ÁLBUM DE CROMOS

El fiscal le pide al señor Gómez 44 años por once delitos contra la Hacienda Pública. Otra imputación más para su colección

EL señor Gómez colecciona imputaciones como otros recopilan sellos en un álbum. Lo hace con el tesón y la paciencia del filatélico. Un cohecho por aquí, falsedad documental por allí, sanción multimillonaria más allá. Su última adquisición supera todo lo que habíamos visto hasta ahora. Eso hay que reconocerlo. No todos los días te imputan por once delitos de una tacada ni te solicitan 44 años de prisión por fraude a la Hacienda Pública. Por ahí, el coleccionista Gómez ha dinamitado todos los registros.

El buen coleccionista lo es para toda la vida. No desfallece ante la rutina ni se desanima cuando la suerte no le obsequia con un nuevo ejemplar para su cartapacio. Desde ese punto de vista, el señor Gómez ha desplegado a lo largo de su biografía un virtuosismo sin mácula. En multas, por ejemplo, ha logrado reunir una antología sobresaliente. Nada más que en sanciones del Ayuntamiento la cifra supera los 20 millones de euros. Que se dice pronto.

A cualquiera de ustedes, esta suma lo hubiera tumbado en una camilla de la Cruz Roja camino del hospital. Pero un coleccionista tenaz como el señor Gómez guarda con mimo en su carpeta las hojillas de esta sanción multimillonaria, que lleva dando vueltas por los cajones de la administración municipal la tira de años. Tiene mérito, y ustedes sabrán reconocerlo, salir a tomar café con churros cada mañana con una losa como esta sobre los hombros. Y, oiga, como si tal cosa. Un coleccionista se dedica a coleccionar y le traen al fresco consideraciones de cualquier otra naturaleza. Eso está claro. Entonces, si no le conmueve una multa de más de 20 millones de euros por construir sin licencia una nave del tamaño de cuatro campos de fútbol, cómo se va a alterar con esta otra de 350 millones que le acaba de solicitar el fiscal por fraude a Hacienda. Porque vamos a ver: ¿cuánto ha pagado de la primera multa? En efecto: cero patatero. Levantó una nave de 40.000 metros sin licencia, se pasó por el arco del triunfo todas las órdenes de paralización, desoyó todos los requerimientos, se tomó unas pijotas frescas y aquí está el buen hombre más pancho que ancho.

Solo un profesional en la materia puede actuar con semejante sangre fría. Y el señor Gómez lo es. Un profesional. Como la copa de un pino. Fíjense, si no, cómo logró recalificar dos fincas que sumaban 900 hectáreas en Castellar de la Frontera a cambio del módico precio de 1,8 millones de euros. El terreno era suelo no urbanizable de especial protección. Su especialidad. La misma calificación que la de las naves de Colecor. Qué lástima. Y en el pueblo gaditano, también, el Ayuntamiento encargó a la empresa Arenal 2000 el estudio para modificar el planeamiento vigente. Es decir: se encargó al beneficiario del pelotazo urbanístico el estudio de viabilidad del pelotazo urbanístico. Pero qué risa.

Y así, de pieza en pieza, ha ido coleccionando esta antología prodigiosa de denuncias en sede judicial y sanciones astronómicas. Como aquella que le interpuso Cajasur por delito societario. Los detalles del laberinto mercantil se los ahorramos. O la que presentó el exconcejal Baquerín por supuesto uso indebido de los fondos municipales de UCOR. Los dos casos fueron, naturalmente, archivados.

Lo de la Operación Malaya fue su consagración internacional. En ese sumario se retrató con lo más granado del gremio. Ustedes ya saben. Sobornar con 600.000 euros a un responsable municipal para hacerse con una licencia de obra le costó a precio de saldo. Seis meses de cárcel y 150.000 euros. Una ganga. Un chollo. Una bicoca. Y ahora esto. Una petición fiscal de hipo. Otra pieza más, quizás, para colocar en su álbum de cromos.