La Faffe coló a enchufados del PSOE en la Junta de Andalucía hasta el día anterior a su extinción

Cuando el organismo tenía las horas contadas, la Secretaría Provincial de Córdoba incorporó a una administrativa para hacer tareas de documentación y archivo. Su contrato se formalizó el 28 de abril de 2011, según consta en la relación interna de puestos de trabajo a la que ha tenido acceso ABC.

En el departamento de Recursos Humanos de la Faffe no daban abasto en los siete meses previos al cierre. Entre septiembre de 2010 y abril de 2011, la entidad autonómica enchufó a 46 personas en departamentos de casi todas las provincias andaluzas. Se hicieron contratos de última hora de técnicos, administrativos y personal denominado como «apoyo».

El 26 de abril de 2011, tres días antes de que el Ejecutivo certificara su defunción, la Faffe contrató a otra técnica en Córdoba asociada al área 'Transversal' con una retribución base de 24.399 euros —según el listado de personal actualizado en 2022— sin incluir los trienios de antigüedad, que pueden rondar los 3.000 euros adicionales al año. El día anterior, 25 de abril, colocó a otra técnica para intermediación laboral en Córdoba y a otra persona de apoyo en el centro de empleo de Algeciras (Cádiz) con una titulación básica o equivalente.

En los tres meses anteriores al cierre de la Faffe se hicieron 23 contrataciones. Muchos de ellos pasaron de la noche a la mañana de engrosar las listas del paro a ofrecer asesoramiento laboral a otros desempleados detrás de la ventanilla en una oficina del SAE. Con estas incorporaciones se reforzaron el centro de formación de Cortijo Grande o la sucursal de empleo de Almadrabillas, en la provincia de Almería; los centros de empleo de El Palo, en Málaga; Las Lonjas, en Córdoba; La Palma del Condado, en Huelva, o La Janda, en Cádiz. El 22 de febrero, con la Faffe en vías de extinción, los servicios centrales del organismo ficharon a un informático.

Desde el otoño de 2010 el Gobierno de José Antonio Griñán (PSOE) había decidido liquidar la Faffe incluyéndola dentro de un proceso más amplio de reordenación de la administración paralela de la Junta de Andalucía. Sus 1.664 empleados no iban a quedarse en la calle. El Ejecutivo les aseguró un puesto de trabajo como personal subrogado —su nombre técnico— por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE), la agencia autonómica que gestiona las oficinas de orientación y asesoramiento a los parados en Andalucía.

El acuerdo que fijaba los requisitos del traspaso del personal de la Faffe fue firmado por el Ejecutivo regional con los sindicatos UGT y Comisiones Obreras el 29 de octubre de 2010. El documento les aseguraba conservar las retribuciones y condiciones laborales que tenían en la fundación de origen, más ventajosas que las de otros efectivos del SAE con parecida categoría profesional.

El 3 de mayo de 2011, los 1.664 empleados de la Faffe se convirtieron de manera automática en empleados públicos del Servicio Andaluz de Empleo, donde han continuado trabajando, incluidos los que se subieron al 'tren' de la fundación en el último momento. En la actualidad, más de 500 de los antiguos Faffe optan a su estabilización definitiva mediante un concurso de méritos que puso en marcha el Gobierno actual del PP a finales de 2022.

Una auditoría realizada por PricewaterhouseCooper por encargo del Ejecutivo del PP y Ciudadanos —que había desalojado al PSOE de la Junta en 2019— ya mencionaba el aluvión de incorporaciones realizadas entre febrero y abril de 2011, cuando la Faffe estaba en periodo de descuento. En el citado informe jurídico, publicado en agosto de 2021, los analistas hicieron mención a este «colectivo de trabajadores cuya primera contratación se produjo en fecha muy cercana a la de subrogación».

«Contrariamente a lo que ocurre en otros supuestos, no se nos ha proporcionado información relativa a que los trabajadores relacionados pudieran haber mantenido relación laboral alguna, intermitente incluso o temporal, antes de la asunción de la plantilla por parte del SAE», lamentaron. La auditoría concluyó que se dio de alta efectiva a la plantilla de la Faffe «de modo ajustado a Derecho». Eso sí, cuestionaba que los trabajadores absorbidos sigan rigiéndose por el convenio colectivo de la fundación diez años después de su desaparición. Esta situación genera «de manera artificial y permanente dos grupos de trabajadores» con condiciones y salarios distintos.

El Grupo de Delincuencia Económica de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha hallado mensajes de correo electrónico intercambiados entre directivos de la Faffe que «demostrarían la existencia de contrataciones dirigidas a personas solo por el hecho de mantener vínculos de amistad, parentesco e incluso afinidad política con responsables de la Administración andaluza», gobernada por el PSOE durante 37 años, hasta enero de 2019. La UCO está analizando el supuesto nepotismo de la entidad dentro de una investigación más amplia que lleva a cabo el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, que también indaga en el desvío de subvenciones y el presunto amaño de contratos por parte de la extinta fundación.

En uno de los correos analizados por la UCO, que está fechado el 16 de marzo de 2011, el director de Recursos Humanos de la Faffe, Antonio Jiménez Cuenca, insta a otra subordinada a contratar al hijo de una exdiputada socialista, a la sobrina de una alto cargo de la Junta o a la nuera de la cuñada del expresidente del Gobierno Felipe González, que a su vez era directora de la Fundación Centro de Estudios Andaluces. El responsable de Personal menciona en su 'mail' un listado de personas que habría que incorporar cuando está próximo el cierre de la entidad. El mensaje finalizaba con la siguiente orden: «Destruye el correo después de que lo hayas utilizado».

Al frente de la Faffe estaba Fernando Villén Rueda, secretario de Empleo en la Ejecutiva del PSOE andaluz entre 2008 y 2010. Este ex alto cargo fue condenado a seis años de prisión por la Audiencia de Sevilla por haber pagado con fondos públicos servicios indeterminados en prostíbulos. Villén está siendo ahora juzgado por enchufar al exalcalde socialista del municipio sevillano de Lebrija Antonio Torres García, que cobraba en torno a 4.000 euros al mes —491.000 euros al cabo de ocho años—por un trabajo que carecía de contenido y por el que ni siquiera acudía a la oficina.