Córdoba cierra 2022 con un alud de quiebras: los concursos de acreedores se disparan un 46,6%

La crónica de la 'muerte' anunciada de un gran número de empresas cordobesas, tras el fin de la vigencia de la moratoria concursal el pasado 30 de junio, ha quedado plasmada en el último informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ): el pasado ejercicio se cerró con 220 concursos de acreedores, frente a los 150 de ejercicio anterior, lo que supone un incremento del 46,6 por ciento.

La pandemia del Covid ha provocado daños irreparables en muchas empresas, que han desembocado, irremediablemente, en quiebras. En este sentido, la moratoria concursal suspendió la obligación del deudor que se encontrase en situación de insolvencia de solicitar la declaración de concurso y supuso, además, que no se admitieran a trámite las solicitudes de concurso necesario presentadas durante su vigencia. No obstante, esta moratoria no impedía que el deudor que se encontrara en situación de insolvencia pudiera solicitar la declaración de concurso.

Del total de concursos presentados, 122 los interpusieron personas naturales no empresarias; 46 de personas naturales empresarias; y 52 llegaron de la mano de personas jurídicas.

Los operadores jurídicos ya advirtieron, a mediados del pasado ejercicio, que iban a aumentar de manera exponencial los procesos concursales de personas físicas (han pasado de las 63 registradas al cierre de 2021 a las citadas 122) para poder acceder a lo que se denomina 'segunda oportunidad', un mecanismo mediante el cual es posible reducir la carga financiera hasta la cancelación total de las deudas pendientes.

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Pueden acogerse las personas físicas o autónomos que se encuentren en una situación de insolvencia y no puedan pagar sus deudas actuales o que prevean que no podrán pagarlas en un futuro inmediato. Eso sí, hay que tener en cuenta que no se puede condonar todo: hay débitos que se califican de 'imperdonables', como la hipoteca, las deudas por responsabilidad civil, las derivadas de sanciones muy graves o las deudas por alimentos.

De la mano de muchas quiebras han llegado despidos que han pasado por los tribunales. A lo largo del pasado ejercicio, los juzgados cordobeses de lo Social han ingresado 1.342 demandas por ceses de la relación laboral; doce meses antes fueron 1.046 (un 28,2 por ciento menos).

El informe del CGPJ también analizan las demandas por reclamaciones de cantidad y los procedimientos monitorios, que a lo largo del año pasado han experimentado un incremento sustancial. Con respecto a las primeras, al cierre de 2022 se han elevado a 1.517, frente a las 1.452 del mismo periodo del año pasado. Por su parte, los monitorios ingresados han llegado a 12.527, un 24,8 por ciento más que en 2021, cuando fueron 10.031, según los datos del Consejo.

En lo que respecta a las ejecuciones hipotecarias, estas aumentaron igualmente, pero en menor proporcion. A lo largo del pasado año se han ingresado 520, apenas un 1,5% de hipotecados más con dificultades para hacer frente al pago de la letra mensual que deben a su banco y eso a pesar de la elevada inflación.

La ejecución hipotecaria es el procedimiento que el banco inicia cuando el propietario de un inmueble con hipoteca deja de pagar su deuda con el objetivo de embargar la casa y sacarla a subasta.

No obstante, no todos estos procesos concluyen con el desahucio de los moradores, aunque el pasado año se cerró con un aumento de los lanzamientos: se practicaron un total de 401, frente a los 362 de 2021. Y ello a pesar de que el Gobierno aprobó el escudo social durante la pandemia, una medida que supuso la suspensión de los desahucios de viviendas para personas y familias vulnerables y que el Ejecutivo extendió hasta el pasado 31 de diciembre de 2022.

No obstante, esta moratoria, aplicable principalmente a arrendatarios, preveía una serie de supuestos de vulnerabilidad que dejaba fuera a muchas familias con informes de los Servicios Sociales, entre ellos mayores que viven solos o en pareja pero sin hijos a cargo, ya que solo se ha aplicado cuando existían cargas familiares y siempre que se cumplieran unos mínimos de renta justo el mes anterior a la solicitud de la moratoria.

El estudio anual del Consejo aborda, igualmente, los asuntos de cláusulas suelo ingresados: durante los pasados doce meses cayeron un 17% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior: así, en 2022 se contabilizaron 1.296 asuntos de este tipo, frente a los 1.561 de 2021.

El informe se cierra con los guarismos de los procedimientos verbales posesorios por ocupación ilegal de viviendas. Durante el año pasado han llegado a los juzgados competentes 43 causas de este tipo, un 10,2 por ciento más que doce meses antes (39).

Uno de los temas que más preocupa a los afectados es el tiempo que tarda la justicia en resolver estos casos. Según los datos que maneja el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el periodo que deben esperar los propietarios de media en Españaes de unos 18,1 meses.

Por un lado, los procedimientos verbales posesorios por ocupación ilegal de viviendas de los Juzgados de 1ª Instancia e Instrucción en lo civil tardan en resolverse en torno a los 9,6 meses de media, mientras que las apelaciones de sentencias de juicios verbales de las Audiencias Provinciales son unos 8,5 meses. Por lo tanto, hay ocasiones en el que se puede alargar el asunto más de un año.

Según la Plataforma de Afectados por la Ocupación, la usurpación ilegal afecta a unos 100.000 inmuebles en todo el territorio y cada día se producen cerca de 40 nuevas ocupaciones de viviendas.