juicios
Córdoba CF: el Tribunal Supremo admite el recurso de Carlos González contra la sentencia de Prasa
El empresario tinerfeño estaba obligado al pago de más de 6 millones de euros por incumplimiento de contrato en la compraventa del club
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Nuevo capítulo en una disputa que tiene una herida abierta desde hace una década. con la compraventa del Córdoba CF el pasado 3 de junio 2011 entre el Grupo Prasa y Carlos González. El Tribunal Supremo admite ahora el recurso del expresidente blanquiverde que debía pagar una cantidad superior a los 6 millones de euros por incumplimiento de contrato.
Azaveco (empresa de Carlos González) estaba pendiente del recurso que presentó ante el Tribunal Supremo contra la sentencia favorable a Grupo Prasa. Tal y como pudo confirmar ABC, se admite el recurso de casación interpuesto por Azaveco SL contra la sentencia del 9 de septiembre de 2021 por la Audiencia Provincial de Córdoba. Ahora, se abre un plazo de veinte días, para que la parte recurrida formalice por escrito su oposición al recurso.
Origen del caso
Más de diez años después, el caso sigue su curso y afronta ahora un nuevo capítulo en su historia. En diciembre de 2020, Prasa demandó a González por incumplimiento del contrato de compraventa del club, ya que el empresario no aportó ocho millones que formaban parte del trato para pagar la deuda del club.
En marzo de 2021, el Juzgado de Primera Instancia desestimó la demanda de Prasa. Un varapalo que fortalecía la posición que siempre defendió González:no estaba obligado a pagar esos 8 millones y, en cualquier caso, se hizo cargo de ellos al pagar el club el 100 por de la deuda concursal. Finalmente, en septiembre de 2021, La Audiencia Provincial de Córdoba da la razón de nuevo a Prasa; resuelve que se incumplió el contrato y que González debe pagar los 6 millones de penalización, los intereses desde 25 de marzo de 2020.
González recurrió de nuevo, esta vez ante el Tribunal Supremo que ahora ha respondido a su favor. Sin embargo, Prasa solicitó la ejecución provisional de bienes que le permitía la justicia ordinaria. En marzo de 2022, el juez autorizó dicha ejecución que obligaba al empresario tinerfeño al pago de la condena más los intereses. Un total de 6,3 millones de euros por incumplimiento del contrato de compraventa del club blanquiverde más 1,8 millones de euros en concepto de intereses y costas de ejecución.
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