Estos son los condenados por prevaricación que se beneficiarían de la revisión que la Fiscalía propone al Constitucional

Quince exaltos cargos de la Junta de Andalucía se encuentran bajo inhabilitación de su ejercicio profesional según el fallo ratificado por el Tribunal Supremo en 2022. Sobre ellos cabría el amparo que se une al recurso presentado por José Antonio Griñán y Manuel Chaves, que encuentran una vulneración de derechos en la sentencia.

Esta es la situación particular de cada uno de ellos.

El expresidente de la Junta fue condenado a 15 años de inhabilitación por el delito de prevaricación, además de a seis años de cárcel por malversación. Sin embargo, el pasado junio su ingreso en prisión recibió una prórroga de cinco años, los que precisaría para tratar su cáncer de próstata.

Una «enfermedad muy grave»interrumpió la estancia en la cárcel de siete años de prisión por malversación de fondos públicos que cumplía el exconsejero de Empleo, en paralelo a una inhabilitación de 18 años por prevaricación.

Tanto el máximo responsable del Ejecutivo regional (1990-2009), como los otrora consejeros socialistas de Presidencia y Economía se encuentran en pleno proceso de inhabilitación por prevaricación. El Supremo ratificó nueve años de privación de sus ejercicios profesionales.

Sobre el exviceconsejero de Empleo pesa la mayor condena de los implicados, con 19 años y seis meses de inhabilitación por prevaricación y 7 años y 11 meses de cárcel por malversación, que está cumpliendo. Del mismo modo, la entonces consejera de Hacienda afronta una pena de seis años de prisión por malversación, solapada a otros quince años de inhabilitación por prevaricación.

Siete años de cárcel por malversación y dieciocho de inhabilitación por prevaricación fueron las penas impuestas tanto al exconsejero de Innovación, Ciencia y Empresa como al exviceconsejero de Empleo de la Junta de Andalucía. Barberá está en prisión, mientras que para Vallejo propusieron el segundo grado en febrero.

El antiguo director general de Trabajo y Seguridad Social fue uno de los más beneficiados por la revisión del Supremo en 2022, cuando se le rebajó la condena por malversación de siete a tres años de cárcel y la de prevaricación de dieciocho años de inhabilitación a 7 años y seis meses.

El exviceconsejero de Innovación y de Justicia cumple condena de seis años de cárcel por malversación, amén de una inhabilitación de quince años por prevaricación. Por su parte, sobre el que fuera director de IDEA pesan seis años y seis meses de prisión por malversación y una inhabilitación por prevaricación de 17 años.

Una inhabilitación de ocho años y seis meses fue la condena impuesta al antiguo director de la misma agencia, IDEA, por delito de prevaricación.

Finalmente, estos dos viceconsejeros (de Ecomomía y de Presidencia, respectivamente) quedaron bajo una pena de nueve años de inhabilitación del ejercicio profesional debido al delito de prevaricación que ratificó el Tribunal Supremo y cuya revisión ahora plantea la Fiscalía.