Izquierda Unida y Partido Popular llevan ante el fiscal al alcalde de Baena

El alcalde de Baena, Jesús Rojano (PSOE), tendrá que responder ante el fiscal por un expediente de disciplina urbanística cuya sanción dejó sin efecto un acuerdo de la Junta de Gobierno Local el pasado 25 de abril. La decisión fue en detrimento del interés público pues, según reconoció el propio regidor, «el acuerdo adoptado supone un perjuicio de una disminución de 12.000 euros de ingresos en este Ayuntamiento».

Esta es la consecuencia de la aprobación de una moción presentada por la coalición de izquierdas en la que propuso «remitir un expediente de disciplina urbanística íntegro al Ministerio Fiscal a fin de someter a su consideración la posible existencia o comisión de un presunto delito de prevaricación por quienes votaron a favor del acuerdo en la Junta de Gobierno Local del 25 de abril de 2014, que dejó sin efecto la sanción por realizar unas obras sin licencia.

En la exposición de motivos se señala que «los hechos son los suficientemente graves como para que la Fiscalía se pronuncie sobre la existencia o no de la responsabilidad penal y decida si remite el expediente al Juzgado de Instrucción competente». Con la aprobación de esta moción, según explicó la portavoz de IU, Valle Meneses, «es el propio Ayuntamiento el que debe llevar el expediente a la Fiscalía.

Meneses señaló la necesidad de la remisión del expediente al Poder Juducial «por la falta de asunción de responsabilidades políticas» por parte del equipo de gobierno. El PSOE votó en contra de la moción porque, según dijo el alcalde, Jesús Rojano, «el expediente está todavía abierto y tiene que ir a un proceso contencioso administrativo».

El propio alcalde pidió al Pleno una declaración de lesividad de la decisión de anular la sanción con el objeto de subsanar «dos errores en la tramitación del expediente que nos permitan volver a poner la multa.

La oposición pidió la dimisión del alcalde. Tanto PP como IU señalaron que la Junta de Gobierno «estaba advertida por los técnicos de la ilegalidad manifiesta del acuerdo se que iba a adoptar». Los documentos son manifiestamente contrarios a la decisión que adoptó el gobierno municipal de levantatr la multa. Para la oposición, con esta decisión «se ha cometido una presunta prevaricación».