Paro y fracaso escolar: la mecha que prendió la comarca del narco

El Campo de Gibraltar, la comarca gaditana situada a tan sólo 14 kilómetros de Marruecos, el principal productor de hachís del mundo, ha venido soportando históricamente el narcotráfico y toda la violencia y criminalidad que conlleva pese al rechazo social de la gran mayoría de la población.

Embestidas a coches policiales, tiroteos, alijos de hachís en playas llenas de bañistas a plena luz del día eran el día a día de un territorio tomado por el narco. En el Campo de Gibraltar, de hecho, se incauta el 60% del hachís que se intercepta en todo el territorio nacional.

La liberación en febrero de 2018 de Samuel Crespo, un lugarteniente del clan de Los Castañitas, apodados también los Reyes de Hachís del Estrecho, del hospital de La Línea a manos de unos encapuchados fue un punto de inflexión. La sociedad y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado gritaron basta ya al unísono y el Gobierno tomó nota para intentar restablecer el principio de autoridad, que se había perdido por completo.

El Plan Especial de Seguridad del Campo de Gibraltar implementado por el Ministerio del Interior en 2018 surtió efecto. La incesante presión policial ha acorralado a estas organizaciones criminales, que han extendido sus tentáculos a otras zonas de la provincia, principalmente Barbate y Sanlúcar, así como al resto de Andalucía.

El Campo de Gibraltar sigue siendo, no obstante territorio narco y el epicentro de estas mafias. Esta comarca gaditana la integran Algeciras, La Línea de la Concepción, San Roque, Los Barrios, Tarifa, Castellar, Jimena y San Martín del Tesorillo. Tiene más de 270.000 habitantes y una tasa de desempleo del 23%. Esta tasa supera el 70% en los jóvenes de ciertos barrios de Algeciras y La Línea de la Concepción, donde el fracaso escolar llega a sextuplicar el de otros centros educativos de la provincia.

La falta de oportunidades se ha convertido así el caldo de cultivo perfecto para que el narco haya echado raíces y se convierta en la opción de muchos jóvenes.

Pese a contar con el primer puerto de España, el de Algeciras, y con el polo industrial más importante de Andalucía, los niveles de personas desempleadas «son inaceptables», según reconoce Manuel Triano, secretario de CCOO en el Campo de Gibraltar. Según indicó a ABC, aunque la reforma laboral pactada ha supuesto un leve descenso del paro, todavía hay en esta comarca 30.000 personas «a las que nuestro sistema productivo se muestra incapaz de dar respuesta laboral».

Los habitantes de la zona viven además junto a Gibraltar, la tercera renta per cápita del mundo. Las diferencias socioeconómicas son por tanto abismales a ambos lados de la Verja. Eso sí, el Peñón da empleo a 14.000 españoles que sin la colonia británica estarían fuera el mercado laboral.

La Plataforma Por Tu Seguridad, por la de Todos, que aglutina a más de 20 sindicatos policiales y al movimiento contra la droga en la zona, redactó en 2016 un pormenorizado diagnóstico que hizo llegar al Parlamento europeo para reclamar un Plan Integral con el que frenar al narco y revertir la situación de deterioro cívico y social que se vive actualmente en esta zona de España.

Lleva años denunciando ante todas las administraciones que el desamparo y olvido institucional que han sufrido durante años este rincón de Andalucía, ha hecho que el narcotráfico se arraigue en la zona, todo ello agravado en los últimos años por la imparable agresividad de estas importantes organizaciones criminales, que tienen su epicentro en esta zona.

La falta de expectativa de empleo de calidad o el acomodamiento al alto estatus que da el enriquecimiento ilícito, fácil y rápido del que presume el narco se ha convertido en un reclamo para determinada horquilla social que vive en esta comarca.

Esta situación de desempleo ha provocado problemas de pobreza grave y marginación social, incrementándose considerablemente el número de familias en las que no trabaja ninguno de sus miembros, mucha de las cuales recurren a actividades ilícitas relacionadas con el narcotráfico por lo que en la zona se denomina 'narcobienestar' o 'narcoherencia' –el 'negocio' pasa por consanguineidad, con la diferencia que en las nuevas generaciones de narcos se emplea la violencia excesiva contra los agentes policiales y se alardea con total descaro de su ilícito enriquecimiento o de sus ilegales acciones en redes sociales-.

La situación actual es cada vez más desesperada para muchos habitantes del Campo de Gibraltar, donde persiste un alto riesgo de exclusión social y un aumento del número de personas que deben recurrir a los recursos sociales y organizaciones no gubernamentales.

Por todo ello, se vienen reclamando desde hace décadas medidas sociales, educativas, de formación y de empleo para frenar al narco y a su entorno, un grito en el desierto hasta ahora con la única excepción de la presión policial, que no ha conseguido hasta el momento, ni mucho menos, frenar a estos criminales.

El anterior ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, y la entonces presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, acordaron en marzo de 2018 un plan trasversal para el Campo de Gibraltar que, además de medidas policiales, permitiera combatir el narcotráfico desde la raíz a través de medidas educativas, económicas y de empleo.

El Gobierno central, ya en manos del PSOE, aprobó en noviembre de ese mismo año el Plan Integral del Campo de Gibraltar, dotado de una inversión de 900 millones con medidas en los ámbitos judicial, de infraestructuras, de formación, empleo, industria, hacienda y vivienda en el que estaban implicados prácticamente todos los ministerios y en el que la Junta de Andalucía debía asumir una parte.

ABC preguntó al Gobierno central por el grado de ejecución del Plan Integral del Campo de Gibraltar. Desde el Ministerio de Presidencia se aseguró que está «prácticamente ejecutado» en su totalidad, pero nada más lejos de la realidad.

Por parte del Ministerio de Fomento se incluían actuaciones por valor de 810 millones de euros a conexiones ferroviarias y viales; el de Trabajo se comprometía a poner en marcha un plan extraordinario de empleo para Andalucía dotado con 50 millones de euros adicionales y con un apartado específico para el Campo de Gibraltar; el de Economía contemplaba ayudas a pymes y un centro de innovación digital y de emprendimiento; el de Hacienda, crear una nueva Zona Franca en Los Barrios (las instalaciones están pero aún no son Zona Franca), así como una batería de medidas fiscales; el de Industria, Comercio y Turismo asumía la tarea de crear un programa de subvenciones para estimular la actividad industrial, el comercio y el turismo en la zona; y el de Educación, a impulsar medidas para mejorar la capacitación de personas adultas con baja cualificación para reinsertarlas al mercado laboral, así como acciones formativas para recuperar a los jóvenes que abandonan el sistema educativo.

Sólo Interior y Justicia han cumplido parte de sus compromisos con refuerzos policiales que siguen siendo insuficientes, la prohibición de las narcolanchas y la instalación de la narcobarrera del Guadarranque; y la creación de tres nuevos juzgados en la comarca, respectivamente.