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Carmen Ortega, la historia de la ruina de una casa okupada en La Carlota

Es propietaria de una vivienda de la que su inquilino se negó a marcharse en enero tras cumplirse el contrato y ha denunciado el caso

Los okupas ponen el foco ahora en las parcelaciones de Córdoba

Carmen Ortega, la propietaria de La Carlota con una vivienda okupada por su anterior inquilino ABC

Javier Gómez

Córdoba

06/05/2023 a las 08:37h.

Carmen Ortega es una más de las miles de personas que sufren la lacra de la okupación en España. En este caso, es madre divorciada con un hijo menor de edad que está a punto de verse en la calle, sin hogar, a pesar de tener una vivienda en propiedad en el municipio de La Carlota (Córdoba).

Ortega vive actualmente en la capital, donde su hijo, con discapacidad, cursa estudios de cuarto curso de ESO. No tiene trabajo ni ingresos, ya que «al tener una vivienda en propiedad», a pesar de haber sufrido una okupación, no puede acceder «al ingreso mínimo vital». Ahora, mismo reside en Córdoba «porque mi tía me paga el alquiler», pero ya «no puede seguir haciéndolo más». De hecho, el contrato de arrendamiento de su piso cumple el próximo 1 de julio.

Carmen, en declaraciones a ABC, está tremendamente preocupada porque piensa que «me veo en calle», a pesar de tener una vivienda en propiedad en La Carlota. El problema está en que selló un contrato con un inquilino en enero de 2022 por un período de un año. Este contrato finalizó en enero de 2023. Sin embargo, el inquilino «ha decidido que no se marcha de la casa y lleva cinco meses ocupándola».

La situación ha dejado a Carmen Ortega indefensa, según explica. Nada más acabar el contrato y tras haberle manifestado su voluntad de no renovar el mismo, «porque no pagaba casi nunca entre el 1 y el 5 de cada mes, sino a partir del 21» y no le daba garantías, decidió citarse con arrendatario para solicitarle las llaves: «Siempre me decía que la semana siguiente, hasta que viendo que no cumplía le dije que le iba a denunciar» por la okupación.

Carmen Ortega

«No puedo tomar posesión de algo que me pertenece y él puede tener el lujo de quedársela porque la ley le ampara»

Dicho y hecho. Según el relato de Ortega, «fui a hablar con el alcalde de La Carlota, me remitió a la Policía Local y allí me tomaron los datos». Sin embargo, se queja de que «no han hecho nada, ni siquiera han ido a confirmar la ocupación», asegura. En paralelo a ello, la propietaria se puso en contacto con una abogada y ya «he denunciado el caso en el Juzgado de Posadas».

Sin embargo, Carmen lamenta que la lentitud de la justicia, que «todavía no ha admitido a trámite una denuncia que se presentó a principios de año»; y los trabas legales para acceder a su vivienda, ya que «la Ley me impide cortarle el agua o la luz, porque serían coacciones, o acceder a la residencia, porque cometería un delito de allanamiento de morada»; van «en beneficio de los okupas, porque a ellos no les consideran allanar mi propiedad a pesar de haberse quedado en ella» tras finalizar el contrato de arrendamiento.

Ortega también expone que decidió empadronarse en La Carlota en la vivienda de su propiedad que ahora mismo ocupa su anterior inquilino, pero que «me han expulsado del Padrón». Esta madre explica, según su versión, que «la Policía no ha ido a comprobar que se ha producido una okupación en mi casa, sin embargo, me llamaron a los dos días de presentar los papeles de empadronamiento para ver si residía allí».

Carmen expone que «me preguntaron que si estaba en ese momento en la vivienda, a lo que contesté que no, porque debían conocer que estaba ocupada, a lo que me contestaron que, entonces, no hacía falta que acudieran a la vivienda a comprobar que no residía allí», en la vivienda okupada.

Ortega está desesperada y manda un mensaje de socorro. «El contrato de mi alquiler en Córdoba se termina el 1 de julio y me veo en la calle sin ingresos ni ayudas». Esta mujer desgrana que «el ocupa le ha dicho a mi abogado que no se va de la casa 'ni con agua caliente'».

Carmen, con un hijo con dificultades, relata que «quiero regresar a mi casa», aunque tiene claro que, tras la situación que ha vivido, su idea no es seguir en La Carlota. Ortega añade que «lo ideal sería que pudiera venderla y comprarme algo en Córdoba, pero de momento este señor que ocupa mi vivienda ya me ha impedido hacer dos ventas que tenía seguras». Ortega vive «con cuatro mascotas», por lo que «es muy difícil encontrar otro piso en la capital para alquilarlo», además de que «mi tía ya no puede pagarme los 600 euros del alquiler y no tengo ni ingresos ni ayudas para pagarlos yo». Reitera que «me marche tras separarme de mi pareja, pero ahora necesito esa vivienda».

Para esta propietaria de una casa okupada en La Carlota, «ellos están informados y la ley los ampara, pero a ti no como propietario». De hecho, insiste en que «si tuviera 30 viviendas alquiladas, quizás esperaría, pero sólo tengo una vivienda en propiedad y necesito que sea mi domicilio». Como conclusión, relata que «no entiendo como la Ley es tan amplia para unos y tan estrecha para otros; yo no puedo tomar posesión de algo que me pertenece y esta persona puede tener el lujo de quedársela porque la ley le ampara».

La versión del Ayuntamiento

Por su parte, fuentes municipales del Ayuntamiento de La Carlota confirman que «efectivamente esta mujer vino al Consistorio a exponer la situación», pero apuntan que «no tenemos competencias en esta materia y se le explicó el procedimiento que tiene que seguir» ante la okupación que se ha producido. De hecho, detallan que se le explicó que «tenía que denunciarlo en el juzgado» como, finalmente, ha hecho.

Respecto a la posible pasividad de la Policía Local que asegura Ortega, las mismas fuentes del Ayuntamiento de La Carlota responden que «ella pretende que la policía dicte que allí se ha producido una okupación, pero eso no lo pueden hacer; y se le volvió a explicar el procedimiento que tiene que seguir».

En cualquier caso, desde el Consistorio se solidarizan con una situación que «es difícil, compleja y complicada», pero que «estamos limitados» para actuar por la falta de competencias. Además, explican que lamentablemente «tampoco tenemos viviendas municipales», como otras localidades, donde pudieran acogerla temporalmente.