El canon autonómico del agua subirá en Andalucía en 2025 hasta un 30% para pagar inversiones

Ambas medidas no estaban en el proyecto inicial de presupuestos pero se han incorporado a la tramitación parlamentaria a través de las enmiendas registradas por el Grupo Parlamentario del PP, que preside el propio presidente andaluz, Juanma Moreno. Se han formulado, además, previa supervisión del Gobierno andaluz. No obstante, desde la Consejería de Hacienda matizan que son medidas «que están en manos de la Cámara» y no del Ejecutivo autonómico.

La primera de las medidas fiscales afecta al canon de de mejora de infraestructuras hidráulicas de interés de la comunidad autónoma, conocido como el canon del agua. Se trata de una figura tributaria de carácter finalista (los ingresos sólo se pueden destinar a inversiones en este mismo ámbito) que se creó en el año 2011. El año 2022 tras criticar la baja ejecución de legislaturas anteriores, el Gobierno andaluz optó por su supresión de forma que en el año 2023 no se pagó, lo que implicó una bajada de todos los recibos en Andalucía.

En el presupuesto de 2024 y ante la necesidad de ejecutar nuevas inversiones en infraestructuras hidráulicas principalmente destinadas a afrontar la sequía, el Gobierno andaluz recuperó este canon con el importe idéntico que tuvo antes de su eliminación. Esto permite a la Junta de Andalucía disponer de aproximadamente 159 millones de euros al año que se destinan sólo a inversiones en materia de agua, contra la sequía, para mejorar la depuración de aguas residuales o para hacer frente al riesgo de inundaciones.

Para 2025 el importe de este canon y por tanto los recibos de la población van a subir. El incremento de la cuota autonómica (que sólo supone una parte mínima dentro de la facturación global por los servicios de abastecimiento y depuración de agua) podrá alcanzar hasta el 30% en algunos de sus tramos. Ese es el punto de partida de la enmienda formulada por el PP y que inicia ahora su tramitación parlamentaria.

Básicamente el canon para la mejora de las infraestructuras hidráulicas tenía una cuota fija para usos domésticos de 1 euro por usuario. El punto de partida de la subida que se plantea en la tramitación parlamentaria es que se sitúe en 1,3 euros, es decir, un 30% más.

Junto a esto, hay un tramo variable en función del consumo de cada domicilio que también se incrementará. El punto de partida de la enmienda es que en los consumos de menos de diez metros cúbicos pase de 0,10 euros el metro cúbico a 0,13; hasta 18 metros cúbicos pasará de 0,20 a 0,26; y a partir de 18 metros cúbicos pase de 0,6 a 0,78 euros el metro cúbico. Es decir, todos los tramos suben como punto de partida un 30%.

Asimismo, en los consumos no domésticos la subida es de 0,25 a 0,33 euros el metro cúbico y ese mismo tipo se aplicará a partir de ahora en los casos en los que se detecten pérdidas en redes de abastecimiento que provoquen un gasto fuera de lo corriente de agua.

Con estos nuevos ingresos, como recoge la propia enmienda del PP, se podrán realizar «inversiones en nuevas infraestructuras y en la mejora de las existentes». «El objetivo es asegurar una base financiera para el mantenimiento y expansión de las infraestructuras hidráulicas», recoge el texto de la enmienda del PP.

La principal justificación con la que trabaja el Gobierno andaluz para aplicar esta subida es el elevado nivel de ejecución de los ingresos que se están obteniendo por esta tasa. Según los datos facilitados por la Consejería de Hacienda en el año 2023 se ejecutaron 155,7 millones de euros, «lo que supone el 112% de la partida presupuestaria consignada». Recientemente, de hecho, la Junta de Andalucía destacaba en un balance que «había multiplicado por seis la ejecución del canon del agua en los últimos cinco años».

Esto ha permitido, de hecho, financiar proyectos como las obras de acondicionamiento y mejora de tratamientos terciarios de las EDAR de Roquetas de Mar y el Ejido; la ampliación de la estación de Castellar de la Frontera o las obras de mejora de la garantía de abastecimiento en alta al núcleo de Burguillos

La segunda gran modificación en política fiscal que se incorporará en los presupuestos andaluces para 2025 afecta al Impuesto de Patrimonio. La Junta de Andalucía quiso eliminar esta figura tributaria pero se encontró con la respuesta del Ministerio de Hacienda que creó un Impuesto sobre las Grandes Fortunas que vino a sustituir el tributo sobre el patrimonio para rentas anuales superiores a 3,7 millones de euros en las comunidades que, como Madrid o Andalucía, habían eliminado este impuesto. Durante un año en torno a 30 millones de euros recaudados a las grandes fortunas pasaron directamente a las arcas del Gobierno central, en vez de la autonomía.

Esta medida fue recurrida ante el Tribunal Constitucional por el Gobierno andaluz con una iniciativa que no prosperó. Como respuesta, la Junta acordó un regreso parcial del Impuesto sobre el Patrimonio. Básicamente, aquellas rentas superiores a 3,7 millones de euros podrían elegir entre pagar el Impuesto de Grandes Fortunas al Estado o pagar el Impuesto de Patrimonio en Andalucía. Según las previsiones, dos terceras partes se quedaron en la comunidad autónoma y el resto lo recaudó la Agencia Tributaria Estatal.

El Gobierno andaluz quiere acabar con esta 'anomalía'. Por ese motivo, el PP-A ha registrado una enmienda en la que anula el carácter voluntario de este tributo (la opción de elegir) de forma que a partir de este mismo año 2024, todas las grandes fortunas deban tributar en Andalucía lo que permitirá conseguir en torno a 30 millones de euros. Desde la Consejería de Hacienda matizan que no es aún una decisión tomada y que depende de la tramitación parlamentaria.

En cualquier caso, la Consejería de Hacienda y el Gobierno andaluz en su conjunto, así como el PP-A, rechazan este tributo. Y su objetivo realmente es la anulación del Impuesto de Patrimonio. Por eso, todas estas medidas son coyunturales hasta que el Gobierno central derogue la ley que regula el cobro de un Impuesto a las Grandes Fortunas en aquellas comunidades que tengan bonificado al 100% el Impuesto sobre el Patrimonio.