tribunales
Condenada a más de 6 años de prisión la exalcaldesa socialista de Peñarroya por la trama de los trenes turísticos del Caso Rocket
La Sección Tercera fija penas de prisión entre cinco y seis años y elevadas penas de inhabilitación para ella y el cabecilla de la trama presidente de la CEHFE
Caso Rocket: la Audiencia condena a tres años y seis meses de prisión a la exalcaldesa socialista de Peñarroya
La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba ha condenado a la exalcaldesa socialista de Peñarroya-Pueblonuevo, Luisa Ruiz Fernández, y al cabecilla de la trama del 'Tren Turístico del Guadiato' C.G., presidente de la CEHFE, del que la Fiscalía concluía que ejercía una influencia directa sobre la ex alcaldesa de Peñarroya, María Luisa Ruiz, en la que «él pide y ella da» a penas de prisión e inhabilitación por delitos de prevaricación administrativa, falsedad documental, malversación, y fraude de subvenciones. La causa ser efiera al tren turístico, vagón restaurante y museo del ferrocarril en la comarca.
En una sentencia que consta de 178 folios, la que ha tenido acceso ABC, el tribunal de la Sección Tercera absuelve a otros tres empresarios acusados, especialistas en la rehabilitación de trenes históricos, de los delitos de los que venían acusados, y condena a la exalcaldesa de Peñarroya por su participación delictiva en las tres tramas en las que se dividía esta segunda pieza juzgada a finales del pasado año.
La ex alcladesa de Peñarroya María Luisa Ruiz ha sido condenada en esta segunda pieza del caso Rocket relacionada con la delitos de malversación y prevaricación de los Fondos Miner para la recuperación de la antigua cuenca minera, a penas que suman un total de seis años y nueve meses de prisión y otras penas que suman más de 18 años de inhabilitación para empleo o cargo público. Han concurrido como atenuantes las dilaciones indebidas de un proceso que ha durado más de 10 años.
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En concreto, en cuanto a su gestión al frente del 'Tren Turístico del Guadiato', la Audiencia ha condenado a Ruiz por un delito continuado de prevaricación a cinco años y tres meses de inhabilitación para ejercer cargo de alcaldesa; a un año y seis meses de prisión por un delito de malversación; del delito de fraude de subvenciones a seis meses de prisión y al 45.000 euros de multa, así como un año y seis meses de prisión por el delito de falsedad, que viene acompañado de multa. A estas penas se suman la condena a tres meses de prisión por un delito de falsedad en documento oficial cometido por particular.
Del mismo modo, en relación a su participación delictiva en la compra del 'Vagón Restaurante' se le condena por un delito de prevaricación a otros tres años y seis meses de inhabilitación para cargo público.
En cuanto a las penas impuestas por la Audiencia de Córdoba por su implicación en la trama del 'Museo del Ferrocarril', la ex alcaldesa de Peñarroya ha sido condenada por el delito de prevaricación administrativa a tres años y seis meses más de inhabilitación. En este mismo entramado, Ruiz ha sido condenada a demás por un delito de falsedad, a las penas de un año y seis meses de prisión, multa y un año de inhabilitación. Y por último, el tribunal considera que ha cometido un delito de malversación por lo que se le impone una pena de un año y seis meses de prisión e inhabilitación absoluta por tiempo de tres años.
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Por su parte, la Audiencia condena a C.G., como cabecilla de la trama presidente del Centro de Estudios Históricos del Ferrocarril Español (CEHFE), como «cooperador necesario en el delito de prevaricación administrativa», entre otros, del delito continuado de tráfico de influencias en concurso con el de falsedad en documento privado, a la suma de más de cuatro años de prisión y más de siete años de inhabilitación.
La responsabilidad civil de estos dos condenados es elevadísima. El tribunal de la Sección Tercera de la Audiencia obliga a C.G., como conseguidor de la trama al pago en concepto de responsabilidad civil de 500.000 euros al Ayuntamiento de Peñarroya, y más de 178.000 para la ex alcaldesa de Peñarroya. Asimismo, el tribunal declara nula la venta transmisión de compra y venta de una máquina de tren adquirida por el Ayuntamiento de Peñarroya.
PIVAG generaba facturas ad hoc a la subvención
La sentencia cuyo ponente es el magistrado de la Sección Tercera, Miguel Ángel Pareja, recoge en cuanto al papel que jugaba la empresa pública municipal PIVAG en esta trama, recoge que «dicha entidad era utilizada por los acusados para que, a través de la encomienda de gestión, se evitase la aplicación de la Ley de Contratos del Sector Público». Por otro lado PIVAG «podía generar facturas en cualquier momento que sirvieran como justificación del gasto de la subvención«. Además PIVAG recibía las facturas de aquellas empresas que realizaban realmente los trabajos y emitía nuevas facturas, a su nombre, destinadas al Ayuntamiento de Peñarroya-Pueblonuevo.
Cuando el Consistorio remitía las facturas al Instituto para la Recuperación de la Minería para justificar el gasto de la subvención, esta entidad dependiente del Ministerio observaba que PIVAG, empresa receptora de una encomienda de gestión, era quien facturaba, «lo que parecía a todas vistas correcto y coherente, todo ello a pesar de que PIVAG no tenía capacidad para ejecutar los trabajos por los que facturaba por no tener los medios personales y materiales necesarios».
Teniendo en cuenta lo anterior, abunda el tribunal en su fallo, «durante la ejecución de este proyecto, PIVAG como entidad que tenía atribuida la encomienda de gestión, recibió facturas de diversas empresas por un total de 1.330.649,22 euros. Ahora bien, dentro de estas empresas, el acusado C.G., a través de las empresas CEHFE y CGFT, emitió facturas en el ámbito de este proyecto por un total de 401.075,30 euros a sabiendas de que se emitían por conceptos que no guardaban relación con trabajos reales para el proyecto Tren Turístico del Guadiato 1ª fase, aprovechando la posición de privilegio que sobre el proyecto tenía para así enriquecerse ilícitamente, siendo todo ello conocido y tolerado por la entonces alcaldesa María Luisa Ruiz».
La 'mordida' arbitraria del 2% en todas las facturas
Una vez que las entidades actuantes (CEHFE y CGFT incluidas) facturaban a PIVAG, días después, y por los mismos conceptos, PIVAG facturaba al Ayuntamiento de Peñarroya pero aumentando su importe, sin causa justificada y de forma arbitraria, por indicación de la alcaldesa, la acusada, en un 2% cada una, de tal forma que a través de más de 24 facturas emitidas entre los días 6 de agosto de 2009 y 23 de diciembre de 2010 PIVAG facturó al Ayuntamiento 816.979,75 euros (16.019,23 euros más de lo que las empresas intervinientes facturaron a PIVAG).
Por su parte, en este modus operandi, según recoge como hechos probados el fallo, el acusado C.G., puesto de acuerdo con la alcaldesa «elaboró una serie de documentos para justificar los costes del proyecto así como el grado de ejecución que se iba alcanzando en los mismos, documentos que no se ajustaban a la realidad y que eran confeccionados sin ajustarse a criterios técnicos de valoración, sin la realización de los correspondientes estudios previos y cuya exclusiva finalidad era justificar indebidamente el cobro del total de la subvención, siendo que ni los costes ni los tiempos de ejecución eran realmente los que se recogían en esos documentos«.
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Esta condena es la segunda para la ex alcaldesa de Peñarroya en la parte de la trama relacionada con el 'Tren Turístico del Guadiato y el Museo del Tren' dentro del caso Rocket después de que el pasado mes de noviembre fuera condenada a tres años y seis meses de prisión por los delitos de fraude de subvenciones y falsedad en documento público así como a tres años y seis meses de inhabilitación por un delito de prevaricación en la primera pieza del Caso Rocket relativa a los delitos relacionados con la urbanización de un polígono industrial Vega Currillo y Antonlín III con Fondos Miner injustificadamente durante su mandato.
Los hechos delictivos de la primera sentencia fueron cometidos, según el fallo, por la exalcaldesa Luisa Ruiz en distintos momentos de su mandato se concentran bien por contratar a su voluntad con estudios de arquitectura o geotécnicos sin concurso público (delito de prevaricación) o bien confeccionando memorias justificativas para recibir las subvenciones que o no se correspondían a trabajos reales (fraude de subvenciones y falsedad documental) y no debieron ser facturados.
En la sentencia, el tribunal condenaba además a Luisa Ruiz a indemnizar al Instituto para la Transición Justa (antes Instituto de Reestructuración de la Minería del Carbón) con 153.235 euros por las cantidades entregadas al Ayuntamiento por este Instituto y no dirigidas al objeto de la subvención relacionada con los trabajos en uno de los polígonos y en la cantidad de 22.713,92 euros por las cantidades entregadas al Ayuntamiento por este Instituto y no dirigidas al objeto de la subvención relacionada con los trabajos del polígono Vega Currillo, debiendo responder con carácter subsidiario el Ayuntamiento de Peñarroya-Pueblonuevo.
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