PERDONEN LAS MOLESTIAS
UN POQUITO DE PIEDAD
De los 69 expedientes de los cursos de formación examinados en Córdoba ninguno estaba debidamente justificado. O sea
HAY días en que es casi mejor no levantar las alfombras. Ahí tienen, por ejemplo, el caso del interventor de la Junta de Andalucía que examinó 69 expedientes de cursos de formación en Córdoba y no halló ninguno debidamente justificado. ¿A quién se le ocurre, alma de cántaro? Ya el número no auguraba nada bueno, dicho sea de paso. Aunque lo peor, estimado contribuyente, se encontraba en su interior.
Ninguno de los expedientes examinados incorporaban el preceptivo informe de impacto que evalúa la eficacia de las ayudas. No hablamos de un porcentaje pequeño o grande, significativo o despreciable. Ninguno. Lo cual, queridos amigos, deja escaso margen al beneficio de la duda. Los expedientes fiscalizados corresponden al diez por ciento de mayor cuantía de un total de 694 cursos de formación que se concedieron entre los años 2009 y 2012 en la provincia de Córdoba.
Pero hay más. El 60 por ciento de ellos no presentaba la documentación justificativa que prueba que los cursos de formación se habían ejecutado según lo previsto. Intervención cifra en 50 millones de euros el montante que no ha sido convenientemente justificado en el ámbito de Córdoba. A nivel andaluz, esa suma se dispara a 3.000 millones de euros.
Lo coja usted por donde lo coja, el tinglado se le cae de las manos. Si fuera un cuadro sería cubista. Si fuera teatro sería un sainete. Si fuera arquitectura sería una ruina. Si fuera una película sería de Alfredito Landa. Si fuera una desvergüenza sería este deplorable escándalo con que nos desayunamos cada día.
Más allá de los números y los porcentajes, todo este monumental despropósito nos ofrece una radiografía demoledora sobre el disparate administrativo que hemos construido. En esta colosal chapuza han intervenido empresas, sindicatos, profesores, alumnos, delegados, directores generales, consejeros y los funcionarios encargados de la fiscalización. Cada uno, como es natural, en su rango de responsabilidad.
Para que este gigantesco fraude funcione a pleno rendimiento cada pieza debe cumplir con su cometido. Las empresas fingiendo; los sindicatos coadyuvando, los delegados consintiendo; los consejeros levitando y todos, a su vez, mirando para otro lado. De otra manera es difícil de explicar este monumento al desatino, plagado de irregularidades, que no pasarían un examen de primero de Derecho Administrativo.
Al señor Antonio Fernández, a la sazón delegado de Empleo, lo detuvo la Guardia Civil en el marco de una causa que investiga este dislate puesto en pie con dinero público. No hablamos de una partida presupuestaria marginal para reparar un desperfecto de barrio. Hablamos de una estructura multimillonaria que empleó cuantías astronómicas en supuestos cursos de formación para trabajadores en busca de empleo.
Decimos supuestos. A estas alturas ya es difícil discernir la realidad de la ficción. La verdad del simulacro. La ejecución de los programas de la tomadura de pelo. Cada dato nuevo del sumario nos da cuenta de una cutrez de proporciones incalculables, a caballo entre la negligencia y la banda organizada. Será el juez quien deberá dictaminar la frontera que separa la incompetencia de la responsabilidad penal, ambas juntas o por separado.
Ya decimos. Hay días en que casi es mejor que los interventores se tomen la mañana libre. Ya no caben tantos folios en el sumario ni tanta basura en nuestro desayuno. Hagan ustedes el favor.
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