agricultura
La factura de la luz asfixia a los regantes
La tarifa se ha encarecido un mil por ciento desde 2008 y piden un contrato flexible
La tarifa de la luz se ha vuelto un dolor de cabeza crónico para los regantes. Siete años después de que latarifa específica-más barata- se suprimiera por mandato de la Comisión Europea al no permitir que ningún sector productivo se beneficiase de tarifas específicas, el recibo de la luz de estos agricultores se ha disparado casi un 1.000%. Ese encarecimiento pone en peligro la continuidad de estos cultivos en Andalucía, al suponer hoy más del 40% de los costes de una explotación agrícola de riego.
A lo largo de estos años el sector ha venido demandando al Ministerio de Industria la puesta en marcha del contrato de temporada flexible, esto es, una tarifa eléctrica basada en el carácter temporal del riego (normalmente de abril a octubre), en la que se facture por la «potencia real utilizada y no por la potencia teórica contratada. Es decir, que paguemos cuando usamos el agua pero no cuando no la consumimos, lo que nos equipararía al resto de los sectores productivos», en palabras de Carlos Mesa, director del área de Tecnología de Asaja y uno de los principales impulsores de esta demanda a nivel nacional.
Pagar cuando se riega
Con esta propuesta «no queremos pagar menos, sino que paguemos cuando reguemos, no en los meses en los que no lo hacemos y que son, prácticamente, la mitad de año», señala. Esta organización apunta también su compromiso con la eficiencia energética al añadir otro punto más a este contrato: que los que lo suscriban se comprometan a tener un porcentaje de ese consumo en periodo valle (momento en los que otros sectores productivos consumen menos energía), hecho que «contribuirá al mejor funcionamiento del sistema eléctrico español», pues ayudará a no sobrecargarlo en las horas punta de demanda.
Asaja valora positivamente los «esfuerzos» del Ministerio de Agricultura tendentes en paliar en parte la alta tarifa eléctrica y que se concretaron en diciembre pasado en dos medidas. La primera, la reducción del 85% del llamado «impuesto de la electricidad» y que se ha traducido en un ahorro del 4,1% en la factura energética de los regantes. La segunda, de carácter fiscal y dirigida a los agricultores que van por módulos, con un nuevo índice corrector del 0,80% para cultivos de regadío que usen electricidad. En total, esta organización estima que el ahorro en coste eléctrico se eleva al 5,11% que, aunque significativo «no es suficiente para compensar la subida progresiva de la tarifa».
En estos momentos las organizaciones agrarias están a la espera de una reunión con Industria, previa mediación del Ministerio de Agricultura que les apoya, para tratar de desbloquear el problema que, como Mesa recuerda, estuvo a punto de solventarse con el anterior Gobierno de Rodríguez Zapatero y en cuyo mandato se produjo la prohibición comunitaria. En aquel entonces la orden de la tarifa flexible estuvo a punto de publicarse en el BOE, pero fue el Ministerio de Economía quien la desautorizó por cuestiones dinerarias porque el coste fijo, es decir, la potencia contratada, la recauda el Estado y vieron en esta medida una reducción de ingresos, recuerda Mesa. «Y ello a pesar de que esta nueva modalidad de tarifa es técnica y jurídicamente compatible con las exigencias de la Comisión Europea», añade.
Así, el coste de la factura de la luz ha ido subiendo progresivamente para los regantes. Según las cifras aportadas por Asaja, el regadío ocupa en Andalucía 1.100.000 hectáreas, el 25% de la superficie agraria útil y aporta más de 6.500 millones, esto es, el 65% de la producción final agraria, generando el 64% del empleo agrícola en la Comunidad y el 14% del empleo total regional. Con estos números en la mano, el sector considera que la continuidad del riego depende directamente de la contención de la factura eléctrica.
«El margen de los regantes ya es muy escaso», dicen las asociaciones
A ello hay que sumarle el esfuerzo del sector en los últimos años por modernizar sus sistemas de riego, todos ellos tendentes a reducir el consumo por medio de sistemas de goteo y/o aspersión. En concreto, los agricultores andaluces han invertido más de 2.000 millones en modernizar sus regadíos, lo que ha permitido bajar el consumo de agua entre un 30 y un 50%. La situación es «tremendamente delicada», asegura. A su juicio, la perdida de competitividad del sector «ha sido brutal y el margen de los agricultores de regadío es muy escaso». Pone como ejemplo el hecho de que en la pasada campaña la bajada del precio en origen de algunos cultivos de regadío, como el maíz, «tuvo consecuencias desastrosas al dejar a miles de explotaciones con un saldo negativo».
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