cotarelo ha defendido que «lo pagó de su bolsillo».  

Según denunció Maldonado en este periódico, la diputada comunista llegó a pasar a la administración para la que trabajaba durante un mes, 276 euros en medias dietas, 710 en completas y 338 en dinero de bolsillo ascendiendo esta cantidad a 1.325 euros. «Unido a su sueldo, la mensualidad de la diputada costó a las arcas públicas 6.687 euros, sin contar el precio de los vuelos y de los hoteles», señaló el actual responsable de Función Pública de la institución provincial.