El Ayuntamiento de Córdoba no fue capaz de localizar toda la colección de Guerrita

Un informe municipal, realizado apenas el año pasado y requerido por la familia utilizando la legislación de transparencia, deja en blanco la ubicación de una parte importante del lote como si no tuviese constancia de que forman parte de las propiedades municipales.

Como se ha venido publicando en días pasados, la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Córdoba decidió esta semana rechazar la petición de la familia Guerra Pérez-Barquero de que se le devuelvan los objetos pertenecientes al segundo califa del toreo.

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Considera que son suyos por prescripción adquisitiva. Es decir, que los ha tenido mucho tiempo de forma pacífica y no contestada por nadie. Se trata de un caso donde se mezclan dos elementos. En primer lugar, la situación de bienes depositados en una institución pública sobre los que existe un deber de custodia. En segunda instancia, el valor que tienen recuerdos personales en un mundo, el taurino, donde existe una cultura de la colección de objetos de las figuras históricas. Guerrita lo fue.

Lo primero que hay que dejar constancia es que la reclamación de la familia tiene cerca de una década. Según los antecedentes del caso, varios miembros de la familia depositaron para su exhibición una serie de objetos relacionados con el torero de principios de siglo.

Uno de los miembros de esa familia, José Guerra Montilla, iba a ser nombrado director del Taurino. No llegó a ostentar el cargo al fallecer en un accidente de tráfico.

Si se da un salto en el tiempo, llegamos a 2023. La familia ha pedido en numerosas ocasiones que se le restituyan y reclama a la Unidad de Patrimonio datos detallados de la colección. En el informe se da cuenta de una buena parte pero no de todos.

En no pocos casos, la técnica que firma el documento deja en blanco la ubicación del bien y su estado de conservación. No parece, en ningún caso, una omisión a la hora de redactar el informe porque los huecos se encuentran salteados a lo largo de todo el documento.

Se sabe dónde están la mayor parte de las fotografías pero se desconoce la ubicación y el estado de un traje corto, un poncho o capote de montería, unas botas o unos zahones de cuero.

Es lo que ocurre también con una parte de los objetos que se cedieron, según el informe, para una exposición del centenario de Guerrita realizada en 1987. No consta la ubicación de unas alforjas propiedad del torero, de fotografías o de cuadros estadísticos sobre las corridas realizadas año a año.

Un comunicado remitido por la familia habla directamente de presuntas apropiaciones indebidas de los bienes como el origen de la respuesta municipal que es ciertamente extraña. Este periódico ha intentado recabar una explicación más detallada del Área de Cultura sin éxito.

El listado de obras depositadas por miembros de la familia Guerra es muy extenso e incluye de todo: fotos históricas, trajes, u óleos, entre otros elementos. Da la impresión por la ubicación de lo que sí se está mostrando que una parte se ha utilizado como objetos decorativos, por ejemplo, del antiguo colegio Romero de Torres, que es la sede del departamento de Turismo.

En realidad, lo que ha podido pasar con los bienes se encuentra bien detallado en un informe del Defensor del Pueblo de Andalucía que, en 2018, estudió el caso ya que la familia llamaba de Guerrita llamaba una y otra vez al Ayuntamiento de Córdoba sin que nadie le diese una respuesta.

Y lo que se deduce de ese informe es que la gestión de bienes artísticos durante una etapa se realizaba de aquella manera. Todo se efectuaba con un apretón de manos y, como mucho, con un acta de entrega. No quedaban rastros formales con expedientes legalmente constituidos.

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Existen varios dictámenes municipales citados por el Defensor del Pueblo Andaluz y la conclusión no es que los bienes no sean propiedad de la familia de Guerrita sino que el Ayuntamiento de hoy tiene problemas formales para acreditar esa propiedad.

El Defensor del Pueblo sí da un dato relevante. El Código Civil establece un límite para este tipo de casos y es que el depositario no puede exigir que el depositante pruebe ser propietario de la cosa depositada.

El Defensor del Pueblo andaluz relata algunos informes relacionados sobre la materia y explican uno importante de la anterior responsabilidad de la Unidad de Museos, ya jubilada del cargo. Explica que constan en los antecedentes del caso un informe que se pidió al historiador Manuel García Parody y a los artistas Ángel López Obrero y Antonio Povedano de que pusieran orden en el inventario del Taurino. Corría el año 1986.

García Parody explica en la transcripción del informe que el inventario era una quimera. Solamente se llegó a registrar documentalmente los primeros ingresos de bienes cedidos cuando se abrió el centro cultural durante los años cincuenta.

El resto de que lo que se encontró era, y esto es literal, «hojas sueltas redactadas por el conserje de las instalaciones». Con ese material, el historiador cordobés manifestó que lo único que pudo hacer es fijarse en las cartelas y poco más. Los documentos se mecanografiaron en folios sin membrete oficial y nunca pasaron por foro decisorio alguno.

Entonces, a la Junta de Gobierno se le llamaba Comisión de Gobierno. La familia sostiene que la anterior directora de los museos municipales y la mayor experta en Romero de Torres, Mercedes Valverde, llegó a realizar una propuesta de devolución. El Consistorio está realizando en estos momentos la selección del nuevo director de los museos municipales.

El Defensor del Pueblo Andaluz concluyó que el Ayuntamiento no había desvirtuado en ningún momento los derechos posesorios de la familia de Guerrita sobre los bienes. Una cosa es que la gestión documental y patrimonial haya sido un desastre y otra, bien distinta, que la familia haya perdido todos sus derechos sobre objetos depositados.

Y es que sí existen fuentes indirectas como el catálogo de una exposición donde los bienes aparecen claramente cedidos por la familia que ahora reclama su restitución. Conviene aclarar que lo que se argumenta para ello es que se está incumpliendo el fin por el que se produjo la entrega temporal: su exhibición.

El informe del 'ombudsman' andaluz es bastante claro en el sentido de que exhorta a las partes, y en concreto al Ayuntamiento de Córdoba, a que el asunto no llegue a los tribunales. Y le explica que existen dos alternativas.

O devolver los bienes de la colección que no formen parte de la exhibición del Taurino o «ponerlos en valor». Es decir, volver a mostrarlos. El Ayuntamiento se ha limitado a asegurar que le asiste la usucapión de la colección -que es suy a por los años pasados- sin que haya entrado en otros pormenores.

El Defensor del Pueblo no entró en la ubicación concreta de los numerosos bienes cedidos, que se extienden por varios folios si se suman a todos los miembros de la familia Guerra que colaboraron con el Taurino. Pero sí deja clara una cosa.

Los distintos departamentos municipales se limitaron a echarse el expediente unos a otros sin que se diese una respuesta concreta a una petición específica. Y la razón puede estar en que ningún técnico de la casa quería poner su firma en una decisión que le generase un problema legal de futuro.