El impacto del impuesto al plástico en Córdoba | Las empresas lo repercutirán al cliente

El impuesto al plástico no reutilizable del Gobierno central entró en vigor en España el 1 de enero. Aunque es un tributo que grava la producción de bolsas, film de embalaje o bandejas, todo apunta a que lo acabará notando en su bolsillo el consumidor final de los productos.

A esa conclusión se llega tras escuchar los testimonios de destacadas empresas y cooperativas de Córdoba, o íntimamente ligadas a ella, consultadas por ABC sobre lo que les supondrá a ellas la puesta en marcha de este impuesto y las consecuencias generales que tendrá sobre la economía. Este periódico ha recabado las impresiones de SP Group (Plastienvase), Comercial Piedra, Dcoop y Sunaran.

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Pablo Cruz

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El gravamen activado recae sobre la fabricación e importación de elementos no reutilizables que contengan plástico en cuanto a que estén diseñados para contener, proteger, manipular, distribuir y presentar mercancías. Ello afecta tanto a si se presentan vacíos como prestando la función para la que son diseñados.

La lista de productos afectados es muy extensa. Por citar algunos muy habituales: bandejas para contener y proteger alimentos; bobinas retráctiles; bolsas; botellas, bidones y garrafas, como los utilizados para productos de higiene (gel, champú o jabón) o alimenticios (refrescos, aceite o salsas); botes de droguería; film (de embalaje o protector de burbujas); mallas o redes (como las de fruta) o tetrabriks.

El tipo impositivo aplicable es de 0,45 euros por kilogramo de plástico no reciclado contenida en los productos objeto de este gravamen, como, por ejemplo, los ya citados. Este tributo supuso marejada en el sector empresarial español.

A principios de diciembre, catorce asociaciones nacionales de los sectores de alimentación, bebidas, perfumería y cosmética, droguería, hostelería, textil, ferretería y bricolaje y bienes tecnológicos de consumo —entre ellas, estaban Asaja o Cooperativas Agroalimentarias— solicitaron sin éxito al Gobierno que aplazara la entrada en vigor de este impuesto. Proponían una moratoria de un año de duración.

Y denunciaban, además, que España se «queda sola» en la UE en la aplicación de un tributo de este tipo —«No es obligatorio para los estados miembros»—, después de que Italia finalmente decidiera aplazar su activación. También se han alzado voces empresariales advirtiendo del espíritu recaudatorio del Ejecutivo central con esta medida. Éste alega que es un gravamen para avanzar en la reducción de los plásticos de un solo uso.

Luego, ha habido otros posicionamientos como el de la CEA (Confederación de Empresarios de Andalucía) o el de la Asociación Nacional de Industriales Envasadores de Aceite (Anierac): han advertido de que este tributo acabará trasladándose al cliente final. En un escenario prolongado de aumento de los gastos de los negocios (electricidad, envases o transportes), este nuevo coste terminará repercutiendo en el consumidor, que está viendo cómo los precios de la alimentación ya están de por sí disparados.

Baste recordar que, en el caso de la provincia, el coste de la comida cerró 2022 con un aumento interanual del 14,9%, según el INE. Es actualmente el producto más inflacionista para los hogares cordobeses.

La estructura de este impuesto parte del fabricante, que es el que lo paga. Luego su impacto será en cascada: el mayorista que adquiera los productos del citado fabricante lo sentirá en un precio mayor de compra y lo trasladará al minorista, quien lo acabará repercutiendo en el cliente final.

Las empresas y cooperativas de Córdoba, consultadas por ABC, dan por hecho que este tributo acabará elevando lo que pague el consumidor por los productos. Por ejemplo, el CEO de SP Group, Francisco Bernal, estima que este tributo subirá «entre un 2% y un 7%» el precio de los alimentos envasados. Además, señalan que este gravamen tiene un objetivo recaudatorio.

En nuestra provincia, este tributo también ha tenido su repercusión política. El diputado nacional del PP por Córdoba Andrés Lorite, en un comunicado, censuró que el Gobierno central haya implantado el impuesto al plástico no reciclable cuando «los cordobeses, como todos los españoles, sufren una inflación disparada y una nueva crisis económica».

Y advirtió de que «este tributo dañará la economía doméstica de todos los ciudadanos». Porque, denunció, incrementará el «precio de la cesta de la compra una vez más, cuando ya de por sí es el más caro en muchos años».