Casi cien municipios de Andalucía trabajan ya en la adaptación de su plan de urbanismo a la nueva ley del suelo

El motivo es que se había realizado sin el preceptivo informe de evaluación ambiental estratégica. Como consecuencia, este municipio, polo de atracción para numerosos turistas británicos, ha visto cercenadas sus posibilidades de desarrollo y progreso. Entre otros proyectos, el varapalo judicial arroja incertidumbre sobre un complejo de ocio y comercial que impulsaba un promotor británico. 

Torremolinos, que ya tenía parte de su PGOU suspendido parcialmente por los tribunales, es uno de los 93 ayuntamientos andaluces que han constituido mesas de trabajo promovidas por la Junta de Andalucía para que la administración autonómica les asesore en la tramitación de sus planes conforme a la nueva norma. Los primeros equipos de trabajo se crearon en 2019, antes incluso de que la nueva norma del suelo, la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía, conocida como Lista, saliera adelante en el Pleno del Parlamento, lo que ocurrió el 25 de noviembre pasado. Pero el proyecto ya había sido esbozado por la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, que dirige Marifrán Carazo, que había empezado a negociarlo con los grupos políticos y agentes implicados.

Como Torremolinos, El Puerto de Santa María, en Cádiz, también se ha puesto manos a la obra para elaborar un nuevo PGOU después de que el Tribunal Supremo confirmara la anulación del planeamiento vigente.

Algunos de los ayuntamientos que están redactando su Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) son Cantoria, Roquetas de Mar, Chiclana de la Frontera, El Puerto de Santa María, Belalcázar, Hornachuelos, Villaviciosa de Córdoba, Granada, Huelva, Algarrobo, Benahavís, Marbella, Mijas, Rincón de la Victoria, Ronda, Torremolinos y Arahal. Doce de ellos han iniciado en paralelo la tramitación de su PGOU. Son Cantoria, Chiclana de la Frontera, El Puerto de Santa María, Huelva, Algarrobo, Benahavís, Marbella, Mijas, Rincón de la Victoria, Ronda, Torremolinos y Arahal.

Para Carazo, la LOUA fue un fracaso. «Aprobada en el año 2002, tenía como objetivo que todos los municipios andaluces contaran con PGOU adaptado a la Ley (les daba cuatro años de plazo). Casi 20 años después, sólo el 23 por ciento tenía su PGOU adaptado a la LOUA», advirtió en el Parlamento. Unos 490 municipios de Andalucía se encontraban en 2021 en proceso de adaptación a la LOUA y 113 municipios no habían iniciado siquiera su ajuste.