El Seprona decomisa en Hornachuelos más de 20 perros de una rehala en pésimas condiciones: atados, desnutridos y viviendo entre sus heces

El Seprona de la Guardia Civil, con la colaboración de la asociación nacional de protección animal Galgos del Sur, ha decomisado más de una veintena de perros de caza de una rehala «en pésimas condiciones» ubicada en el término municipal de Hornachuelos (Córdoba). La asociación, que cuenta con un refugio con más de un centenar de perros ubicado en Villafranca de Córdoba, se ha hecho cargo de una docena, mientras que los otros trece animales han sido distribuidos entre el Ayuntamiento de Hornachuelos (3) y otros rehaleros (10), contando estos últimos con microchip identificativo.

Según la información ofrecida por Galgos del Sur, la inspección del Seprona en las instalaciones del rehalero, investigado ahora de un delito de maltrato animal, fue realizada el pasado viernes 26 de abril y arrojó indicios suficientes para proceder al decomiso de todos los animales encontrados en el lugar al día siguiente.

Un total 25 perros de caza vivos y uno muerto, aún atado a su cadena, fueron retirados del lugar. «Malvivían en condiciones lamentables y de insalubridad. Todos ellos caquéxicos, desnutridos, parasitados, con heridas, atados con cadenas y viviendo entre sus heces», denuncia Galgos del Sur.

La asociación asegura que todos los perros bajo su custodia están siendo ya atendidos en sus instalaciones, donde esperan que se recuperen para poder ser dados en adopción.

En palabras de Javier Luna, cofundador de Galgos del Sur y participante del decomiso, todo lo que había en el zulo era «crueldad animal». Afirma que los perros «estaban en las últimas», y que muchos no se sostenían siquiera en pie. «El hedor era insoportable. Una nave oscura donde los perros estaban atados con cadenas rebozados de sus propios excrementos», atestigua.

Luna concluye afirmando que «la terrible situación» que están viviendo los perros de muchas rehalas, «desgraciadamente no es aislada, sino crónica», y ha recriminado a la Junta de Andalucía, diputaciones provinciales y ayuntamientos que, conociendo «la crueldad» a la que son sometidos los perros de caza, «hagan la vista gorda» y «amparen su maltrato».