El PP denuncia que la ley universitaria de Sánchez costará 12,7 millones extra a la Universidad de Córdoba

El portavoz de Universidad, Investigación e Innovación del PP en el Parlamento andaluz, José Carlos García, lamentó este viernes que la implantación de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) del Gobierno de Pedro Sánchez va a suponer un coste extra de 12,7 millones de euros para la Universidad de Córdoba.

Junto al presidente de Nuevas Generaciones de Córdoba, Ángel López Vílchez, José Carlos García mantuvo este viernes un encuentro con el Consejo de Estudiantes de la Universidad de Córdoba en el que abordaron distintos asuntos que afectan a los estudiantes cordobeses, entre ellos la aplicación de la LOSU y la futura Ley de Universidades de Andalucía.

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«La LOSU del Gobierno de Sánchez es una ley nefasta para los estudiantes universitarios ya que los deja fuera, no regula una representación mínima y no recoge la de representación estudiantil en las universidades», comentó el diputado autonómico.

Además, la aplicación de esta ley va a suponer un coste adicional para todas las universidades, en concreto para las universidades andaluzas les va a suponer 159 millones de euros solo en materia de personal, «algo que nos parece desproporcionado teniendo en cuenta que el Gobierno de España no quiere asumir ese coste adicional», criticó.

El PP quiere poner en marcha medidas para paliar los efectos de la LOSU, una ley, dice, perjudicial para las universidades en sí y para toda la comunidad universitaria. «Exigimos al Gobierno de Sánchez que asuma el coste total de la aplicación de la LOSU, no puede ser eso de que yo invito, pero pagas tú», afirmó el parlamentario.

En cuanto a la nueva Ley de Universidades de Andalucía, José Carlos García avanzó que «se quiere tratar cuestiones como los derechos que deben adquirir los estudiantes, entre otros la bonificación en las matrículas universitarias que permite que muchos estudiantes no tengan que abandonar sus estudios por motivos socioeconómicos».

En el Partido Popular «vamos a seguir trabajando por mejorar la calidad de la enseñanza universitaria y por garantizar los derechos de los estudiantes y de toda la comunidad universitaria, y para ello seguiremos trabajando con ellos en este proceso de escucha activa para conocer sus demandas y necesidades y trabajar de la mano para mejorar el sistema universitario», reseñó.

Por su parte Ángel López Vílchez valoró las medidas que el Gobierno de Moreno ha impulsado dirigidas a los jóvenes universitarios, como la reserva del 1% de las plazas para alumnos en riesgo de exclusión, la bonificación de matrículas para la UNED o centros adscritos como el Sagrado Corazón en Córdoba o la rebaja de las tercera y sucesivas matrículas.