El fiscal concluye que UGT hizo «transversal» su «mecanismo de facturas falsas» costeando incluso «fiestas» en Andalucía
La Junta de Andalucía acusa al sindicato de haber ocultado información a la Administración pública y el PP concluye que hay indicios «más que acreditados para una sentencia condenatoria»
El juicio llega a su recta final el 4 y el 5 de junio con las conclusiones de las defensas
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El fiscal Anticorrupción Fernando Soto ha manifestado este miércoles ante la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla, a la hora de desplegar su informe final del juicio promovido contra la antigua cúpula de UGT-A por un presunto delito continuado de fraude de subvenciones en concurso con un delito continuado de falsedad en documento mercantil; que el sindicato usó de modo «genérico» su «mecanismo de facturas falsas» hasta convertirlo en una herramienta «transversal» aplicada no sólo a las ayudas autonómicas para la formación de desempleados, sino además para otros fondos.
Durante la explicación de su informe final, el fiscal Fernando Soto ha manifestado que en el juicio, comenzado a finales de enero, han pesado «indicios sobrados» de que los antiguos responsables de UGT-A encausados implantaron «un mecanismo de facturación falsa para defraudar a la Administración» andaluza, con un concierto con determinados proveedores para que los mismos generasen tales facturas para cargar las mismas a las subvenciones para cursos de formación por «conceptos que no respondían» a la realidad.
Los acusados son el ex vicesecretario de Organización y ex secretario general del sindicato Francisco Fernández Sevilla; el que fuera secretario general de Administración de UGT-A, Federico Fresneda; la ex secretaria de Gestión Económica, María Charpín; la ex responsable del departamento de Compras de UGT-A, Dolores Sánchez; y el consejero delegado de la entidad satélite del sindicato Soralpe I Mas P Asociados S.L., Enrique Goicoechea.
Peticiones de cárcel
Con relación a todos ellos, el fiscal ha elevado a definitivas sus conclusiones provisionales, confirmando su petición de condena de siete años de cárcel y multa de 50 millones de euros para cada uno de ellos. Además, solicita que se les imponga el pago de una indemnización, conjunta y solidaria, de 40,7 millones de euros --que es la cantidad supuestamente defraudada-- a la Junta de Andalucía, y a la responsable del departamento de Compras el pago adicional de 4,2 millones de euros.
El fiscal también ha ratificado su petición de tres años de prisión y multas de 3.650 euros respecto a la decena de empresarios otrora proveedores de UGT-A también acusados, con petición del pago de indemnizaciones comprendidas entre los 638 euros y el millón de euros; salvo en el caso del empresario Moisés Morillo y su entidad Viajes Macarena, pues con relación ha ellos ha retirado su acusación.
El representante del Ministerio Público ha detallado durante el despliegue de su informe final los aspectos al «bote» de dinero cosechado por la UGT-A, para sus «fines propios», gracias a las «diferencias» a su favor entre las facturas cargadas a las subvenciones autonómicas para cursos de formación, por conceptos «genéricos» o supuestamente ajenos a la realidad; y los servicios verdaderamente prestados por los proveedores emisores de tales recibos.
También ha señalado los «rápel» o descuentos aplicados por tales proveedores al sindicato por determinados «volúmenes» de compra con cargo a las ayudas autonómicas durante periodos concretos, descuentos que no eran comunicados a la Junta de Andalucía como órgano gestor de la fiscalización de estos fondos públicos.
Sin justificación
Al punto, Fernando Soto ha aseverado que UGT-A «tuvo que haber justificado ante la Junta el precio final» pagado por los productos o servicios comprados con cargo a la Junta de Andalucía y que cualquier rebaja debería haber redundado precisamente en los propios cursos de formación como objeto de las ayudas recibidas por el sindicato.
Y especialmente, el fiscal ha alertado de que durante el juicio han recaído «indicios poderosos» de que estos «instrumentos» de «bote» y descuentos fueron «usados de manera genérica» por estos entonces responsables de UGT-A y no sólo para las ayudas autonómicas para los cursos de formación. Esta mecánica, según ha destacado, fue convirtiéndose en «transversal» y «genérica» y habría sido utilizada para «más fondos» cosechados por UGT-A, que hizo de este sistema «su forma de ser».
Así, ha criticado que estos entonces dirigentes del sindicato, una organización destinada a «defender y ayudar a los trabajadores y los desfavorecidos», actuasen de esta manera y costeasen incluso «fiestas» con cargo a los fondos públicos.
Junta y Partido Popular
A continuación han tomado la palabra las acusaciones de la Junta de Andalucía y del Partido Popular, que se han adherido a los argumentos del Ministerio Fiscal.
En el caso de la Junta, se ha puntualizado que la UGT ocultó datos a la Administración autonómica que le permitieron utilizar parte de las subvenciones para los cursos de formación para «fines impropios».
En este sentido, ha sostenido que la UGT creó el 'bote' sin que la Junta pudiera tener conocimiento de ello, y que aunque el 'rapel' era frecuente en el sector mercantil, no se debió emplear con dinero procedente de una administración pública. También ha asegurado que estos descuentos se ocultaron a la Junta y que el sistema ideado de alquileres «fue un indudable artificio» dentro del mecanismo fraudulento establecido por la UGT que le permitió subir los costes «y engañar a la Junta».
«El sindicato se enriqueció de manera fraudulenta«, concluyó.
La acusación que ejerce el PP ha argumentado que la conducta del sindicato estuvo basada siempre en el «ocultismo» y que el 'rapel' se pagó con frecuencia en efectivo y con cheques al portador «en lugar de con facturas de abono».
«Hay indicios más que acreditados para una sentencia condenatoria«, concluyó.
El juicio continuará los próximos días 5 y 6 de junio con las conclusiones de las defensas.
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