El Caso de los ERE de Andalucía, en diez claves

Se trata de un sistema diseñado en la Junta de Andalucía para pagar ayudas laborales al margen de la fiscalización administrativa. Se concibió para agilizar la resolución de conflictos laborales en varias empresas jiennenses en vísperas electorales, pero el sistema se mantuvo entre los años 2000 y 2010. Se creó una partida presupuestaria, la 31-L, exprofeso para financiar este sistema de ayudas.

En un principio se aplicó a empresas en crisis, pero el sistema fue degenerando al estar al margen de las herramientas de control. Pronto comenzaron a beneficiarse empresas de amigos o familiares, firmas creadas expresamente para recibir las ayudas y empleados que nunca habían trabajado donde decían (se detectaron casi 200 'intrusos'). En la década de los ERE unos 680 millones de euros salieron de las arcas públicas sin ningún control, aunque otras estimaciones elevan la cifra a más de 800 millones.

Aunque en su origen se articulaban por un procedimiento ordinario, la falta de control hizo que se relajasen los protocolos hasta extremos indecentes. Empleo financió a empresas sin justificación ni solicitud. A veces bastaba con una orden escrita en un post-it para que la agencia IDEA hiciera una transferencia millonaria a su cuenta. El exdirector general de Trabajo de la Junta Francisco Javier Guerrero recibía y repartía ayudas en una discoteca. Su chófer fue uno de los beneficiados y gastó parte del dinero en droga.

Una de las grandes cuestiones. La Intervención General de la Junta elevó 15 informes para avisar al Gobierno andaluz de las irregularidades en el sistema de concesión de ayudas. Tanto Manuel Chaves como José Antonio Griñán señalaron que no conocían dichas advertencias, algo que la Audiencia consideró improbable. La exasesora técnica de la Dirección General de Trabajo de la Junta María José Rofa declaró ante el tribunal que tanto Chaves como Griñán recibían «información puntual». La Guardia Civil señaló que el Consejo de Gobierno andaluz «conoció», «amparó» y «cebó» la partida de los ERE.

En primera instancia el PSOE señaló que el fraude era cosa de 'cuatro golfos', pero esa teoría pronto se demostró insostenible por la envergadura del sistema. El juicio de la causa política de los ERE condenó a 21 exaltos cargos de la administración socialista, incluidos los dos expresidentes y seis exconsejeros.

Los dirigentes socialistas nunca colaboraron con la investigación. Se difamó a la juez Mercedes Alaya y se maniobró para apartarla de la instrucción, se negaron documentos o se entregaron desordenados, se designó una juez sustituta que troceó el caso en contra del criterio de Alaya, la Junta eludió reclamar fianza civil y la acusación del Gobierno andaluz se retiró antes del juicio.

Repartido (cuando menos) entre 6.096 trabajadores beneficiarios (hubo más de 120.000 afectados por ERE en esa década), comisionistas y aseguradoras. Se sabe que hubo movimientos de dinero a cuentas en paraísos fiscales. A día de hoy, de los 680 millones de euros repartidos se han recuperado unos 23 millones.

Ni mucho menos. Durante el tiempo que estuvo al frente de la instrucción, la juez María Núñez Bolaños dividió el caso en tantos procesos como ayudas fraudulentas concedidas, en contra del criterio de Alaya, que defendía una única macrocausa. Se ha celebrado el juicio político -el de mayor impacto mediático- y de numerosas empresas, pero quedan por celebrarse los juicios de la mayor parte de las 187 causas en las que se dividió la investigación.

Dos delitos: prevaricación y malversación. El segundo de ellos es el que conlleva pena de cárcel, la prevaricación se castigó con penas de inhabilitación.

Varios de los 21 condenados recurrieron la sentencia de la Audiencia de Sevilla ante el Tribunal Supremo, que ratificó en su mayor parte la resolución. También se presentaron recursos ante el Constitucional, que por ahora ha rechazado el de Griñán y aceptado el de Magdalena Álvarez.