Lo que no se puede

El concejal de Servicios Sociales, Rafael del Castillo (IU) , es un tipo lo suficientemente inteligente para entender que, cuando le dijeron que un decreto como el de las abogadas de Stop Desahucios y no más -Santo Tomás-, es que algo no estaba correcto del todo. Efectivamente, hay una forma para contratar, desde las administraciones, a quien se quiera. Se llaman plazas de libre designación y basta con incluirlas en el presupuesto municipal. Se dotan de partida para el ejercicio corriente, se aprueban por el Pleno y listo. El gobierno municipal ya puede llamar a quien le parezca conveniente: de Stop Desahucios, de la Peña Las Matildes o del Ministerio de Marina, si es que encaja en el perfil profesional buscado.

Pero es que el encargo de la Oficina de Defensa de la Vivienda a dos abogadas no es un nombramiento sino un contrato de servicios, una externalización. Troceado para que ninguna de las partes supere los 3.000 euros que es la cantidad por la cual el concejal puede firmar lo que le parezca oportuno sin consultar con nadie, sin establecer una competencia entre ofertas. Es como si el Ayuntamiento tuviera que amueblar una habitación y hubiese comprado, por separado, el sofá, la mesa, la estantería y las cortinas. En el argot administrativo se llama «fraccionamiento de contratos» y es más viejo que Doña Rogelia.

La cuestión, empero, no es burocrática. Efectivamente, a quien está en la actividad pública se le debe pedir compromiso pero también ecuanimidad y respeto a los topes que exige la ley. El Ayuntamiento decidió crear una oficina de atención a las personas que atraviesan problemas con su vivienda . Es evidente que hay que tener relaciones con la entidad o entidades sociales que han trabajado en esta materia porque conocen bien el terreno. Pero lo que está a debate es si una institución puede o debe asumir plenamente el ideario de una organización civil hasta convertirse en una extensión de la misma. Stop Desahucios o cualquier colectivo representa a sus socios y activistas. El Ayuntamiento de Córdoba , a todos los vecinos de la ciudad ya estén de alquiler a duras penas o tengan un patrimonio inmobiliario de consideración. En ningún caso, se defiende aquí que se les apliquen las mismas políticas sino que a ambos se les tenga esa mínima consideración que merecen. Esa es una cuestión nuclear en la política.

El decreto municipal firmado el 21 de octubre de 2015 establece que uno de los encargos para el servicio jurídico creado de urgencia es el siguiente: «Atender preferentemente a las personas que demandan información sobre ejecuciones hipotecarias y sobre ocupación irregular de viviendas ». Si no he entendido mal -cosa que me ocurre mucho últimamente, al parecer- se trata de que, con dinero del Ayuntamiento de Córdoba (lo que quiere decir de todos), se preste asistencia legal a personas que viven en una casa que no es suya sin contar con el respaldo de ninguna de las formas de posesión que se establecen en la ley: adquisición, donación, alquiler, etcétera.

Hay una corriente de pensamiento y activismo que ha establecido que residir en una propiedad ajena sin permiso del legítimo propietario es perfectamente válido cuando se trata del piso de una entidad financiera . De hecho, se anima a utilizar esta alternativa que, desde un punto de vista práctico, no es sino un fracaso de las políticas públicas de vivienda en las que este país ha gastado una ingente cantidad de dinero. Hasta el momento en el que se escriben estas líneas, se trata de una actividad que sigue estando considerada en el Código Penal como un delito. Con todas las matizaciones humanas que se quiera, con todas las aristas legales y morales que tiene el asunto, pero materia penal al fin y al cabo.

El debate, por ende, no es si gastarse o no 6.000 euros en dos meses y pico, ni siquiera si es la alternativa más lógica y transparente sabiendo, como sabían, que este tipo de casos acaban en el turno de oficio. Ni siquiera es si resulta presentable que una institución pública mande personas a un despacho profesional privad o del que pueden acabar siendo clientes. La cuestión aquí es que hay cosas que se pueden hacer y cosas que no cuando se ostenta un cargo público.