El exdirector de la fundación Faffe implica en los enchufes al Gobierno andaluz del PSOE

«Yo buscaba un camino más rápido», justificó el ex alto cargo socialista este lunes en el juicio que celebra la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Sevilla. Él se sienta como acusado, junto al exregidor, por supuestos delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos al contratar al segundo de manera arbitraria para un puesto de director de Relaciones o Recursos Externos creado a su medida en la citada entidad de la Junta de Andalucía en julio de 2003. Le pagó 491.000 euros durante los ocho años que Torres estuvo a sueldo de la fundación.

Con anterioridad, Villén había explicado las «tres vías» de contratación laboral existentes en la Faffe: la convocatoria del puesto en la web del empleado público, la tramitación de la demanda a través del Servicio Andaluz de Empleo y, «cuando entrábamos en modo desesperación, la prensa». Ninguna de ellas se usó para incorporar al antiguo cargo local.

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Durante su declaración en el proceso, el fiscal Anticorrupción, Fernando Soto, le preguntó si no se le había ocurrido que dicho puesto «hubiese sido sometido a publicidad para que cualquier ciudadano se presentase». El acusado le contestó que el que fuera regidor lebrijano durante 24 años era una persona de «renombre» que «había consolidado una agenda de contactos bastante interesante» para una tarea muy concreta: «captar recursos externos a la Junta de Andalucía» para financiar actividades formativas. Había que «buscar recursos debajo de las piedras» cuando la Faffe echó a rodar en mayo de 2003, comentó. Torres le pareció la persona indicada para ello.

El que fuera máximo responsable de la fundación dedicada a dar cursos de formación a parados y trabajadores involucró al Ejecutivo socialista en la contratación irregular de Torres, después de mantener dos reuniones con él a petición del propio interesado y de que éste le entregara el currículum.

Villén informó «directamente» del fichaje a su jefe, el que fuera consejero de Empleo entre 2000 y 2004, José Antonio Viera (PSOE), que presidía el patronato del organismo. «Soy yo el que lo propongo y la última palabra la tiene el que preside el patronato», aclaró al letrado de la Junta que repreguntó por el proceso selectivo.

Como director de Recursos Externos de la Faffe, Torres no tenía despacho asignado, aunque sí le facilitaron un móvil y un correo corporativo que no utilizaba para sus gestiones porque prefería usar el de Hotmail.

Villén lo convirtió en una especie de «personal de confianza» adscrito a su gabinete y con sueldo de directivo. «Yo no me cansé de repetirlo, Antonio, mi despacho es el tuyo», comenta que le dijo al exalcalde. No le pareció adecuado definirlo como «conseguidor», aunque su trabajo consistía precisamente en eso, en conseguir fondos externos para la Faffe como si fuera «comercial» de la Junta de Andalucía. 

A su abogado defensor, Adolfo Cuéllar, Villén le contó que el contrato de Torres fue «real», que cobraba lo estipulado y que «no sólo realiza su trabajo, sino que lo hace de forma muy perseverante» porque él era bastante «intenso» y le llamaba constantemente para darle cuenta de sus gestiones.

El tribunal pudo dar fe, poco después, de la «intensidad» y vehemencia del exregidor socialista de Lebrija, que se quejó en varias ocasiones de que el fiscal lo interrumpía y no lo dejaba terminar. El presidente de la sala reconvino al acusado por su actitud: «Está usted a la que salta».

Torres contó que se enteró «por el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» de la creación de la Faffe y decidió «ofrecer» sus servicios a su director porque «le podía venir muy bien» para captar fondos. Según explicó, era la misma función que él había desarrollado como alcalde durante 24 años, presidente de la Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir, presidente de la antigua sociedad provincial Sevilla Siglo XXI, a lo que sumó «diez años profesor de la Universidad de Sevilla».

Sin ocultar su disgusto, durante el interrogatorio, Torres negó que cobrara un sueldo que era «un poquito menos» de lo que ganaba un directivo sin realizar labor alguna, aunque no tuviera despacho físico porque no le hacía falta. «La Fiscalía decía que me limitaba a poner en contacto a una persona con otra desde mi casa, que estaba en mi casa sin trabajar; eso no se corresponde con la realidad, por Dios santo», exclamó al ser cuestionado por el letrado del PP, Alfonso Martínez Escribano.

Cuando llegó el turno de su abogado, Pablo Ollero, el exalcalde insistió en el «éxito» obtenido con su labor y se atribuyó la consecución de 50 ó 30 convenios de colaboración con entidades públicas y privadas como los ministerios de Defensa y del Interior para formar a soldados o facilitar la reinserción laboral de reclusos. «Yo no voy a echarme flores a mí mismo pero conseguí dos millones de euros a la Faffe y le costé unos 490.000 euros en ocho años. La Faffe debería haber estado...». No terminó la frase pero no hizo falta para que se le entendiera. Era la entidad de la Junta la que debería haberle estado agradecida a él y no al revés, dejó traslucir.

Torres presumió del viaje que hizo a Perú en representación de la Faffe como experto en mancomunidades. «Más de ciento y pico de alcaldes estaban alucinados porque les expliqué cómo conseguir recursos desde una administración municipal», proclamó. De manera acelerada y, en ocasiones, algo atropellada, el exdirector de Recursos Externos de la Faffe relató que «no fue a pedir trabajo al PSOE», porque él había dejado el ayuntamiento porque no se presentó a las elecciones municipales de 2003, no porque las perdiera.

De todos los convenios que dijo que gestionó, su firma sólo aparece en uno de ellos y no como cargo de la fundación sino por la otra parte contratante, como presidente de la Plataforma del Guadalquivir, un consorcio público que impartió formación a agricultores de Lora del Río (Sevilla). Defendió que su función consistía en «impulsar» esos acuerdos de colaboración, pero no se dedicaba a desarrollarlos. «Lo único que me hacía falta era dar yo las clases a los soldados. Yo no puedo ejecutar. No tenía más que un cuerpo».

En el tintero se quedó sin rubricar un acuerdo para colaborar con la agencia de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO: «Empecé a gestionar ese convenio en 2008. Si la Faffe no se extingue, por la madre que me parió que ese convenio se consigue». Pero la fundación fue disuelta en 2011, antes de la firma.

Al final del juicio, el fiscal mantuvo su petición de dos años y medio de cárcel y cuatro de inhabilitación para Torres como cooperador necesario de los citados delitos. Su jefe, Villén, se enfrenta a cuatro años de prisión por malversación y diez años de inhabilitación por prevaricación.