El gerente de la empresa subvencionada Surcolor se presenta como víctima en el juicio: «El caso ERE ha arruinado mi vida»

En su declaración durante el juicio, que ha empezado con hora y media de retraso por la renuncia de la abogada de uno de los acusados, el empresario ha negado a preguntas de su letrado que haya obtenido un beneficio directo con las ayudas por importe de 2,3 millones de euros que la Administración autonómica concedió a este laboratorio fotográfico para adelgazar su plantilla. Todo lo contrario, asegura que su imputación en esta causa ha «arruinado» su vida.

Entre los 26 prejubilados de Surcolor se introdujeron dos «intrusos» que nunca habían trabajado en ese laboratorio fotográfico: José Manuel López Espadas (ya fallecido), esposo de una concejal del PSOE del Ayuntamiento de Camas y José Antonio Márquez Sánchez, concuñado de Antonio Rivas, el delegado provincial de Empleo en Sevilla que autorizó el ERE (también acusado) y exalcalde de dicha localidad sevillana con el PSOE.

Al ser interrogado por el fiscal Anticorrupción Manuel Fernández Guerra en el juicio por la pieza de Surcolor del caso ERE, Castilla Bustamante ha manifestado que está sentado en el banquillo porque ha sido «engañado» por el bufete Estudios Jurídicos Villasís (que se hizo cargo de la gestión de la póliza) por el conseguidor de ayudas Juan Lanzas, por el mediador de Vitalia y por la propia Junta de Andalucía.

El empresario ha relatado que inicialmente se negó a firmar la póliza de prejubilación porque Surcolor aparecía como tomador y la Junta de Andalucía, que había comprometido a poner el dinero, no figuraba «por ningún lado». «Me doy cuenta de que no hay ningún documento de la Junta y me niego a firmar», detalla. También se percata de que en la lista de beneficiarios del seguro han introducido a dos extrabajadores o intrusos más que no pertenecían a la plantilla de Surcolor. Los 24 prejubilados se convirtieron en 26 de un día para otro.

El gerente de Surcolor, que había sido director de Marketing de Fibes, el Palacio de Congresos y Exposiciones Sevilla, decidió ponerse en contacto con su abogado Carlos Leal, con Juan Lanzas y el mediador de Vitalia Jesús Bordallo (todos ellos acusados en esta pieza) y con la Delegación de Trabajo, desde donde le indican que «el expediente de Surcolor está aprobado y que está todo OK». «¿Qué hago? ¿No fiarme de la Junta de Andalucía en el año 2006?», se pregunta ante el tribunal.

Fue el comercial de Vitalia quien le comentó que «vamos a meter» en el expediente subvencionado por la Junta a dos personas más que «se habían quedado fuera» de otra operación, que resultaron tener lazos familiares con cargos del PSOE de Camas. Castilla Bustamante acabó firmando cuando su tío Antonio Manuel Bustamante, dueño de la empresa y acusado también, le dio instrucciones de que lo hiciera. «El que tenía que tomar la decisión de ir para adelante la tomó. Yo no la tomo», quiso aclarar al fiscal.

En la pieza de Surcolor había un total de 15 acusados de un delito continuado de prevaricación en concurso medial con otro continuado de malversación de caudales públicos cuando el juez Álvaro Martín dictó el auto de procesamiento en octubre de 2016. Pero dos de los acusados han fallecido antes del juicio que arrancó el pasado mes de julio: el exdirector de Trabajo Francisco Javier Guerrero y el intruso López Espadas.