Caso Cerro Muriano: estos son los siete investigados por la muerte de los dos militares en unas maniobras

El embrollo de competencias comenzó desde que se produjeron los fatídicos hechos: dos militares murieron ahogados sobre las 9.00 horas del día de autos, durante el ejercicio de adiestramiento denominado 'cruce de paso de agua', que se desarrolló en un pantano del campo de tiro.

El Juzgado de Instrucción número 4 de Córdoba incoó diligencias de investigación, pero el 29 de diciembre, el Juzgado Togado Militar Territorial número 21 de Sevilla requirió la inhibición a su favor, que el órgano civil acordó por auto el 14 de enero de 2024 (y que la Audiencia Provincial ratificaría el 23 de febrero, tras desestimar los recursos interpuestos).

Pocos días después, el 17 de enero, el juez militar elevó la diligencias previas a sumario, donde aparecían como investigados el capitán Zúñiga, el teniente Tato y el sargento Álvarez.

El Juzgado Territorial número 21 de Sevilla se inhibiría, después (16 de abril) de las actuaciones en favor del Juzgado Togado Militar Central, al considerar la responsabilidad en los hechos de mandos aforados, además de los tres encausados.

La Fiscalía emitió el 4 de junio el preceptivo informe de competencia. Ya no cabía dudas: el juez Togado Militar Central número 2 se quedaba con el caso. No se ha demorado en solicitar más pruebas (que se sumarán a la documental, inspección ocular y reconstrucción de los hechos, entre otras ya practicadas), como la toma de declaraciones a medio centenar de personas, entre testigos y peritos, así como varios informes relevantes, relativos, por ejemplo, a la afectación en el organismo de la hipotermia.

Pero lo más importante es que este juzgado ha ampliado la investigación a cuatro mandos aforados, que debían autorizar y supervisar el ejercicio en el que murieron los militares, algo que, presuntamente, no hicieron. Así, los investigados en el caso Cerro Muriano son los siguientes:

•Capitán Ignacio Zúñiga. Era el responsable de dirigir las maniobras el día de autos y está en la causa por la comisión de un un presunto delito contra la «eficacia del servicio» del artículo 77 del Código Penal Militar. Este artículo señala que se juzgará «al militar que, por imprudencia grave y durante la ejecución de un acto de servicio de armas, causare la muerte o lesiones constitutivas de delito». En caso de demostrarse «será castigado con las penas privativas de libertad respectivamente señaladas en el Código Penal para el homicidio o lesiones imprudentes, incrementadas en un quinto, en sus límites mínimo y máximo».

En su declaración ante el juez aseguró que tomó las medidas de seguridad oportunas durante el ejercicio y que contaba con la autorización tácita de sus mandos para llevar a cabo una prueba habitual en la instrucción de los mismos. Sin embargo, los responsables de supervisar la planificación del cruce del lago no estaban en la base.

Tras los hechos, el capitán Zúñiga continuó en la brigada miliar cordobesa realizando tareas administativas hasta el 11 de abril, cuando el Cuerpo General del Ejército lo suspendió de empleo y sueldo.

•Teniente Jaime Tato. Estaba al mando de la sección y también esta investigado por un presunto delito contra la eficacia del servicio del artículo 77 del Código Penal Militar. Fue el primero en iniciar la maniobra, en la que hubo problemas desde el primer minuto con la línea de vida. Tras abrirse el procedimiento judicial, según aseveró una de las partes personadas en la causa (Luis Romero, abogado de la familia del soldado ahogado) fue reasignado al mando de otra compañía, pero dentro del mismo Regimiento, el de La Reina 2. ABC no ha podido confirmar este extremo.

•Sargento Gustavo Álvarez. Es el tercero de los responsables directos del ejercicio y, como a los dos primeros, se le imputa la presunta comisión de un delitos contra la eficacia del servicio. En su declaración, consieró que podría haber relación entre la posible falta de medidas de seguridad idóneas para desarrollar el ejercicio de paso del cauce de agua y los fallecimientos.

•Mandos de la cúpula aforados: dos coroneles, un teniente-coronel y un comandate. Estos altos mando debieron autorizar y supervisar la prueba, algo que ha quedado probado que no hicieron. Su conducta imputable, según el auto de inhibición del Juzgado Togado Militar 21 de Sevilla, que ratifica el Central, «es una manifestación de la infracción del deber de garante por parte de quien tiene una inervención, al momento de supervisar, autorizar y ejecutar lo programado», lo que puede constituir un delito de comisión por omisión del artículo 77, o en su caso, uno «contra los deberes de mando» del artículo 63 del Código Penal Militar.