tribunales
Caso Infraestructuras | Las facturas falsas se cubrían con informes de necesidad de las obras irreales
El subdirector del Área testifica ante la UDEF sobre cómo actuaba esta trama empresarial y con el funcionario investigado
El avance de la investigación del 'Caso Infraestructuras' por parte del Juzgado de Instrucción 4 de Córdoba deja patente en el último atestado de elaborado por la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) que «alguien falsificaba los 'informes de necesidad' que se unían a las facturas falsas emitidas» para darle cobertura a obras sin realizarse.
En concreto, la investigación policial -que suma ya 15 empresarios detenidos e investigados como el ex jefe de la Unidad de Mantenimiento de Colegios y la la coordinadora del área- recoge en su atestado la declaración como testigo del subdirector general del Área de Infraestructura del Ayuntamiento de Córdoba al que los agentes le piden que explique cómo es posible que se emitan facturas sobre trabajos no realizados.
Este testigo responde a los agentes especializados en delitos económicos que «alguien falsificaba los 'informes de necesidad' que se unían a las facturas falsas emitidas y después ambos documentos eran firmados por el jefe de la Unidad y el concejal correspondiente.
Caso Infraestructuras | Sólo tres de las empresas de la trama facturaron 2,6 millones de euros
La UDEF recomendó al juez que el Ayuntamiento hiciera una auditoría de los pagos a las sociedades investigadas para concretar el perjuicio
A preguntas de los investigadores de la UDEF de cuál era el camino concreto de una factura emitida por una empresa ajena al Ayuntamiento, dentro del Área de Infraestructura, para llegar a su pago, este responsable del área —que sucedió en el puesto al jefe de la Unidad principal imputado en la causa de las facturas falsas— declara «que en primer lugar una vez generada la necesidad de una actuación, el responsable del edificio o departamento, envía un email al área de Infraestructura, generando una incidencia (albañilería, fontanería, etc)».
Si el valor es inferior a 3.000 euros, el capataz tiene margen de tirar de empresas ya usadas, pero la responsabilidad era del entonces jefe de la Unidad de M,antenimiento de Colegios y Edificios Públicos, investigado por presuntos delitos de prevaricación, de falsedad en documento público, y un posible delito de malversación de caudales públicos.
El segundo paso, una vez realizado el trabajo y supervisado por el capataz, según este testigo, era la firma de un albarán que se entrega en la Unidad de Administración del Área, donde un funcionario anota y archiva. Posteriormente, la empresa emite factura a través de una plataforma, llegando a la unidad de administración del Área, donde se le adjunta un informe justificativo de necesidad y realización del trabajo, y estos documentos son presentados al jefe de la Unidad por separado, ya que; el citado informe lo firma el jefe de la Unidad y el director general del Área, y la factura la firman el jefe de la Unidad y el concejal de Infraestructuras.
«El 'informe de necesidad' lo firma el jefe de la Unidad de Mantenimiento de Colegios y Edificios Públicos»
Investigación
Por tanto, la explicación que da este testigo a cómo es posible que se emitan facturas sobre trabajos no realizados es que «alguien falsificaba los 'informes de necesidad'». Este hecho, explicaría que existan facturas, empresas y trabajos, desconocidos por los capataces y por la administrativa del Área de Infraestructuras, «porque no existían albaranes ni habían pasado por esta administrativa», según revelan los testigos a la UDEF.
Este mismo subdirector de la Unidad de Mantenimiento, nombrado en agosto de 2022, añade además, que hay trabajos de carácter administrativo que realizan dos funcionarios y, otro montante, va a la Unidad de Administración de la Delegación de Infraestructuras, donde se encuentran otros funcionarios, encargados de recibir los 'informes de necesidad' y realizar el trámite administrativo para la remisión de las facturas a Contabilidad.
«Todo el mundo sabía lo que ocurría»
En otra pata del 'Caso Infraestructuras', relativa al área de Alumbrado Público investigado por el Juzgado de Instrucción 2 de Córdoba, dos de los empresarios que plantearon las quejas ante el exconcejal David Dorado que dio lugar a una denuncia ante la Fiscalía han declardo en el juzgado para admitir la dificultad que existía para las empresas que querían optar a alguna licitación para alcanzar precios competitivos ya que se exigía desde la Unidad de Alumbrado Público unas «características muy concretas de contadores», que sólo lo vendía una sola empresa de forma rápida.
Estos empresarios han declarado, que «era sabido por todos la dificultad para acceder a uno de estos contratos de este área municipal en la parte de Alumbrado Público y que dieron pie a la denuncia del exconcejal ante la Fiscalía.
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