El TSJA anula el plan especial de recogida neumática de basuras de Córdoba

En una sentencia contra la que ya sólo cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo y a la que ha tenido acceso este medio, el organismo ha declarado nulo todo el Plan Especial de Recogida Neumática de Residuos Sólidos de Córdoba, un ambicioso proyecto ambiental que comenzó a desarrollarse en 2005. El argumento central (aunque no el único) del alto tribunal es la preponderancia del PGOU sobre dicho plan especial, condición que no se respetó en la planificación del proyecto. El caso ha sido llevado por el despacho Cecilio Valverde y Asociados.

La recogida neumática de residuos sólidos urbanos es una técnica con varias décadas de funcionamiento que consiste en enviar la basura doméstica hasta una central de tratamiento mediante tuberías que «aspiran» los desechos. Entre otros beneficios ambientales, se evita que los camiones de basura tengan que pasar por las calles, que además se liberan de la suciedad que suele acumularse en torno a los contenedores y puntos limpios.

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En la parte negativa está el elevado coste de la infraestructura, ya que supone colocar un punto de succión en cada bloque de nueva construcción, así como las conducciones para llevar la basura hasta la planta de tratamiento. Eso es lo que han tenido que pagar los vecinos que han comprado una vivienda de nueva construcción en las áreas de expansión de Poniente. El coste oscila entre los 120.000 y los 240.000 euros por edificio.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía se ha fijado ahora en la ubicación de las mencionadas centrales de procesamiento de la basura, de las que el Plan Especial preveía tres: Levante, Poniente Sur y Poniente Norte, ninguna de ellas construida. Algunos de los promotores de las viviendas de esta última zona litigaron contra el Ayuntamiento por la ubicación de la estación de tratamiento en el parque de Turruñuelos, una zona verde. Aquí es donde está el problema.

«El señalamiento en el plano urbano de las centrales de recogida de residuos tiene lugar por primera vez con el Plan Especial, al margen de las áreas que el Plan General tendría que haber calificado, de las que se carece de noticia», dice el TSJA. Y sigue de forma aún más explícita: «Incurre en una extralimitación por violación de las determinaciones» del PGOU. Aunque la central de Turruñuelos iba a ir soterrada bajo el parque, su construcción supondría destinar una zona verde a otra función para la que no fue diseñada en el Plan General, y eso es lo que alegaron, entre otras cosas, los propietarios afectados.

El TSJA, por otro lado, añade que «se convendrá que esta operación encierra una suerte de desafectación tácita de las zonas verdes». Por la vía de los hechos, se ha pretendido hacer con un plan especial lo que sólo podía llevarse a cabo con la modificación del PGOU. El plan especial ya ha sido anulado, pero el tribunal deja la puerta abierta a que el Ayuntamiento acometa los cambios que sean necesarios en el Plan General: «El PGOU es el instrumento (...) que proporciona cobertura legal en abstracto de la elección de una zona verde como emplazamiento de una central de recogida de residuos».

La sentencia del TSJA anula también dos decisiones tomadas por el anterior presidente de la Gerencia de Urbanismo, Pedro García, durante el mandato de PSOE e IU. Se trata de una instrucción del 11 de octubre de 2017 y una resolución del 23 de marzo de 2018. En la primera se trataba de impulsar el plan especial asumiendo el diagnóstico elaborado meses antes, en el que se determinaba qué zonas de Poniente contaban ya con la infraestructuras de recogida neumática de la basura. Ese documento, de carácter ejecutivo, ya indicaba que la primera central de tratamiento a construir sería la de Turruñuelos.

Por otro lado, la resolución anulada no es otra cosa que la negativa de García a atender el recurso de reposición presentado en la Urbanismo por los promotores contra la instrucción mencionada antes. Los afectados acudieron en primera instancia al Tribunal de lo Contencioso Administrativo número 24 de Córdoba, que dio la razón a la Gerencia en su interpretación. Ahora el TSJA ha decidido lo contrario.

El alto tribunal andaluz recuerda un caso jurídicamente muy similar, que además tuvo una gran repercusión mediática y económica y que fue resuelto por la misma sala. Fue otro fiasco urbanístico, pero esta vez en Sevilla.

Se trata de la construcción de la Biblioteca Central de la Universidad de Sevilla en una zona calificada como verde en el PGOU, en los jardines del Prado de San Sebastián. El edificio ya estaba muy avanzado cuando se decretó su ilegalidad, lo que obligó a derruirlo. La Universidad terminó despilfarrando casi 10 millones de euros en un edificio que, para colmo, había diseñado la prestigiosa arquitecta Zaha Hadid. La misma que participó en 2001 en el concurso para definir el Palacio del Sur de Córdoba.