La catástrofe de la desamortización

El 17 de julio de 1834, 73 frailes de conventos de Madrid fueron asesinados en un motín anticlerical que acusaba falsamente a los monjes de envenenar las aguas. Fue algo insólito en un país que había sido el campeón del catolicismo. Pero las cosas estaban cambiando. En la primera guerra carlista (1833-1840) el clero sencillo había apostado por los carlistas y los ultras liberales en el Gobierno y las sociedades secretas encontraron una solución a sus problemas, señalando un enemigo al pueblo y, poco después, expropiando los bienes eclesiásticos para saldar la deuda pública.

Como apuntó Remedios Morán, el liberar los bienes de «manos muertas» (nobleza, ayuntamientos y órdenes religiosas) se inició ya en el XVIII, pero ordenada y consensuadamente. Sin embargo, en 1835 Mendizábal y en 1855 Madoz, decidieron «acelerar» el proceso. Suprimieron todos los conventos para distribuir mejor la riqueza, obtener dinero con la venta de bienes y ganar adeptos entre los compradores. Sólo en Córdoba capital desaparecieron más de veinte, algunos con 600 años de historia.

Sin más rastro que su nombre en el callejero San Francisco en la Arruzafa, Santos Mártires en la Ribera, Nuestra Señora de la Victoria, San Lázaro, San Martín, Espíritu Santo, Jesús y María, Santa María de las Dueñas, Concepción, Encarnación Agustina y Santa Inés. De Santa Clara y Regina queda el edificio vacío y sin uso. Con usos particulares perviven San Jerónimo de Valparaíso, el Oratorio de San Felipe Neri y Santa María de las Nieves, hoy Real Círculo de la Amistad. En seis casos se salvó el templo y prosigue el culto: San Pedro el Real, actual parroquia de San Francisco, la Merced, la Trinidad, San Pedro Alcántara, San Basilio y San Roque.

Consecuencias: se perdió un vasto patrimonio, pinturas, retablos, esculturas, muebles y libros, que fueron en muchos casos a particulares o al extranjero; sólo compraron inmuebles y cortijos la alta burguesía, que pasaron a ser los nuevos y más duros arrendadores; y las gentes humildes que gozaban de educación, sanidad y mantenimiento al amparo de conventos, sostenidos por sus propiedades, quedaron sin protección, sin que el Estado aún pudiera hacerse cargo. Los ricos fueron más ricos y los pobres más pobres y resultó un factor más de enfrentamiento entre españoles en aquel siglo XIX, estéril para España.