Urbanismo
Los afectados del Plan Especial de Recogida Neumática de Basura de Córdoba valoran ya posibles reclamaciones
El TSJA da firmeza a su sentencia que anula el plan municipal de 2005 que ha supuesto desembolsos millonarios en promotores de suelo, viviendas y compradores en los últimos casi veinte años
El Ayuntamiento de Córdoba no recurrirá al Supremo la anulación del Plan de Recogida Neumática de basura
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha dado firmeza a su sentencia que anula el Plan Especial de Recogida Neumática de Residuos Urbanos del Ayuntamiento de Córdoba, aprobado en 2005, según ha podido saber ABC. La decisión de la Gerencia de Urbanismo, en base a informes jurídicos, de no recurrir por casación en el Tribunal Supremo cierra el proceso judicial emprendido en su día por la Junta de Compensación del plan parcial O-5 Turruñuelos, que ha abierto el camino a casi una decena de sectores afectados por este plan. Un trabajo juridico que ha llevado a cabo Cecilio Valverde y Asociados.
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De este modo, el plan no se ejecutará más. Lo que supone que ninguna promoción nueva tendrá que instalar este mecanismo. Y el escenario que se abre a partir de ahora es qué pasa con los vecinos que ya tienen instalado un sistema que no funciona en sus edificios por una decisión municipal que ahora tumban los tribunales, pues ya tendrían vía libre para reclamar.
El temor de la Gerencia de Urbanismo ahora es encontrarse con una cascada de reclamaciones en la puerta del Ayuntamiento de los dueños del suelo que integran las Juntas de Compensación que tuvieron que desplegar las tuberías (kilómetros), de las promotoras que han tenido que asumir los costes para colocar los buzones de basura, las acometidas y la infraestructura de conexión; y de los dueños de viviendas o comunidades de propietarios por la repercusión en el precio de sus viviendas de estos costes añadidos en los diferentes sectores ya desarrollados.
Según ha podido constatar ABC, hay varias Juntas de Compensación que ya están estudiando el impacto de la sentencia del TSJA para después valorar en sus consejos rectores las opciones de reclamar en una primera instancia administrativa al Ayuntamiento por los costes pagados a consecuencia del plan anulado. Es el caso del plan parcial O-5 de Turruñuelos (que insipiró el recurso), el plan parcial O-1 Ciudad Jardín de Poniente, Huerta Santa Isabel, con dos sectores en ciernes muy potentes; el plan parcial O-4 Cortijo del Cura o el O-7 Nuevo Zoco, entre otros. Igual está pasando con algunas comunidades de propietarios de estos planes parciales de Poniente.
Diecinueve planes parciales
En algunos casos, los propietarios de suelo depositaron garantías en el Consistorio para estas obras que ascienden a 800.000 euros en alguno de estos planes, O asumir costes para implantar la red de hasta 1,2 millones de euros, por poner algunos ejemplos.
El presidente de la Gerencia de Urbanismo, Salvador Fuentes, anunció al conocerse la aclaración del Alto Tribunal andaluz que emprendería en abril y mayo una ronda de contactos con todos estos afectados para intentar negociar y evitar una cascada de reclamaciones. No se descarta un posible pacto de contraprestaciones. Sin embargo, aún es pronto para conocer cómo se encauzará un problema de dimensiones notables, pues hay infraestructura y red instalada que no servirá para nada y que ha costado un fuerte inversión millonaria.
Según el Plan Especial de Recogida Neumática de Residuos, la implantación de este sistema afectaba a un total de 19 planes parciales: todos los fijados en el PGOU para Poniente, más la llamada 'Ciudad de Levante' en toda la franja que va desde Rabanales a la N-432 y los tres planes especiales de reforma interior previstos para desarrollar el Cordel de Écija, sobre el que Grupo Lar planteó una ambiciosa operación residencial y comercial que, finalmente, se vino abajo por el impacto de la crisis de la pandemia.
Todos estos sectores contemplaban 90.000 habitantes en su desarrollo máximo que estaban obligados a tener 1.300 buzones para depositar la basura, con 400 acometidas en cada bloque de viviendas con un total de 18 kilómetros de tuberías y unos costes sólo para las tres centrales de recogida prefijadas en diferentes lugares de la ciudad -una ha sido el motivo del recurso en los tribunales- de más de 18 millones de euros.
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