Los colegios andaluces pierden casi 100.000 alumnos en los últimos seis años

Esta pérdida de alumnado, que tiene su origen en la caída pronunciada de la natalidad en Andalucía que de momento ni siquiera la inmigración es capaz de frenar, está cambiando por completo la radiografía y el funcionamiento de la educación andaluza. En primer lugar, por el número de equipamientos y de líneas. Los colegios abiertos van disminuyendo lentamente (diez menos en dos años) y se sitúan en 2.741, y las líneas disponibles se reducen. Ya son muchos los centros, en entornos rurales y urbanos, que luchan por sobrevivir sin llegar ni siquiera a completar una de sus unidades.

«Es verdad que se cierran unidades de Infantil y Primaria, pero es que tenemos 25.000 niños menos; y hemos puesto muchas más plazas en Formación Profesional, de forma que en el cómputo total de unidades, tenemos 600 más de las que había hace cinco años», explica la consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Carmen Castillo, quien señala que lo que se pierde en la escolarización básica «se está poniendo en la enseñanza no obligatoria». «La reincorporación de la población al sistema educativo es el esfuerzo que hay que hacer. La FP es nuestra punta de lanza porque necesitamos cualificar y recualificar a los jóvenes», apunta.

El modelo mixto, no obstante, se mantiene y, por tanto, se siguen renovando y en, algunos ciclos, ampliando, los conciertos educativos. Este curso, por ejemplo, en el caso de los institutos se han ampliado el número de conciertos aunque se forma puntual. Y la Junta de Andalucía acaba de iniciar el proceso de elaboración de la normativa que debe regular todo el sistema de conciertos durante los próximos años una vez finalizado el periodo de cuatro del último marco legal para los ciclos de educación Infantil, Educación Secundaria Obligatoria, Educación Especial, Bachillerato y Formación Profesional. La Primaria, no obstante, tiene aún dos años más de margen con el actual modelo.

El debate político sobre el estado de los centros con competencias en algunos casos cruzadas entre la Administración autonómica y los ayuntamientos, se mantiene inalterable. Desde el Gobierno se defiende que se han realizado actuaciones en 350 centros educativos con una inversión de 124 millones de euros incluyendo seis nuevos equipamientos en distintas provincias, así como otras actuaciones de ampliaciones de espacio o de accesibilidad. Desde la oposición, sin embargo, se denuncia las carencias existentes en colegios de toda Andalucía: el PSOE arranca el curso poniendo en marcha un censo de deficiencias por falta de inversiones.

En relación con el personal, la caída de alumnado no trae de momento aparejada una disminución del profesorado. Según los datos difundidos por la nueva consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, el sistema educativo andaluz cuenta con 123.000 profesores, de los cuales 107.000 trabajan en colegios o institutos públicos y el resto en la concertada. La cifra ha ido aumentando en los últimos años, al tiempo que se realizaba una actualización de las retribuciones con un acuerdo alcanzado hace tres años y que se completará a lo largo de este curso escolar con un coste total de 200 millones de euros. No obstante, desde UGT-A subrayan que se trata de una actualización «insuficiente». «Se hizo anunciando que la plantilla de profesorado andaluz pasaría a estar en la media salarial de España, pero tres años después, el resto de comunidades también han subido y al final seguiremos a la cola en España», apunta la responsable de políticas educativas del sindicato, Sandra Fernández.

No hay cifras actualizadas de la ratio media de alumnos por clase este año, pero en 2023 había bajado a 18,9 en Infantil, 20,1 en Primaria y 26,3 en Secundaria. Para las centrales sindicales, esta evolución es «insuficiente», como apunta el responsable de políticas educativas de CCOO-A, Diego Rodríguez, quien lamenta que se sigan sin cubrir las necesidades de plazas del profesorado andaluz para atender las necesidades educativas.

De hecho, todos los sindicatos, en su primera reunión con la nueva consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía, que se realice un estudio sobre la ratio específico en función de los ciclos y de las zonas escolares. «La media la tira para abajo el mundo rural o determinadas etapas educativas. Hay que hacer un estudio específico y lograr una bajada de ratio generalizada», completa Sandra Fernández.

Y queda otro eje del sistema educativo ante el inicio del curso escolar: el coste para las familias. En su último estudio la Organización de Consumidores OCU estimó un gasto medio en Andalucía de 1.717 euros por alumno matriculado. En este año, según los datos difundidos por la Junta de Andalucía, el volumen de ayudas a familias andaluzas se sitúa en torno a los 886 millones de euros. De estas ayudas destacan la gratuidad en los libros de texto que beneficia a 900.000 estudiantes; las bonificaciones al 67% de las familias que usan el comedor escolar, al 56% de las que recurren al aula matinal y a seis de cada diez familias apuntadas a actividades extraescolares.

En en el otro lado de la balanza, como subrayó ayer el PSOE desde la oposición, el curso escolar arranca con una nueva subida de los precios del comedor escolar como resultado de una nueva licitación que además ha cambiado las empresas que prestan servicio en mucho de los colegios. El coste por día será de 5,54 euros, lo que supone 0,56 céntimos más al día que el año pasado. Las empresas habían advertido previamente que con las actuales tarifas era insostenible mantener el servicio ante la subida de los productos y los costes salariales (por el incremento del salario mínimo).

Queda, no obstante, una asignatura pendiente que afecta a otra etapa educativa: infantil 0 a 3 años. Los menores del sistema educativo empezaron en el inicio de septiembre y de nuevo la Junta de Andalucía no completó la ejecución del compromiso de implementar la gratuidad total. Se mantiene el sistema actual de ayudas que beneficia prácticamente a la mitad de los usuarios de las escuelas infantiles pero la gratuidad completa sigue a la espera del próximo año, después de que en el pasado curso no se pudieran emplear 119 millones de euros para este fin (se optó por devolverlos al no encajar las bases de la convocatoria). Es uno de los grandes compromisos anunciados por el Gobierno andaluz para esta legislatura en el ámbito educativo.

El curso que arranca este 10 de septiembre en Andalucía es también el primero completo en el que los móviles estarán prohibidos para el alumnado. Esta decisión se adoptó formalmente en diciembre de 2023 a través de una circular de aplicación inmediata en los institutos. Posteriormente, a raíz del informe del Consejo Escolar Andaluz se iniciaron los trámites para dar una mayor base legal a esta medida y ampliar sus efectos: el objetivo de la Junta es blindar que los móviles no se puedan usar para ningún tipo de fin (ni siquiera educativo) hasta Segundo de ESO.