Caso Infraestructura | Los empresarios investigados declaran al juez que accedían a las licitaciones siguiendo las bases

Pilar García-Baquero

Córdoba

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03/03/2023
Actualizado a las 15:40h.

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Las comidas o reuniones privadas que pudieran tener alguno de los empresarios investigados por el juez Rodríguez Laínz -detenidos el pasado mes de diciembre en la 'Operación Caronte'- por supuestas irregularidades en los contratos dentro del 'Plan de Choque' del Ayuntamiento de Córdoba con el responsable de esa unidad del Área de Infraestructuras «no tenían como finalidad conseguir una de estas licitaciones».

Así lo han defendido algunos de los empresarios llamados a declarar este viernes por el titular del Juzgado de Instrucción 4 de Córdoba dentro del 'Caso Infraestructuras' quienes han justificado ante la sala que si se les ha visto juntos fue «por amistad de más de 20 años con el jefe de Mantenimiento de Colegios y Edificios Públicos -compañeros de carrera- y no porque se accediera así a un contratro».

De esta forma, desde las 9.30 horas de la mañana se ha ido sucediendo la declaración, uno a uno, de los siete empresarios investigados -V.S., D.F., M.A.C.; FJ.C.; A.J.R.; S.J.- acompañados por sus letrados en esta pata matriz del Caso Infraestructuras por el Plan de Choque hasta pasadas las 12 del mediodía.

Mientras, hay otras cinco causas diferentes, derivadas de los últimos dos atestados remitido al juzgado por la UDEF donde los agentes recogían la supuesta comisión de delitos por parte de estos empresarios y responsables del área municipal de cohecho, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos se reparten en éste mismo juzgado y otros dos órganos judiciales más.

Otras de las cuestiones planteadas en el interrogatorio por Rodríguez Laínz ha sido si conocían el por qué, quién o cómo se «fraccionaban estos contratos» a lo que los empresarios han respondido -según han explicado los abogados de las defensas a su salida a ABC- que «no conocían personalmente a los responsables del área -sí al jefe de la unidad en algunos casos- y que eso correspondía a cuestiones técnicas; que el tipo y clase de contrato lo redactaban los técnicos y que ellos se limitaban a cumplir las bases publicadas que recogían las licitaciones«.

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Hay que recordar que la declaración en sede judicial del ex jefe de la Unidad de Mantenimiento de Colegios y Edificios Púlbicos del Ayuntamieno de Córdoba, investigado en este caso como cúspide de esta supuesta trama , sirvió hace un año para echar balones sobre las obras menores cuestionadas por la Fiscalía y argumentar que éstas formaban parte de un plan de choque municipal que debían estar acabadas antes del 30 de diciembre de 2020, según las órdenes que dijo recibir de sus superiores.

Esta primera declaración del caso, se recogían detalles que en la declaración de hoy se han retomado, sobre quién decidía y a qué empresas se les adjudicarían las obras en tela de juicio; o por qué la luminaria de la avenida de Libia o las cubiertas de edificios municipales como el de Gran Capitán se hacían con contratos pequeños y no por lotes.

El ex jefe del Área de Infraestructuras explicó hace un año ya explicó al juez Rodríguez Laínz, instructor del caso, que el Ayuntamiento contaba en su área con unas 60 empresas, con las que se solían contratar habitualmente para la ejecución de obras menores.

Este imputado quiso aclarar ya entonces ante el togado que las obras puestas en solfa por la Fiscalía tenían relación con un plan municipal de choque impuesto por el propio alcalde con una dotación presupuestaria de 500.000 euros y con la advertencia de que tenían que ejecutarse y emitirse su certificación final o factura con fecha limite de 30 de diciembre de 2020.

En esas condiciones, el trabajador municipal aclaró haber tramitado él mismo los 22 expedientes a los que se refiere la denuncia de la Fiscalía (a instancias de otra de Izquierda Unida) y que la selección de los contratistas se hacía depender en un principio de las capacidades y solvencia que demostraban para lo cual, en primer lugar, se encargaba a los capataces del Ayuntamiento que controlaran la forma y aptitud de trabajo de las distintas empresas, adjudicándoles, en primer lugar prestaciones de escasa entidad.

Las respuestas que han dado estos empresarios este viernes en sede judicial no parece que, hasta el momento, hayan despejado dudas sobre en quién recaía esa responsabilidad sobre el tipo de contrato y quién decidía a quién se lo otorgaban.

Hay que recordar que este pasado jueves estaban previstas las declaraciones en esta causa del ex concejal David Dorado -sobre el que pesa una imputación 'incierta' en palabras del propio juez en este asunto-; la ex coordinadora del área y el ex jefe de la Unidad de Mantenimiento de Colegios y Edificios Públicos del área de Infraestructruas que fueron suspendidas por la huelga de LAJ.

Un extremo que ha sido criticado por el letrado Carlos Arias, defensa del ex concejal Dorado, quien ha afeado el hecho de que ayer se suspendieran las declaraciones previstas por la huelga y falta de Letrado de la Administración de Justicia y hoy -sin la presencia física del LAJ- sí se hayan llevado a cabo. «Voy a solicitar a partir de este momento la presencia de LAJ en todas las declaraciones previstas en este caso como marca el artículo 743 de la Ley de Enjuiciamento Criminal», ha manifestado Arias.