La empresa de UGT para los cursos de formación asegura que todas sus facturas superaron los controles de la Junta

Así lo ha manifestado este jueves Enrique Goicoechea, consejero delegado de dicha empresa, Soralpe, en el juicio que se sigue en la Audiencia de Sevilla contra la antigua cúpula sindical y diez empresas proveedoras. Se les acusa de delitos continuados de fraude en subvenciones y falsedad documental entre 2009 y 2013.

Según la investigación, UGT cedió a Soralpe sus inmuebles para impartir cursos y ésta a su vez los alquilaba a una fundación del propio sindicato —IFES—, generándose así facturas artificiales que luego 'colaba' a la Junta para justificar las ayudas según la investigación policial.

El consejero delegado de Soralpe ha explicado durante el juicio que esta mercantil fue creada por encargo del entonces secretario general de la UGT Manuel Pastrana: «En 2005, Pastrana me llamó a su despacho. Me contó que con la cantidad de cursos y las instalaciones tan precarias que tenía la UGT quería que formara una red de aulas y centros profesionales para dar este servicio, y me contrataron».

El sindicato, ha abundado, cedió a Soralpe en usufructo su patrimonio inmobiliario para alquilar e impartir lo cursos de la Junta, algo que sostuvo ésta conocía, y negó que esta empresa facturara a IFES por servicios o alquileres inexistentes, como sostienen los investigadores.

Goicoechea niega también que Soralpe financiara a la UGT pero sí ha reconocido reconoció que el sindicato le anticipaba dinero con préstamos debido a la falta de liquidez de la sociedad «para cubrir pagos corrientes en momentos puntuales y luego se devolvían».

De ahí, según ha declarado, el desfase detectado por la Guardia Civil en las facturas: UGT pagó 5,2 millones a Soralpe aunque la facturación por los servicios prestados era de sólo 2,5 millones, por lo el sindicato le transfirió 2,7 millones más. «Teníamos falta de tesorería. Nos encargamos de acondicionar y equipar esos locales para alquilarlos para los cursos con precios ajustados al mercado. Todas las aulas fueron homologadas por la Junta. No podíamos financiar a ningún nivel a la UGT, que como socio único, financiaba nuestro día a día porque nosotros corríamos con todos los gastos de las aulas. Por eso le pedíamos préstamos. De todos estos gastos y la contabilidad de la sociedad tiene información la Agencia Tributaria. De hecho, Soralpe nunca generó beneficios y ahora estamos en disolución por las pérdidas acumuladas», señaló. Ya en 2013, al finalizar los cursos, los gastos de dichas instalaciones los asumió IFES, según apuntó.

Eso sí, ha dicho que los préstamos están documentados con escrituras pero no los anticipos en función de la Tesorería. «Eran transferencias puntuales por necesidades de Tesorería». Aseguró además no tener «constancia» de que Soralpe cobrara alquiler por locales cedidos por el Gobierno a la UGT de manera gratuita para impartir estos cursos.

En la sesión, además, se ha mostrado un documento extraído según la Guardia Civil del disco duro de un trabajador de Soralpe con el pago de sobresueldos y anticipos a altos cargos sindicales. «Es imposible que esos cuadros estuvieran en ese ordenador, esos listados no son de Soralpe y de hecho, como estaba segurísimo de que eso no podía ser nuestro, revisamos el disco duro del que habla la Guardia Civil y seguimos la ruta establecida, y esos ficheros no existen en nuestro disco duro». La estrategia de la defensa era evidente: desacreditar la investigación de la Guardia Civil y apuntar a la UGT. Trataron de probar que esos documentos sí están en el disco duro de la UGT, aunque el fiscal y el presidente de la Sala le han espetado que eso es lo que sostienen ellos «pero no la Guardia Civil» en las periciales.

El consejero delegado de Soralpe niega también que el sindicato y la sociedad se pusieran de acuerdo para cobrar alquileres inexistentes de las aulas de los cursos de formación y justificar así las subvenciones ante la Junta, y sostiene que la sociedad no se encargaba de justificar las subvenciones de dichos cursos ante la Junta: «Entiendo que eso lo haría la UGT», ha dicho.

Llamativo también otro momento del juicio. El supuesto pago de alquiler decasetas de la Feria de Sevilla que aparece en la investigación es, según Goicoechea, por el alquiler de casetas para impartir algunos de los cursos en Sevilla, en la avenida de la Raza, concretamente. «Soralpe jamás ha pagado a la UGT ningún alquiler para casetas de la Feria de Sevilla. Además, si no me equivoco, las casetas de feria son concesiones del Ayuntamiento. Toda esta información figura en nuestros balances».

En el banquillo también se ha sentado este jueves Diego de la Mata, gerente de una empresa de impresión, que ha reconcido que la UGT propuso aplicarles un 'rapel' o descuento del 10% «que no se reflejaba en las facturas porque se aplicaba sobre el presupuesto directamente» y que oscilaba entre 8.000 y 10.000 euros anuales.

Ha negado que el sindicato le pidiera alguna vez cambiar el concepto de las facturas, «sólo las referencias porque lo pedía la Junta», ni haber emitido facturas por importe superior.

También ha dicho que comenzaron a pedir anticipos a la UGT «porque todo era muy costoso pero legal».

Sobre un saldo a favor de UGT por parte de esta empresa de 109.000 euros, declaró que era algo «puntual. Había productos almacenados y teníamos mucho trabajo en producción». Antes de eso, según ha explicado, era la UGT la que les debía dinero. «La empresa cerró en 2015. Cuando todo salió en los medios nos dejaron de hacer pedidos y quebramos».

También ha sentado en el banquillo el gerente de una agencia de viajes, que se ha ratificado en su declaración previa ante el juez y la Guardia Civil.