Zonas privadas de uso público en Córdoba: primeros convenios para que el Ayuntamiento asuma los gastos

Se trata de una vía legal que abrió el Ayuntamiento de Córdoba en febrero y que permitía que fuese el Consistorio quien se hiciese cargo del cuidado y la limpieza de zonas que pertenecen a las comunidades, y cuyos gastos y mantenimiento, por lo tanto, correspondían a los propietarios, pero que estaban en la vía pública y que podía ser cualquiera.

Desde febrero hasta ahora se han sumado los bloques completos de San José Obrero y Santuario, ambos en el barrio de la Fuensanta. En cada uno de los casos son cincuenta, y a ellos se suma la mancomunidad de los bloques 1 al 9 de la calle José Altolaguirre, en el Parque Cruz Conde.

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El presidente del Consejo Municipal del Movimiento Ciudadano, Juan Andrés de Gracia, se había encargado de llevar al Ayuntamiento la petición de las asociaciones de vecinos de que fuese el Consistorio quien se hiciera cargo de este trabajo, que supone un ahorro considerable de trabajo y dinero para comunidades que tienen que cubrir no sólo zonas ajardinadas y pasajes, sino también acerados y hasta el alumbrado público, porque tienen carácter privado.

Desde febrero, el Consejo del Movimiento Ciudadano y la Federación de Asociaciones de Vecinos Al Zahara han hecho una labor de difusión y han visitado a los bloques afectados por esta situación para informarles de cómo pueden gestionar el convenio con el Ayuntamiento.

A cambio de que el Consistorio actúe, se comprometen a no alterar el uso de la zona, que es algo que sucedió en muchos lugares de la ciudad, en que los espacios comunes terminaron funcionado como aparcamientos terrizos para los residentes, por ejemplo.

En primer lugar, explicó Juan Andrés de Gracia, está la entrega de una documentación básica, que empieza por un acta de la junta de vecinos en que se ha aprobado el comienzo de este proceso, además de la documentación que acredite que la zona de la que quieren hablar efectivamente les pertenece.

Hay un convenio tipo, pero cada caso es diferente, explicó Juan Andrés de Gracia, y por lo tanto tiene unas características y una naturaleza diferentes.

Como recordó el presidente del Consejo del Movimiento Ciudadano, los bloques que ahora tienen pasajes y calles privadas de uso público estaban «en zonas aisladas de la ciudad» y en una legislación anterior, y con otros planes urbanísticos, se les permitía edificar.

El promotor, entonces se encargaba de la urbanización de las calles, que corrían por su cuenta. Pasado el tiempo, y una vez que se integraron en la ciudad, porque crecieron más manzanas y bloques alrededor, las calles que había entre los distintos edificios empezaron a ser de uso público, pero los propietarios tenían que seguir haciéndose cargo no sólo de la jardinería, cuando existía, sino también del acerado o de reponer la luz del alumbrado público. De hecho, el Plan General de Ordenación Urbana los marca con una mancha roja, y no verde, porque no se corresponde con un jardín público.

La mancomunidad más adelantada es la de José Altolaguirre 1 al 9, que tiene una propuesta de convenio encima de la mesa, aunque también está pendiente de ciertas actuaciones. Podría hacerse realidad en la próxima primavera.

Su presidente, Manuel Silva, explicó a ABC que la zona en la que actuará el Ayuntamiento será estrictamente lo que hay entre el recinto de los nueve bloques: zona ajardinada, alumbrado y acerado.

Se trata de una distribución muy particular de los bloques, bastante irregular, que hace que esta zona «no sea pasaje ni calle». «Están totalmente diversificados, como en un círculo, y entre bloque y bloque está la zona ajardinada. Y no está cerrado al tránsito, así que es privado y de uso público», resumió. ¿El coste? «No son dos duros», dijo de forma gráfica.

Cada uno de los bloques tiene ahora que pagar cada mes 130 euros para el mantenimiento de esta zona, que salen a su vez de las cuotas que abonan los propietarios. De allí sale el cuidado de los jardines y también la reparación de las aceras o la reposición de luces, cuando es necesario. «Ahora el acerado está bien, pero hay un pequeño problema, porque el riego salía de un pozo que se está secando. Queremos contratar agua de Emacsa porque ahora el pozo no da para regar», dijo Manuel Silva.

Si se consigue llegar al convenio, «dejará un poco de respiro» y el dinero de los vecinos se podrá invertir en más mejoras en una urbanización que ronda ya el medio siglo, y que además debe tener ciertos mínimos para el convenio con el Ayuntamiento. Son nueve bloques, con 16, 18 o 20 vecinos cada uno, según su altura, así que acogen a entre 600 y 700 personas.

En cada zona se tiene que hacer de alguna forma, y en los bloques de San José Obrero se pretende llevar a cabo mediante un convenio parcial, porque necesita una actuación a corto plazo, y se hará mediante un convenio parcial para empezar y después continuar.

En los bloques de Santuario será diferente, con un proyecto casi piloto, de forma que los vecinos se harán cargo del pago y el Ayuntamiento lo compensará mediante la subvención de un porcentaje del coste. Aquí también tendrá que ser distinto el plazo, porque al tratarse de una subvención nominativa sólo podrá hacerse por un año y después repetirse. En otros casos podría ser por un plazo de cuatro prorrogables por otros cuatro.

En los próximos meses también lo harán las comunidades que están situadas en la avenida del Corregidor, entre el instituto Séneca y la avenida de Linneo.