El campo de Córdoba clama contra la prohibición de quemar restos vegetales

Desde hace algunos años numerosas decisiones o iniciativas legislativas que ha adoptado el Gobierno central y que afecta al campo han despertado un gran descontento entre los agricultores y los ganaderos. El último de estos episodios tiene que ver con la Ley de Residuos para una Economía Circular impulsada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y la prohibición que establece de quemar los restos vegetales en el entorno agrario y silvícola con carácter general y durante todo el año. Asaja tildó esta normativa como «atropello grave y sectario».

El responsable del Área Cinegético-Forestal de la patronal agraria en Córdoba, Tomás Jurado, informó a ABC de que esta legislación está en vigor desde abril, pero ha sido ahora cuando sus efectos pueden verse más claramente una vez que el departamento de Teresa Ribera (PSOE) ha rechazado todas las alegaciones y propuestas presentadas por Asaja para paliar algunos de sus efectos negativos en el sector primario. «No se nos ha tenido en cuenta ni se nos ha consultado para la redacción de esta ley, a pesar de su fuerte impacto en el campo», resaltó el representante de la organización profesional

Desde Asaja se recordó que no se trata de una prohibición del uso del fuego vinculada al verano como venía ocurriendo hasta ahora, sino que tiene un carácter permanente para todo el año, por lo que no se podrá quemar en invierno. «Se trata de una norma sin rigor técnico ni científico alguno, que acredita el desconocimiento absoluto de la realidad del campo y de las necesidades de nuestras explotaciones por parte de quienes la han redactado», aseveró la patronal agraria.

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Jurado subrayó el papel «crucial» que juega esta práctica en el agro y en el ámbito forestal para conseguir un adecuado funcionamiento de las explotaciones y reducir el riesgo de incendios en la naturaleza. Según remarcó, uno de los cultivos más afectados es el olivar de sierra, muy presente en municipios como Adamuz, Pozoblanco o Villanueva de Córdoba.

«En estas zonas hay pendientes de hasta el 40 por ciento, lo que hace que no sea posible que un tractor pueda recoger los restos orgánicos que se generan tras la recolección de la aceituna, por lo que no queda más remedio que proceder a su quema para acabar con esos residuos», declaró.

El técnico de Asaja recordó que en noviembre suele dar comienzo la poda de las encinas en el Norte de la provincia, un periodo durante el cual se genera una ingente cantidad de ramas y otros elementos. «Se trata de un material muy combustible, que, si no se recurre al fuego para su eliminación, se tendrá que dejar en el campo, con el consiguiente aumento del riego de incendio en estas zonas», afirmó.

Por su parte, UPA subrayó que «estas prácticas están perfectamente reguladas en la reglamentación de condicionalidad ambiental de la Unión Europea (UE), así como por normativas estatales y autonómicas, por lo que no sabemos a cuento de qué se aprueba una ley para una cuestión que está perfectamente normalizada y se mete en un lío a los agricultores y a los ganaderos». «Es como si a algunos ministerios, como es el caso del de Transición Ecológica, no se le acabasen los clavos para poner en el ataúd del campo, mientras que el de Agricultura, Pesca y Alimentación se pone de perfil», lamentó esta organización profesional.

Desde Asaja se destacó que son muchas ya las afrentas del Gobierno central con el sector primario que se acumulan desde hace años. Jurado indicó que la principal es el plan estratégico de la reforma de la Política Agraria Común (PAC) comandado por Luis Planas (PSOE), «cuya elaboración ha sido totalmente a espaldas de los agricultores y los ganaderos». La Ley de Bienestar Animal o la Reforma Laboral impulsada por la ministra de Empleo, Yolanda Díaz (Podemos) son otros de las decisiones de La Moncloa que ha originado un gran descontento entre los empresarios agrarios.