La Fiscalía pide siete años de cárcel a la exalcaldesa de Jerez de la Frontera

La exalcaldesa socialista de Jerez de la Frontera, Pilar Sánchez, y dos ediles suyos durante su segundo mandato, María del Carmen Martínez y Francisco Lebrero, se sentarán desde hoy en el banquillo de los acusados de la sección jerezana de la Audiencia Provincial como presuntos autores de varios delitos con relación al «caso PTA», el Parque Tecnológico Agroinduistrial. La Fiscalía Anticorrupción mantiene los cargos más graves contra la exregidora a la que acusa de los posibles delitos de prevaricación, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y falsedad documental por lo que solicita siete años de prisión.

Cabe recordar que esta ex alto cargo del PSOE fue condenada a otros dos años de cárcel y nueve de inhabilitación, más el pago de una multa de 8,6 millones de euros, por el caso de «desvío de fondos del Plan E», aunque ha recurrido la sentencia del juicio que se celebró en 2014.

Los otros dos excargos están acusados de ser los presuntos autores de delitos de cooperación para la prevaricación, malversación, falsedad documental y fraude en la Administración. Anticorrupción solicita cuatro años y medio de cárcel y ocho de inhabilitación para Lebrero –que dimitió como edil esta legislatura ante su procesamiento–, mientras que para Martínez pide cinco años y medio de prisión y 16 de inhabilitación absoluta. Otras cuatro personas se sentarán en el banquillo: tres socios de la empresa Tinsa, de Tomares, que se iba a instalar en el Parque Tecnológico de Jerez, y el capataz de ese Parque.

El Ayuntamiento de Jerez ejecutará también la acusación en el caso, derivado de la posible concesión irregular de ayudas públicas a Tinsa. Concretamente, se acusa a Sánchez de atribuir a Tecnología e Innovación Sanitaria, S.L., «la mayor valoración o puntuación» y, en consecuencia, que obtuviera «la mayor subvención posible» para aminorar a la empresa el precio del suelo público en el PTA en 244.720 euros, lo que suponía el 40 por ciento del total.

El abogado de Pilar Sánchez, Juan Pedro Cosano, explicó a Efe que pedirá su absolución porque «no ha habido ningún delito en su actuación». «Ella firmó siempre con el visto bueno de los técnicos municipales, no hizo nada en contra del criterio de los técnicos, ni recibió ninguna advertencia de ilegalidad», señaló. En su opinión, en este caso no hubo nada «más allá de la voluntad de cualquier alcalde de que una empresa materializase una inversión de casi ocho millones de euros y crease riqueza y empleo en el municipio. Cualquier alcalde lo hubiera hecho».

La defensa que también esgrimió que no existía «cuerpo del delito» porque el Ayuntamiento y la empresa rompieron el preacuerdo para la compra del suelo, entiende que la minoración en el precio de una parcela es una práctica habitual en los ayuntamientos para atraer empresas. Sobre los escritos de las acusaciones que sostienen que Sánchez actuó «con desprecio de las normas administrativas», el abogado dijo que si hubo alguna irregularidad fue administrativa y «no pueden convertirse todas ellas de forma automática en un ilícito penal».