Obejo
El exalcalde se enfrenta a 16 años de inhabilitación por presunta prevaricación
Luis Sánchez Marín supuestamente contrató en 2013 a un técnico de Urbanismo sin aplicar los trámites pertinentes
El exalcalde se enfrenta a 16 años de inhabilitación por presunta prevaricación
El exalcalde de Obejo, Luis Sánchez Marín, se enfrenta a 16 años de inhabilitación a cargo público por dos supuestos delitos de prevaricación cuando era alcalde popular en Obejo en 2013.
Según consta en la calificación provisional de los hechos, a la que ha tenido acceso ABC, el acusado que ostentaba el cargo de alcalde contrató el 20 de octubre de 2011 a un técnico de Urbanismo para el Ayuntamiento de Obejo a través de un contrato de tiempo parcial, con duración semanal de 17,5 horas y sin que previamente se hubiera constituido ninguna Comisión de Selección en el Ayuntamiento para otorgar la plaza ni se hubiese procedido a realizar los trámites oportunos de acuerdo a la normativa vigente.
Posteriormente, el día 10 de mayo de 2013 el acusado comunicó al Servicio Andaluz de Empleo que el mencionado contrato pasaba a convertirse en indefinido, aumentando la duración a 18,5 horas semanales, a pesar de que este puesto de trabajo no figuraba en la Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de Obejo.
ELA de Cerro Muriano
El otro de los delitos del que se le acusa se remonta al 5 de abril de 2013, cuando el Ayuntamiento en un Pleno ordinario acordó la constitución de la Entidad Local Autónoma de Cerro Muriano y Estación de Obejo, con 5 votos a favor y pese a la oposición de los cuatro concejales del PP, los cuales, encabezados por el acusado interpusieron un recurso de reposición el día 6 del mes de mayo siguiente contra dicho acuerdo de constitución, solicitando, asimismo, la suspensión de su ejecución.
Ese mismo mes, el día 26 de mayo de 2013, la secretaria del Ayuntamiento elaboró un informe en el que consideraba que no podía admitirse a tramite el recurso de reposición, dado que el acuerdo recurrido no podía ser Obejo de un recurso en vía administrativa, al tratarse de una disposición de carácter general susceptible solo de recurso contencioso administrativo.
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