Un concejal del PP en Córdoba pide mantener la dedicación exclusiva y ejercer la abogacía

Rafael Ruiz

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04/10/2019
Actualizado a las 08:37h.

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El concejal de Recursos Humanos e Inclusión del Ayuntamiento de Córdoba , Bernardo Jordano (PP), pedirá al próximo Pleno que le conceda la compatibilidad para ejercer la abogacía en su despacho profesional, donde tiene el cargo de director de expansión , manteniendo la dedicación exclusiva como concejal, por la que percibe el salario completo previsto para los ediles de gobierno. Además, reclama que se le permita mantener el puesto de presidente de la Fundación Miaoquehago , que se dedica a trabajar con niños que tienen problemas de desarrollo infantil.

PSOE e IU ya han votado en contra en comisión de la propuesta que se verá en la próxima sesión plenaria. El posicionamiento de Vox y Podemos será clave de una petición que no es usual. En este caso, se mezclan la legislación sobre incompatibilidades (que hace una salvedad con las profesiones ligadas al Derecho) y las normas que regulan el puesto de concejal de gobierno que entienden que el cargo se ejerce en régimen de dedicación exclusiva .

Lo habitual hasta el momento era que, cuando un edil quería mantener su actividad privada, renunciaba a una parte proporcional de su sueldo público en función de la jornada de trabajo. Es el caso, por ejemplo, de la edil Blanca Torrent , que tiene un 25 por ciento de salario público precisamente para compatibilizar esta actividad con su labor como directiva en la empresa familiar, dedicada a la aceituna de mesa.

El secretario general del Pleno, Valeriano Lavela , ha escrito un largo dictamen en el que asegura que la dedicación exclusiva solo exige de la atención preferente al cargo pese a la definición de la Real Academia. El informe es positivo pero bastante abierto porque se basa en unas condiciones de muy difícil comprobación. En concreto, que el trabajo en un despacho de abogados no puede suponer un menoscabo de la atención que se dedica al puesto como concejal del Ayuntamiento.

Lo que no puede ocurrir es que, en el ejercicio de la abogacía, un edil en estas circunstancias lleve casos en los que se van comprometidos los intereses de la corporación municipal. La compatibilidad con la fundación privada comprometería, como mucho, posibles acuerdos futuros. Miaoquehago es una organización que se financia con aportaciones no ligadas a subvenciones.