Caso Infraestructuras | La Policía busca si hubo regalos por contratos municipales en Córdoba

La investigación del caso Infraestructuras, que lleva el juzgado de instrucción número 4 y que ha generado la detención del exconcejal del ramo David Dorado (cuando sucedieron los hechos en Cs, ahora no adscrito), ha pasado de ser una cuestión relativa a los controles administrativos a un presunto caso de corrupción lucrativa en toda regla.

La línea de investigación que siguen los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal del Cuerpo Nacional de Policía, la UDEF, tiene varias patas. La primera, si se pagaron dádivas a cambio de contratos municipales a un grupo escogido de empresarios que tenían acceso preferente a los trabajos públicos. La segunda es si eso se hizo por medio de una actuación concertada consciente entre los actores presuntamente implicados. La tercera es si se alteraron las reglas del juego del gasto público para que ella sea posible. Son las definiciones de los tipos de cohecho, integración en grupo criminal y malversación, delitos aún presuntos.

La parte más jugosa de la investigación radica en la presunta entrega de dádivas o sobornos a cambio de contratos públicos. Las indagaciones de estas características no se realizan sobre transferencias económicas bancarias que son perfectamente detectables por los cuerpos de seguridad del Estado. Se buscan formas alternativas de compensaciones que se encuentran prohibidas por la legislación para los altos cargos y funcionarios públicos.

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Lo que se está investigando es que empresas con intereses en contratos municipales hayan respondido de pagos sobre actividades privadas, personales, a cambio de recibir contratos municipales. Por ejemplo, mediante una estancia en un balneario de lujo para dos personas que sustanciaría la acusación de presunto cohecho. Este tipo delictivo ni siquiera exige el requisito de haber disfrutado de esos regalos. Basta con haberlos requerido de alguna manera para que se haya cometido un delito.

De momento, no es posible argumentar hasta qué punto los agentes de la UDEF han podido constatar el desarrollo de pagos en especie a responsables de la Delegación de Infraestructuras (solamente David Dorado tiene cargos de cohecho de las tres personas investigadas). Toda la información que recaban los agentes se encuentra en un atestado policial que fue encargado por el juez Rodríguez Lainz para determinar, entre otras cuestiones, los grados de parentesco y relaciones societarias de los empresarios investigados en la presunta trama. Esa, junto al resto de la instrucción, es la base de la información que dispone el juez para confirmar (en su caso) la consideración como investigados de las trece personas.

ABC ha podido constatar que existen fuentes documentales y gráficas que permiten señalar indicios de regalos y una concertación de voluntades para recibir contrataciones públicas. Se trabaja con extractos contables y fotografías de encuentros entre los responsables de Infraestructuras y empresarios con intereses en contratos públicos. Dichos encuentros no se realizaron en las instalaciones del departamento municipal.

Fuentes judiciales familiarizadas con el caso Infraestructuras explican que los hechos que han dado pie a la detención no se corresponden con datos que hayan formado parte de la instrucción judicial realizada hasta el momento. Se trata de elementos nuevos en la investigación. Esa es la razón por la que personas que tenían la consideración de testigos y que ya habían prestado declaración en sede judicial fueron arrestados en Comisaría (con su posterior puesta en libertad con cargos).

El hecho de que no hayan dormido en el calabozo no implica que se lleven a cabo comparecencias de urgencia. No cabe, en este caso, prevención sobre los derechos constitucionales de los detenidos. La previsión inicial es que sean citados a declarar en torno al mes de febrero. Una vez que se haya comunicado a todas las partes el contenido de las actuaciones de la UDEF y los respectivos representantes legales (defensores o acusaciones) sepan exactamente de qué se está hablando.

El presunto desarrollo de contraprestaciones a cambio de contratos públicos no ha formado parte, hasta el momento, de las dinámicas del caso Infraestructuras salvo en el terreno de las sospechas y los rumores. La Fiscalía remitió el asunto al juzgado como una presunta prevaricación y falsedad que se ceñía a la excoordinadora general de Infraestructuras y a un funcionario de la institución. De hecho, el discurso del exconcejal de Infraestructuras ha sido siempre que respondía a una petición expresa del alcalde de Córdoba, José María Bellido (PP), y su equipo de confianza de que se llevasen a cabo una serie de actuaciones de reparación incluidas, sin mayor demora, en un plan de choque para la revitalización de la economía tras el impacto del Covid.