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La Fiscalía ve prevaricación en la compra de un solar por el exalcalde Osuna (IU)

Remite las diligencias también al Tribunal de Cuentas ante el posible daño a las arcas del Ayuntamiento alcobitense

La Fiscalía ve prevaricación en la compra de un solar por el exalcalde Osuna (IU) abc

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La Fiscalía ve «indicios» de «un delito de prevaricación» en la compra que realizó de un solar en Carcabuey en julio de 2014 el entonces alcalde del municipio, Antonio Osuna (IU) , quien actuó en nombre del Consistorio, pero s upuestamente incumplió el acuerdo de Pleno adoptado respecto a las condiciones para tal adquisición.

Dicha operación , sostiene el Ministerio Público , puede «haber producido un daño a las arcas públicas , concretamente al patrimonio del Ayuntamiento de Carcabuey», por lo que el fiscal estima que también «puede existir una responsabilidad contable».

Así se recoge en el decreto emitido por el fiscal José Antonio Martín-Caro , al que ha tenido acceso Europa Press, contra el que no cabe recurso. En su parte dispositiva, establece «la remisión, con el valor de denuncia, de las presentes» diligencias «al juez único del Juzgado de Priego de Córdoba », al que pide de forma expresa que tome declaración lo antes posible y en calidad de «imputado» a Osuna .

El fiscal ha actuado así a raíz de la denuncia que presentó en junio de este año contra Osuna el secretario general del PSOE en el municipio y también exalcalde del mismo, Rafael Sicilia . Éste entendió en su momento, como ahora también el fiscal, que Osuna, «en funciones de alcalde, ha realizado actos», los relativos a la compra del solar, «excediendo la autorización de que disponía para ello» por acuerdo del Pleno municipal, pues la finca en cuestión «debía encontrarse libre de toda carga o gravamen».

Finca con cargas

De hecho, según el relato del fiscal, en el acto de compra-venta de los terrenos, situados en la calle Castillo, el « notario hace constar en la escritura la existencia de un gravamen (pues la propiedad tiene una anotación preventiva de embargo para responder de 575.096 euros de principal, más intereses y costas) y, a pesar de todo y conociendo que no está autorizado para realizar la compra en esas condiciones , lo hace y realiza el pago (del precio acordado de 216.364 euros ), haciendo la adquisición con el mencionado gravamen, en lugar de abstenerse de realizarlo o de aplazarlo para cuando se cumpliesen los requisitos para los que tenía autorizado contratar».

A esto hay que sumar, según precisa el Ministerio Público, que «incumpliendo las disposiciones» fue citado de forma expresa por el registrador al hacer la «calificación registral desfavorable», cuando se pretendió la inscripción de la escritura de compra-venta en el Registro de la Propiedad, que fue «denegada».

Además, «al negarse el acceso de la escritura al Registro, por la calificación negativa del registrador», se «ha producido después otro gravamen contra la misma finca» , de 525.892 euros , si bien «el banco acreedor ofrece como transacción hacer la cancelación de ambos gravámenes a cambio de 700.000 euros».

Junto a ello, Martín-Caro determina también remitir las diligencias a la Fiscalía del Tribunal de Cuentas , ya que «los hechos presentan indicios de haber producido un daño a las arcas públicas , concretamente al patrimonio del Ayuntamiento de Carcabuey» y estima el fiscal que «puede existir una responsabilidad contable, cuyo enjuiciamiento corresponde al Tribunal de Cuentas».

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