investigación
Las claves de la operación «Edu Centro»
La investigación en Córdoba sobre el fraude de los cursos concluye esta semana con cerca de 30 detenidos e imputados
Más de 500 testigos; cerca de una treintena de detenidos e imputados y decenas de documentos. Es el saldo de la denominada operación «Edu Centro» en Córdoba, que investiga en todas las provincias andaluzas un supuestas irregularidades en la concesión de subvenciones del Gobierno de la región a la formación.
Las pesquisas de los efectivos policiales de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) que se encargan del caso están centradas, en esta fase del caso -hubo una primera el pasado mes de febrero que concluyó con el arresto de 90 personas en Málaga, Cádiz y Almería-, en la concesión de una línea de ayudas en 2011 en la que recibieron prestaciones para formación profesional unas treinta entidades. Se trata de instituciones públicas, empresas y organizaciones sin ánimo de lucro, desde organizaciones empresariales hasta sociedades mercantiles dedicadas expresamente a la formación.
Los agentes han fijado un único filtro en las citaciones: los llamados a declarar o a aportar los pertinentes informes han sido los responsables de los entes que convocaron cursos con compromiso de contratación. Es decir, todas y cada una de los organismos que se repartieron los 2,3 millones de euros en una adjudicación de enero de 2011 del Servicio Andaluz de Empleo (SAE).
Pero, ¿por qué la Policía no ha estrechado más el cerco? Por la complejidad del caso. Esta operación es el resultado de meses de indagaciones en las que los agentes de la UDEF han llegado a realizar en torno a 500 entrevistas personales con los alumnos y los profesores que impartieron los citados cursos en Córdoba.
A partir de estos testimonios, los efectivos concluyeron que pudo haber fraude, al menos, en el 90 por ciento de las entidades en la mira. ¿Cuáles son esas irregularidades? Según fuentes del caso, de las comparecencias se dedujo que muchas de las sociedades mintieron a la hora de informar sobre el número de alumnos a los que se impartían los cursos o que contrataban profesores con nulo conocimiento sobre los asuntos a tratar. En otras ocasiones los cursos ni siquiera se llegaban a celebrar, según las fuentes consultadas.
Entidades en la mira
Entre las entidades que ya han recibido la visita de los policías figuran Los Califas Escuela de Formación, que percibió más de 88.300 euros en una de las convocatorias de los cursos de formación; otra que supuestamente recayó en Nuevas Tecnologías Escuela de Formación, de más de 63.000 euros, y la Asociación Provincial de Empresarios Metalúrgicos de Córdoba (Asemeco), que consiguió presuntamente una doble prestación de 163.600 euros y otra de 22.500 euros.
También la Diputación Provincial y ayuntamientos, como el de Encinas Reales, han sido requeridos por la autoridad policial para la entrega de documentación relativa a la formación subvencionada que prestaron.
Algunas de las firmas de la lista ya han manifestado su «absoluta tranquilidad» y negado la comisión de «fraude alguno». Es el caso de Asemeco; de la firma de la diseñadora Ana Torres, que asegura tenerlo «todo auditado»; o de la sociedad de preparados y productos artesanos La Perla, que afirma que «la Junta realizó hasta cuatro actas de inspección durante la impartición del curso, pudiendo corroborar la realización del mismo y levantando las oportunas actas públicas», indicó en una nota.
La pelota pasará ahora al tejado del citado órgano judicial que, con todas las pruebas -documentales y testificales- recabadas por la Policía, tendrá que empezar a concretar las imputaciones. Fuentes del caso informaron a este periódico de que los presuntos delitos «pivotan en torno a la estafa y fraude a la Seguridad Social», si bien será el titular del juzgado el que concrete las infracciones, en caso de probarse su comisión.
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