tribunales
El juez pide a las partes calificar ya el caso del Parque de Bomberos de La Carlota
El expresidente, el exgerente del Consorcio y el constructor de la presunta ampliación irregular están imputados
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Posadas ha dictaminado «continuar la tramitación de las diligencias previas» en relación con supuestas irregularidades detectadas en las obras del Parque de Bomberos de La Carlota. Así, en el auto, al que ha tenido acceso este periódico, el togado dispone que «en el plazo de diez días [las partes] formulen escrito de acusación solicitando la apertura del juicio oral o el sobreseimiento de la causa, sin perjuicio de que, excepcionalmente, puedan pedir la práctica de diligencias complementarias que consideren indispensables para formular acusación». En este proceso están imputados el expresidente del Consorcio de Bomberos, Francisco Expósito (PSOE); el anterior gerente del organismo, Antonio Navarrete; y el constructor Jorge Reif. A todos se les considera presuntos responsables de delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos en la edificación del Parque de Bomberos.
Así, el órgano considera «acreditado indiciariamente» que el Consorcio Provincial de Extinción de Incendios, a través de su gerente y su presidente [en el momento de los hechos] tramitó y adjudicó la citada obra en el término municipal de La Carlota, que se inició el 26 de febrero de 2009 y fue recepcionada el 31 de octubre de 2001».
La intervención estuvo dividida en dos fases. Una primera se ejecutó con una subvención de la Junta de Andalucía de 700.000 euros, si bien para la terminación del edificio fue necesaria una inversión adicional de 262.170 euros, unos trabajos que realizó la misma empresa a la que se adjudicó por concurso la primera fase -Cadecons, representada por Reifs- «sin tramitar el correspondiente expediente administrativo», apunta el auto del juzgado de Posadas.
Este asunto también se encuentra en el Tribunal de Cuentas que emitió un informe provisional en el que apreciaba un menoscabo en los fondos públicos por importe de 53.321 euros, al encontrar «ciertas diferencias» entre los precios facturados respecto a los vigentes en el mercado y, además, la existencia de duplicidades en los pagos. Por el primer concepto, el acta del tribunal contable aprecia 37.799 euros de menoscabo, mientras que por facturas dobles contabiliza un montante que alcanza los 13.154 euros.
Argumentos de la defensa
La Sección de Enjuiciamiento del citado tribunal ya abrió un procedimiento de reintegro, y ello pese a que las diligencias preliminares concluyen que dichas intervenciones extra eran «necesarias» para la puesta en marcha del edificio principal.
Así lo mantiene la defensa, que, además, asegura que ese montante extra que se destinó al parque fue necesario debido a que el arquitecto que redactó el proyecto del parque, Francisco López, «decidió elaborar un proyecto faraónico [...] que lo hizo inviable, al dejar de incluir en él una serie de obras, no ya imprescindibles, sino las de primera e inevitable ejecución, que hubieron de realizarse a posteriori».
Así, «la obra presupuestada con esos 700.000 euros no comprendía la totalidad de las actuaciones necesarias para la puesta en funcionamiento del parque, pero no porque se contemplasen más fases, dado que no había más dinero, sino por la negligencia del redactor del proyecto en cuestión».
Igualmente, esta parte asegura que las actuaciones realizadas «no necesitaban de previa convocatoria de adjudicación» por varias razones. «Estamos ante unas obras que por el porcentaje que representan respecto del montante total proyectado, no superan los límites legales permitidos». Así, sobre la nivelación del terreno, «al no superar el 10% están excluidas de la necesidad de previa aprobación. Y en cuanto a las demás, eran susceptibles de ser adjudicadas vía procedimiento negociado al no superar su importe el 50% del presupuesto de ejecución».
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