El fin del concierto entre Hacienda y las aseguradoras sanitarias afectaría a 150.000 profesionales de Defensa y Justicia de Andalucía

Traducidos al prisma andaluz, el grupo relativo a profesionales públicos de Defensa escala a 134.033, según la última memoria anual (2023) publicada en junio por el Gobierno. De ellos, 71.193 estaban asegurados con Adeslas y 56.107, con Asisa.

Estos funcionarios tienen la posibilidad de complementar sus servicios en salud con la Sanidad Militar «tradicional elemento propio y particular», según el documento. En Andalucía ningún titular estuvo adherido en dicho año.

Del mismo modo, en la memoria de 2023 queda recogido que el presupuesto en asistencia sanitaria se vio «incrementado con respecto a años anteriores: en un 8% para el año 2022, de un 8,75 % para el 2023 y hasta un 10% para el 2024, lo que supone un total de 1.620 millones de euros para los tres años» que concluyen ahora.

Se recalca, además, la incorporación en el ejercicio anterior de nuevas prestaciones como «la protonterapia, en determinadas circunstancias; psicoterapia, sin límites de sesiones y cirugía plástica/estética a víctimas de violencia de género; transporte en medio ordinario de helicóptero en Ceuta, en determinados casos; tratamientos con terapias avanzadas y telemedicina, entre otras».

Por su parte, los mutualistas de Andalucía recogidos dentro de Mugeju suman 11.725, a los que habría que añadir 7.123 familiares beneficiarios. Son datos publicados en su memoria de 2023, de la que también se extrae que la compañía aseguradora mayoritaria es Sanitas (con 4.577 titulares). Prevalece sobre Asisa (3.898), Adeslas (3.576) y Mapfre (2.856).

Andalucía, además, es una de las nueve comunidades autónomas en las que Mugeju tiene un acuerdo con la sanidad pública para prestar servicio en poblaciones de menos de 20.000 habitantes, donde por lo general no existen centros privados para atender a sus asegurados.

El Foro de Médicos en Ejercicio Privado explicó recientemente que las aseguradoras sufren una pérdida de unos 200 millones al año, sólo con el resultado negativo de Muface, para el que reclaman una mejora del 40 por ciento.

Esto es así porque el gasto medio actual por ciudadano en la sanidad pública es de 1.608 euros —dato de la Fundación IDIS— mientras que la prima media anual de Muface en 2024 es 1.032,12 euros. Por ello, han rechazado la oferta del Estado.

Aceptarían como mínimo una mejora del 24% en 2025 y renegociar los términos de cara al siguiente ejercicio.