tribunales
Trama de venta de permisos carcelarios en Córdoba: los reclusos pagaban hasta 30.000 euros por 'comprar' sus salidas
El funcionario de la Junta de Tratamiento detenido que se encuentra en libertad provisional bajo fianza cobraba 15.000 euros por informar favorablemente
Detenido un funcionario de prisiones en Córdoba por vender permisos de salida a reclusos
El funcionario jefe de servicio de la junta de tratamiento de la prisión de Córdoba investigado por vender permisos penitenciarios a los presos cobraba unos 15.000 euros por impulsar esas salidas de prisión desde su puesto en el organigrama del centro penitenciario ... de Alcolea. No era el único que presuntamente sacaba tajada en el asunto, sino que el Juzgado de Instrucción 8 de Córdoba también está sobre la pista marcada por la Guardia Civil e investiga a dos abogados de un bufete de Madrid implicados en esta trama y que se llevaban otros 15.000 euros por gestionar esas solicitudes de permisos penitenciarios, según ha podido constatar ABC de fuentes de la investigación.
En total, estos estos presos que pudieron beneficiarse de estas prácticas corruptas llegaron a pagar hasta 30.000 euros por salir de prisión con un permiso o un cambio de grado penitenciario, como pasar al Centro de Inserción Social (CIS) para cumplir el último tramo de las condenas, el tercer grado.
La jueza de Instrucción 8 de Córdoba ha dejado recientemente en libertad provisional bajo fianza al funcionario investigado y detenido el pasado mes de noviembre por un delito de cohecho mientras prosigue la investigación por parte de la Guardia Civil de Córdoba.
Detenido un funcionario de prisiones en Córdoba por vender permisos de salida a reclusos
La Guardia Civil lo detuvo el pasado sábado en las instalaciones penitenciarias y el investigado pasó ayer a disposición del Juzgado de Guardia
El modus operandi pasaba porque este funcionario detenido -que podría llevar años realizando estas operaciones dentro de la prisión- vendía estos permisos o al menos su voto a favor en la junta de tratamiento -órgano encargado de estudiar la situación de cada interno, las actividades que realizan, su clasificación o los permisos que puede disfrutar- del centro penitenciario de Alcolea a presos de alto poder adquisitivo en su mayoría cumpliendo condena por delitos de narcotráfico y los ponía a su vez en contacto con dos abogados madrileños que también cobraban el 50 por ciento de esta venta de permisos por su tramitación ante el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria.
La denuncia que ha abierto esta investigación de la que participa la Fiscalía de Córdoba partió de los propios internos que habían elevado varios escritos a la dirección del centro penitenciario denunciando prácticas corruptas como las que se describen y al mismo tiempo la existencia de gran número de móviles -que están prohibidos- en las instalaciones penitenciarias por lo que previsiblemente apuntaban a que habría algún responsable funcionario de prisiones detrás.
Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, confirmaba a ABC que, por el momento, el funcionario investigado había sido apartado de su puesto a la espera de otras medidas que puedan derivarse de estos hechos.
La jueza ordena prisión para el funcionario detenido por cohecho por la venta de permisos penitenciarios
El Juzgado de Guardia en funciones ordenó este pasado martes el ingreso en prisión comunicada y sin fianza por «vender» permisos a los internos
El Juzgado de Instrucción 8 de Córdoba ha abierto unas diligencias de investigación por este caso en el que este funcionario aparece, de momento como único detenido, dentro de una investigación más amplia por un delito de cohecho que pudo cometer al facilitar permisos de salida a internos a cambio de distintas sumas de dinero en el centro penitenciario de Alcolea, como miembro de la junta de tratamiento de Alcolea, según constataron a ABC de fuentes judiciales.
Aunque la investigación lleva abierta algún tiempo por parte del juzgado, agentes de la Guardia Civil no detuvieron a este funcionario hasta finales de noviembre en las instalaciones del propio Centro Penitenciario de Alcolea y fue 48 horas después cuando pasó al juzgado en funciones de guardia, y un día después la jueza ordenaba su ingresó en la prisión de Sevilla II en Morón de la Frontera, según confirmaron entonces a ABC fuentes del Instituto Armado.
40 años de servicio
El mutismo desde entonces se ha instalado en los sindicatos de la prisión quienes han eludido hablar del tema, aunque fuentes próximas a la investigación señalan que estas prácticas por parte del funcionario -con más de cuatro décadas de servicio- podrían remontarse a varios años atrás y podrían tener además de esos dos abogados madrileños investigados otros «cómplices» fuera de la prisión.
L detención de este funcionario de prisiones es la segunda de un empleado público del centro penitenciario de Alcolea el pasado año esta vez por introducir teléfonos móviles y droga.
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