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La Guardia Civil investiga el fraude que implica al exconsejero de Hacienda Ángel Ojeda

Las pesquisas se centran en el desvío de fondos de la Junta para cursos de formación

La Guardia Civil investiga el fraude que implica al exconsejero de Hacienda Ángel Ojeda RaúL DOBLADO

silvia tubio

La investigación abierta en el juzgado número 4 de Algeciras, que indaga en un supuesto caso de fraude en ayudas públicas para la formación de desempleados, cuenta con nuevos actores. Las pesquisas en torno a la empresa Natura, vinculada al exconsejero de Hacienda de la Junta Ángel Ojeda, receptora de millonarias subvenciones en los últimos años para organizar cursos, estaban siendo materia casi en exclusiva de la jueza instructora, de la representación letrada de la docente que denunció el posible pufo y recientemente del abogado que defiende a la primera imputada; una empleada de la citada sociedad bajo sospecha.

Sin embargo, una de las últimas providencias dictadas por la magistrada ordena que la Guardia Civil se haga cargo del caso –específicamente pide que trabaje en él un grupo especializado–, para que elabore un atestado sobre los hechos que expone la denunciante.

Como viene informando este medio desde hace más de un año una profesora, representada por el despacho del letrado Enrique Montiel, asegura que responsables de esta empresa le habrían propuesto a ella y a sus compañeros una fórmula de cobro mediante la presentación de facturas falsas a cambio de impartir cursos para desempleados subvencionados por la Junta de Andalucía.

Las pesquisas judiciales han tenido consecuencias. La Junta le ha abierto un expediente a esta empresa por posible desvío de una subvención de 1,5 millones en 2010. La Junta admite en una resolución fechada en septiembre que pudo haberse destinado para otros fines, que no fueran la realización de 30 cursos, esa cuantiosa partida y no descarta las acciones penales.

Este movimiento se produce después de que el juzgado lleve meses investigando y el caso haya saltado a los medios de comunicación. Así, la Junta se ha interesado por el estado de las diligencias. A través de la Consejería de Educación elevó un escrito a la jueza para conocer en qué situación procesal estaba el asunto y esta petición de información fue resuelta con un escueto: bajo instrucción.

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