El PP de Córdoba pide que los ERTE por sequía sean «de fuerza mayor» en pro del empleo

La diputada nacional del PP por Córdoba y portavoz de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en el Congreso de los Diputados, Isabel Prieto, solicitó ayer al Gobierno de España que todos los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) motivados por la sequía sean «considerados de fuerza mayor para proteger los empleos independientemente del sector laboral».

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En una rueda de prensa, la diputada informó de que se ha aprobado, a pesar del voto en contra de PSOE y Sumar, una Proposición No de Ley (PNL) en la comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en el Congreso en la que además se pide al Ministerio de Trabajo que publique o dicte una instrucción o criterio técnico para «concretar y definir legalmente el concepto de fuerza mayor que resulta de aplicación en la tramitación de los ERTE debidos a la sequía, de manera que se cuente con una homogeneidad y una mayor seguridad jurídica».

«El objetivo es que ningún trabajador pierda su trabajo por una causa ajena y externa que no se puede controlar, como es la sequía», defendió Prieto, quien hizo hincapié en las consecuencias que la sequía tiene también en términos laborales: «La sequía no es culpa de nadie, pero hay muchas víctimas de la falta de agua, a nivel humano y empresarial, y no podemos permitir que ninguna empresa se vea obligada a echar a la calle a ningún trabajador por esta causa».

Para hacer frente a la situación de sequía se han tramitado expedientes de regulación temporal de empleo por fuerza mayor en diferentes comunidades autónomas. En el caso de Andalucía se tramitaron numerosos expedientes, «existiendo diferencias sustanciales en los informes de la inspección, de modo que en algunas provincias el órgano inspector ha considerado la sequía como causa de fuerza mayor y en otras no», ha señalado.

Según expuso, «esto sucede porque no hay un criterio definido y provoca agravios comparativos y perjuicios a los agricultores, generando inseguridad jurídica e indefensión para el sector», de ahí que haya pedido al Ministerio de Trabajo que «exista un criterio común y homogéneo en toda España que puedan aplicar las distintas unidades territoriales de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social».

Además, indicó que «esta medida es aplicable a todos los sectores laborales», dado que «la sequía no sólo afecta al sector agrario y ganadero, también afecta a los sectores industriales y de servicios, como el turismo», subrayó.