La Junta de Andalucía decide en julio si frena las plantas solares de Morente

Javier Gómez Postigo

Córdoba

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17/05/2023
Actualizado a las 11:49h.

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La Junta de Andalucía tomará una decisión definitiva el próximo 10 de julio sobre si paraliza finalmente los proyectos de megaplantas solares de Guadalquivir 1, 2, 4 y Guadame que podrían arrasar miles de olivos centenarios en Morente, aldea entre Bujalance y Pedro Abad.

De momento, el Ejecutivo regional ha suspendido de forma cautelar el procedimiento que avala esta infraestructura tras recibir 96 alegaciones. Entre ellas, la de Cayetano Martínez de Irujo, propietario de una de las fincas (Hierro) que destruiría el proyecto. Cree que «esto no es Venezuela ni Mozambique» para que el trámite de expropiación forzosa que pretende la promotora salga adelante.

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Martínez de Irujo detalló ayer a ABC Córdoba que «96 alegaciones son una salvajada», lo que ha provocado que la Junta de Andalucía abra los ojos y haya decretado la suspensión cautelar del procedimiento que había dado luz verde hasta ahora a cuatro megaplantas de las once proyectadas en el Alto Guadalquivir.

Cayetano explica los dos motivos principales de su oposición al proyecto. Primero, expone, en declaraciones a este periódico, que «es inaudito que un particular pueda expropiar a otro particular», ya que «esto es España y el siglo XXI, no estamos en Venezuela ni en Mozambique». En segundo lugar, el duque de Arjona y conde de Salvatierra añade que «quieren sustituir la mejor tierra de regadío de España por un supermercado», ya que entiende que «no se puede cambiar un bien de primera necesidad como son la agricultura y los alimentos por uno de segunda o tercera como sería generar energías renovables».

El proyecto de estas megaplantas en los términos municipales de Bujalance y Pedro Abad acabaría con unas 600 hectáreas, principalmente de olivar. A su juicio, «es consecuencia de una ley que aprobó Zapatero en su día y que Rajoy intentó enmendar».

Para Martínez de Irujo, «esa norma es un desastre, como la ley del sólo sí es sí», reflexiona. Eso sí, tiene claro que las plantas sólo tienen fines especulativos, ya que «lo ha presentado un personaje que viene del mundo de la construcción y la promoción» que ahora gestiona este tipo de proyectos de energía verde. En cualquier caso, el promotor ya habría ofrecido las megaplantas a fondos de inversión con la mediación de una entidad financiera sin ni siquiera haber obtenido aún la expropiación de los suelos.

Desde la Casa Alba, el duque de Arjona detalla que el proyecto se ha hecho «en fraude de ley». En este sentido, destaca que «la vía de evacuación de las once plantas es la misma». ABC ya publicó el 9 de mayo que la Junta había dado la autorización administrativa previa a esa línea de 28 kilómetros que pasa por cinco municipios de Córdoba y Jaén.

Martínez de Irujo también pide al «Ministerio de Industria que se pronuncie», puesto que «lo han engañado» troceando las plantas en varias para escapar de su supervisión y pasar a las competencias de la Junta. «Hemos presentado escritos», pero detalla que «la ministra no contesta». Además, recuerda que las megaplantas han salido adelante «de forma sigilosa, ¿o alguien piensa que estamos leyendo todos los días el BOJA para ver si nos expropian?».

A Cayetano Martínez de Irujo pretenden expropiarle «90 hectáreas de una finca de 210», pero «me la parten por la mitad y la dejarían inservible». Reitera varias veces que «no es una cuestión económica», y recuerda que «conmigo ni han hablado, pero sé que hay vecinos a los que les han ofrecido un 35 por ciento menos del precio de mercado».

El conde Salvatierra además arremete en ABC con dureza contra el informe ambiental. A su juicio, «es de juzgado de guardia». Explica que un proyecto así necesita un trabajo «de un año de seguimiento, y el técnico sólo ha estado tres días allí». Apunta que en la zona anidan «avutardas y aguiluchos cenizos, que están protegidos». En este sentido, recuerda al delegado territorial de Energía, Agustín López, que «un dirigente ante todo tiene que interpretar la ley para defender a su gente y sus intereses».