Así logró una mujer de Fernán Núñez cancelar 130.343 euros de deudas tras divorciarse

Una vecina de Fernán Núñez ha sido beneficiaria de la Ley de Segunda Oportunidad y ha logrado cancelar deudas por valor de 130.343 euros que tuvo que afrontar tras divorciarse y quedar con dos hijos menores a su cargo y a las que no podía hacer frente por falta de recursos.

Según ha informado la Asociación de Ayuda al Endeudamiento (AAE), el Juzgado de lo Mercantil 1 de Córdoba ha dictado sentencia por la que concede a esta mujer el llamado Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho (BEPI) lo que cancela esos 130.343 euros de deudas. El fallo entiende que cumple con los requisitos establecidos tras haber presentado una demanda de concurso de acreedores de persona física.

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Esta mujer intentó antes un acuerdo extrajudicial con sus acreedores, básicamente entidades financieras, pero éstas no aceptaron la propuesta presentada ante notario. Previmanete había registrado ante los Juzgados un aviso de insolvencia, lo que blinda el impago hasta que finaliza el procedimiento juidicial abierto.

Según el relato de esta asociación de asesoramiento legal, I. A., que son las siglas de esta mujer, mantenía una buena situación económica con su cónyuge. Las nóminas de ambos les permitían afrontar el pago de las hipotecas suscritas con los bancos.

Sin embargo, cuando se produce el divorcio, ella arrastra la responsabilidad sobre la mitad de las deudas acumuladas, a lo que tenía que sumar los gastos de los dos hijos menores que compartían. Según los abogados de AAE, su exmarido no ayudaba en dichas cargas.

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Esta vecina de la localidad de la Campiña pide más préstamos para hacer frente a las deudas anteriores contraídas y que por su nómina en solitario no podía afrontar. «Fue peor el remedio que la enfermedad», afirman los letrados de esta asociación. Es cuando decide acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad, que o bien consigue una rebaja de la deuda total con un plan de pagos asumible, o incluso el perdón de toda la deuda.

Los requisitos que es necesario cumplir para acogerse a esta normativa son la insolvencia del interesado, no haber sido exonerado en los últimos 5 años y carecer de delitos de orden socioeconómico, entre otros.