Defensor del Pueblo Andaluz: sin relevo pese a haber caducado el mandato hace siete meses

El mandato del Defensor del Pueblo Andaluz caducó en septiembre, hace ya más de siete meses, pero en el Parlamento andaluz no están teniendo mucha prisa, precisamente, en acometer su sustitución. Tras diez años ocupando el cargo, el propio Maeztu dejó claro en sus declaraciones que no tiene la voluntad de repetir un tercer mandato en la institución, aunque de momento lo está haciendo en funciones al no avanzar nada la renovación de este organismo regional. La legislación en este caso es diferente a la estatal y no asume el cargo el adjunto una vez cumplida una etapa y hasta que se escoge al nuevo, sino que en este caso la misma persona que ostenta el liderazgo de la Defensoría puede prolongar el mismo en funciones sin que exista un plazo definido para que éste concluya. Y eso está ocurriendo en esta oficina.

Para que se pueda suplir a Maeztu es indispensable obtener el respaldo de tres quintas partes de la cámara andaluza, la mayoría cualificada de la misma. Al menos 66 diputados tienen que dar su apoyo al nombramiento que se plantee por parte del partido mayoritario, en este caso el PP. De esta manera, la formación popular necesita pactar con otro grupo parlamentario o con varios de ellos el nombre de quien debe ser el nuevo responsable de la oficina del Defensor del Pueblo.

Desde el primer momento ha tenido sobre la mesa la posibilidad de hacerlo con Vox, y sumar a los 58 diputados del PP los 14 de ese partido, pero esta alternativa fue descartada desde un primer momento por el presidente del Gobierno andaluz y líder de los populares de la comunidad, Juanma Moreno, que quiere que esta elección se realice con el mayor consenso posible y con el apoyo del segundo grupo parlamentario en importancia, el del PSOE, con 30 escaños. Por ello, hace ya meses que se abrió una vía de negociación 'discreta' con los socialistas y con su entonces secretario general, Juan Espadas.

En un primer momento, las dos formaciones principales tenían más o menos perfilado un pacto para que el veterano político popular Jaime Raynaud fuera quien se hiciera cargo de la Defensoría. El que fuera portavoz municipal en Sevilla capital de este partido y diputado en el Parlamento andaluz y también viceconsejero de Fomento gozaba del teórico respaldo de la principal fuerza de la oposición para ser nombrado con esa mayoría holgada, pero los cambios en el PSOE-A no sólo dilataron el proceso sino que han hecho variar la posición con respecto a esta elección.

En enero, María Jesús Montero se convirtió en la secretaria general de los socialistas andaluces y pidió revisar el estado de algunas cuestiones y de los movimientos más recientes de su antecesor. De este modo, los acuerdos sottovoce de su partido con el PP quedaban en suspenso y, en lo que respecta al Defensor del Pueblo, se volvía a la casilla de salida.

Pese a lo destemplado de la irrupción de Montero en el escenario político regional, el presidente andaluz ha mantenido su planteamiento de alcanzar el mayor consenso posible con este cargo y nombrar a alguien que tenga también el respaldo socialista, evitando, de la misma manera, tener que depender de Vox. Se desconoce aún quién será el sustituto de Maeztu, pero tanto Moreno como Montero prefieren a estas alturas que la institución sea liderada por una mujer.

Con esa base, desde los sectores más conservadores del PP se ha venido impulsando la figura de la sevillana Teresa Jiménez-Becerril, que ahora mismo es, además, adjunta al Defensor del Pueblo Español tras ser diputada tanto a nivel europeo como nacional. Reúne, por tanto, un perfil muy ajustado al cargo, aunque su figura genera más recelos por parte de la izquierda y, en este caso, el apretón de manos con el PSOE es más complejo.

Por ello, el grupo mayoritario y que debe presentar la propuesta, el PP, también maneja el nombre de la política almeriense Marta Bosquet, con un perfil mucho más centrista por haber formado parte de Ciudadanos. Fue hasta julio de 2022 la presidenta del Parlamento de Andalucía con el respaldo de las formaciones de la cámara, de modo que concita mayores simpatías desde la izquierda y, con ella, sería más sencillo alcanzar ese acuerdo. Lo cierto es que tampoco se han volcado las voluntades necesarias en este tema y hasta la fecha apenas se han movido fichas y el mandato lleva meses caducado.